Luis Donaldo Colosio Riojas -alcalde de Monterrey, Nuevo León desde el 30 de septiembre de 2021-, acusó, el 31 de enero de 2024, que si el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tuviera intención de hacer político el caso del magnicidio de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, lo dejaría de mencionar durante sus conferencias de prensa matutinas.
Además, el presidente municipal regiomontano pidió de nueva cuenta al mandatario nacional, que otorgara un indulto a Mario Aburto Martínez, homicida material confeso de Colosio Murrieta -ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, asesinado el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California-, porque, según dijo, era necesario hacerle justicia a las víctimas de la actualidad, en lugar de enfocarse en casos de hace 30 años.
Publicidad
“Treinta años después, ¿qué se va lograr? […] Lo que le tenemos que ofrecer a la gente es simple y llanamente justicia. Yo no estoy pidiendo justicia por algo que ocurrió hace 30 años, yo lo que quiero al día de hoy es que no se cometan ese tipo de injusticias, que no se politicen éste tipo de casos para distraernos o divertir al público o [distraer] la atención del público a otros temas”, enfatizó el alcalde de Monterrey.
“Tratemos estos temas con seriedad, hay muchos niños que hoy no tienen a sus padres, están desaparecidos. Tenemos a muchas personas a quienes se atropellan sus derechos humanos, [que] requieren de justicia hoy antes de que pasen 30 años […] en ese contexto quiero poner mi declaración, necesitamos justicia, no venganza”, señaló Colosio Riojas.
Asimismo, el alcalde de la capital de Nuevo León urgió al Gobierno Federal a sanar a México. “Tenemos una urgente necesidad de entrar a una crítica fase de reconstrucción, de reconciliación, y la primera parte tiene que ser el perdón hacia el pasado, hacia lo que nos ocurrió […] Lo que estamos buscando y lo que quiere la gente es simple y llanamente justicia”, agregó.
Publicidad
Tras presidir una sesión del Cabildo del Ayuntamiento de Monterrey, el también militante del partido Movimiento Ciudadano (MC) dijo que el político tabasqueño debería permitir a la Fiscalía General de la República (FGR) seguir el curso de la investigación y evitar hacer mención del caso Colosio.
“Si no tuviera intención de hacer político el caso [el titular del Poder Ejecutivo Federal], entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación […] Que no se politicen estos casos para distraernos o divertir al público”, comentó Colosio Riojas.
El mismo día, López Obrador cuestionó si Felipe de Jesús Calderón Hinojosa -presidente de México, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012-, sabía que en 1994, Genero García Luna -titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante su Gobierno-, “rescató” a Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), supuesto segundo tirador en el asesinato de Colosio Murrieta.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que él se enteró de ello, dos meses atrás y que era información que poca gente conocía, de que, en ese entonces, García Luna era subdirector operativo en el CISEN.
“De repente me entero que hay en la FGR un expediente abierto en donde uno de los que va a Tijuana, a rescatar, como lo dice la Fiscalía, al supuesto segundo tirador, es García Luna. ¿Será que esto lo sabía Calderón?”, preguntó el político tabasqueño.
El 31 de enero de 2024, Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se declaró impedido para conocer la impugnación, con la cual la FGR buscaba evitar la liberación de Aburto Martínez.
Dicho impedimento de Pardo Rebolledo se dio a conocer en las listas judiciales del máximo tribunal constitucional, que se enviaron a la Primera Sala de la SCJN, que también tenía pendiente resolver el recurso de revisión interpuesto por la FGR, mismo que fue admitido y turnado para su estudio a la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Antes de fungir como ministro de la SCJN, Pardo Rebolledo se desempeñó como juez federal en 1996, donde declaró inocente a Othón Cortez Vazquéz, quien, en primera instancia, fue señalado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), como el segundo tirador en el homicidio de Colosio Murrieta.
Othón Cortés se desempeñaba como chofer del candidato priista en Tijuana, el 23 de marzo de 1994. La PGR lo aprehendió un año después y en 1996 recuperó su libertad, tras demostrarse su inocencia. Dicha persona anunció en 2019 que llevaría su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pero murió en abril de 2020.
“SEGUNDO. Se admite a trámite el impedimento planteado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. TERCERO. Pasen los autos para su estudio a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, en términos de lo previsto en el artículo 81, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al turno que para el efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal a fin de que dé cuenta con el proyecto respectivo a la Primera Sala de este Alto Tribunal, en virtud de que el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se encuentra adscrito a la citada Sala y ante ésta formuló su impedimento”, se publicó en las listas de notificación de la SCJN.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite, el 5 de diciembre de 2023, el recurso de la FGR para impugnar el amparo que permitiría a Aburto Martínez, salir de prisión a más tardar en marzo de 2024.
La institución de procuración de justicia cuestionó el amparo concedido a Aburto Martínez, el 5 de octubre de 2023, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con residencia en Toluca, Estado de México, que ordenó aplicar al presunto homicida, la pena por homicidio prevista 1994 en el Código Penal de Baja California, que era de hasta 30 años, y no la del Código Penal Federal, como habían hechos las instancias previas del juicio.
Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), turnó el recurso de revisión a su homólogo Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala del máximo tribunal constitucional.
