Tres sujetos armados intentaron asesinar a Ana Cristina Hernández Amador. Esta mujer y su familia se salvaron al encontrarse en el segundo piso de su casa, mientras los agresores disparaban contra la fachada y destruían el portón de la entrada.
Los hechos ocurrieron a las 22:50 horas del lunes 19 de febrero en la Privada King Coronitas del municipio de Ensenada, según quedó constancia en video tomado por una cámara de vigilancia.
En un minuto con 20 segundos se aprecia cómo los agresores chocan contra el portón eléctrico para entrar al domicilio. Tras el ataque dieron reversa, pero no pudieron salir debido a que les obstruía el paso la estructura metálica, por lo que aceleran y destruyen parte de la instalación.
Posteriormente huyen, sin que hasta el momento haya algún detenido por estas acciones.
Ana Cristina Hernández es una ex empleada que denunció presunto maltrato por parte de la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja California (Sepesca), Alma Rosa García Juárez, de acuerdo a un reportaje publicado en la edición anterior de ZETA (2604, del 16 al 22 de febrero de 2024).
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Ahí se detalla que la funcionaria estatal enfrenta una demanda por discriminación, hostigamiento y acoso laboral, entre otras faltas administrativas; para esto, fue grabada en al menos tres eventos donde se expresa de manera despectiva de los empleados del Gobierno del Estado al criticarles que no saben la forma básica de escritura, además de emitir supuesto repudio en contra de las mujeres que faltan al trabajo cuando los hijos enferman, o quienes no cuentan con una carrera universitaria.
El reportaje refiere cómo Ana Cristina oficializó sus problemas e interpuso denuncias penales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y otra más ante el órgano de control interno; de acuerdo a fechas y testimonios, cuando ella se queja el 1 de noviembre de 2023 (expediente OIC/Sepesca/inv/003/2023), es despedida del puesto.
Sin embargo, prosiguió con las denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) con Número Único de Caso 0201-2024-02056 por el delito de usurpación de profesión, ejercicio ilícito del servicio público y lo que resulte, pues la actual secretaria se ostenta con el grado de doctora e incluso firma como tal.
A pesar de los dichos de la titular de Sepesca, en una búsqueda en el Registro Nacional de Profesiones, carece de este documento, lo que representaría un delito.
En su Artículo 260, la Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado de Baja California indica que al que sin serlo se atribuya el carácter de profesionista, ofrezca públicamente sus servicios como tal o realice actividades propias de una profesión sin tener el título, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión.
“Comete delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima”, refiere el citado Artículo.
La segunda denuncia penal ante la FGE es por el delito de discriminación, acoso y hostigamiento laboral cometido en agravio de la trabajadora.
ZETA solicitó réplica de la denuncia al Gobierno del Estado, además de los documentos que avalen la preparación doctoral de la funcionaria pública, sin que hasta el jueves 22 de febrero hubiera respuesta.
Debido a este antecedente, se le consultó a Ana Cristina Hernández si considera que la reciente agresión armada podría estar relacionada con su denuncia contra la servidora pública morenista.
La sobreviviente narró a ZETA que la denuncia por el ataque con armas de fuego fue interpuesta formalmente ante la FGE con NUC 0201-2024-02800, tras acudir durante la mañana del martes 20.
“Estábamos en la parte de arriba y el ataque armado fue en la parte de abajo. Destrozaron la puerta, cristales, paredes, fachada”, recordó sobre ella y otros tres familiares que estaban al momento de la agresión.
Agregó que, por el tamaño de orificio que dejaron los proyectiles, se presume podrían haber usado armas de alto impacto. Las autoridades aún no emiten el peritaje correspondiente o si está en la carpeta de investigación como dato de prueba.
Ana Cristina Hernández Amador mencionó que han sido contactadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluso de la oficina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
También desconoce el tiempo en que los agresores hayan estado vigilando el domicilio.
Por lo anterior, solicitaron una medida de protección por parte de la FGE.
“Del Gobierno del Estado se contactaron con nosotros y se está trabajando el tema en estos ámbitos para tratar de solucionar esto de la mejor manera, para poder llegar a la verdad de los hechos. No podemos emitir un juicio al respecto, pero obviamente sí hubo una denuncia y, en base a esa denuncia, sacaron el reportaje. Sin hacer imputación directa alguna y con el propósito de no entorpecer la investigación de la fiscalía, no podemos pronunciarnos al respecto”, aclaró respecto a los señalamientos de acoso y el ataque armado que sufrió.
ZETA buscó a las autoridades de la FGE de Ensenada para obtener información sobre el ataque a Hernández. La dependencia respondió que continúa con las labores de investigación sobre el caso.
