Por más de 20 años, en el puerto de Ensenada los caballos de las calandrias han sido sometidos al tráfico vehicular, falta de alimento, agua, peso excesivo de pasajeros (algunos consumiendo bebidas alcohólicas) y maltrato por parte de quienes conducen estos medios de transporte turístico.
Tras un video donde se exhibe a un caballo que cae al pavimento, en mal estado de salud, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que va a erradicar el uso de calandrias en Baja California. Incluso en Playas de Rosarito se usa este medio de transporte hasta altas horas de la noche en la zona de antros, pero aclaró que el problema será resuelto bajo un proceso de transición.
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Semanario ZETA cuestionó a un conductor de calandrias en el bulevar Costero, quien mencionó que los propietarios de los equipos, y permisionarios, viven en Estados Unidos, por lo que sólo se dedican a manejar. Mencionó que el hecho de que quiten este servicio le afectará económicamente, pero sobre todo al dueño, pues mantener a los caballos es una actividad redituable, pero costosa.
Sobre la transición, el miércoles 3 de enero, la gobernadora mencionó que el equipo jurídico lleva a cabo un esfuerzo para proteger el bienestar de los animales en Baja California.
“El gobierno está en contra del maltrato a los animales de cualquier forma de explotación y abuso en contra de ellos. Como una medida definitiva se prohíbe el transporte de tracción animal con fines turísticos”, indicó la mandataria.
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Explicó que propondrán al Congreso del Estado dos reformas, u ordenamientos, a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del estado y a la Ley de Protección de Animales Domésticos de Baja California.
Con esto, dijo, pone fin al uso de las calandrias en el municipio de Ensenada, “por lo que rescataremos a los que hayan sufrido maltrato y explotación, para que junto al ayuntamiento se lleve a cabo la modernización al transporte”.
La propuesta es introducir sistemas motorizados como un atractivo de movilidad para el turismo de cruceros.
El secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez, explicó que hay una política pública de protección a los animales que se ha expresado con diferentes normas, misma que va avanzando y evolucionando hacia la especialización, en beneficio de la comunidad.
Estimó que hay 23 personas que están vinculadas en la prestación del servicio, de las cuales sólo la mitad tiene permisos sin validez los cuales fueron expedidos en el 2019, durante la administración de Marco Novelo Osuna.
Aclararon que todo aquel que incumpla con la disposición oficial, y siga transitando a bordo de animales o de otra forma que implique la explotación de éstos, será considerado como transportación ilegal de pasajeros y podrá enfrentar hasta dos años de prisión. La propuesta estará lista en dos semanas.
