Tal parece que los dos años de Jaime Bonilla Valdez fueron los únicos que intentaron -al menos- mantener una distancia política de Francisco Vega de Lamadrid y de todos sus megaproyectos empañados en corrupción
Mientras que por un lado, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda condena y emprende una férrea agresión contra el proyecto iniciado por su predecesor Jaime Bonilla Valdez para la construcción de una planta fotovoltaica por parte de la empresa regiomontana Next Energy, bajo el argumento de que está plagado de corrupción, por el otro, el mismo gobierno se sienta en mesas de negociación con las empresas Consolidated Water, NSC Agua y Nuwater, asociadas para la creación de la filial Aguas de Rosarito, proyecto igualmente plagado y señalado de corrupción.
Durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, el Estado emprendió varios proyectos altamente cuestionables que evidenciaban un descarado favoritismo para familiares de funcionarios, o bien, que resultaron contar con sobreprecios descarados.
Todos esos proyectos que incluso motivaron protestas de hasta 60 mil personas en los años 2016 y 2017 en Mexicali, cimbraron al gobierno panista, ahora regresan disfrazados de vinotinto.
Así lo fue el proyecto del C5i de la empresa Seguritech Privada, el cual signó en 2018 y ampliamente criticado -incluso por el propio partido Morena-, pero cuando arribó al poder la mandataria morenista, apenas tres años después, no sólo se le pagó el servicio que no habían brindado, sino que además les ampliaron el contrato, por lo que se le pagarán -en cinco años- 2 mil millones de pesos por la instalación de cámaras de vigilancia, fibra óptica y arcos carreteros, los cuales -por cierto- continúan en la opacidad.
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El martes 9 de enero, Marina del Pilar volvió a referirse al proyecto más polémico de Kiko Vega: la planta desaladora de Playas de Rosarito. En su conferencia de prensa semanal, aseguró que en unas semanas se tendrá información relativa al acuerdo al que se llegó con la empresa para poner fin a la demanda ante tribunales internacionales.
Hay que recordar que Consolidated Water solicitó una indemnización de 51 millones de dólares debido a los daños ocasionados porque el gobierno de Bonilla decidió no cumplir con dicho acuerdo, al haber mucha corrupción en el mismo.
La demanda permaneció por varios años y ahora el Estado y el Gobierno de México buscan un acuerdo para reactivar el proyecto. Sí, uno de los acuerdos que llevó a la ruina política a Kiko Vega por los señalamientos de corrupción, ahora vuelve con la administración de Ávila Olmeda.
Cabe recordar que uno de los socios y orquestadores de dicho proyecto es Alejandro de la Vega Valladolid, primo de Antonio Valladolid Rodríguez, ex secretario de Planeación y Finanzas en el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid.
El 19 de mayo de 2022, la gobernadora declaró ante medios de comunicación que las denuncias contra Vega por parte de Jaime Bonilla eran una simulación y que no había acusaciones sustentadas contra el ex mandatario panista, por lo que veía difícil estructurar una investigación seria con los cimientos que dejó la fiscalía de Guillermo Ruiz Hernández.
Ese fue el primer momento en que Marina desviaría la atención y los señalamientos de corrupción contra el mandatario panista. A partir de ahí, el discurso en contra del también empresario y amigo de su esposo, Carlos Torres Torres, se desdibujó y no volvió a ser molestado.
No hubo audiencias ni nuevas acusaciones. Nada. Hoy, en 2024, los proyectos corruptos que tumbaron al panismo del gobierno, revivieron con el neomorenismo encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, y ahora se busca cambiar el discurso hacia ellos.
Cada vez más, las diferencias entre unos y otros se ven más nebulosas y comienzan a tejerse limítrofes donde discursivamente había fronteras.
