Desde inicios de este año, el Gobierno del Estado de Baja California Sur trabaja en una campaña contra la violencia de género con el objetivo de disminuir delitos que afectan directamente las libertades y derechos de mujeres, niñas y adolescentes. En contraste, a punto de finalizar 2023, estadísticas oficiales y señalamientos de colectivas feministas indican que la incidencia en este tipo de ilícitos se ha agudizado en la media península.
Precisamente los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son el primer escaparate en el que se fundamenta la problemática que denuncian activistas en la entidad.
De acuerdo con el reporte Información sobre Violencia contra las Mujeres (Incidencia Delictiva y Llamadas de emergencia 9-1-1), Baja California Sur ocupa el tercer lugar nacional por la tasa de casos en los delitos de violación, corrupción de menores y lesiones dolosas.
En el caso particular del delito de violación, que acumula los casos tipificados como “simples” o “equiparados”, reporta un incremento de casi el 20% entre enero y octubre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2022.
Con un total de 264 víctimas en 10 meses, la entidad arroja una tasa de 30.95 casos por cada 100 mil habitantes.
Respecto a las lesiones dolosas, se han presentado 635 denuncias; casi duplicando la tasa nacional, con 151.2 casos por cada 100 mil mujeres, Baja California Sur quedó sólo debajo de Campeche (297.1) y Guanajuato (206.8).
Por otra parte, entre enero y octubre se han registrado 38 víctimas de corrupción de menores. La entidad está a punto de cerrar el año con una tasa de 9.05 por cada 100 mil mujeres, siendo superada sólo por Guanajuato (10.34) y Baja California (9.14).
También destaca el hecho de que Baja California Sur es la entidad federativa con la mayor tasa de mujeres víctimas de extorsión en toda la República Mexicana, duplicando la media nacional que es de 4.85.
Resalta que la media península se ubicó en el top 10 en todo el país de mayor incidencia en llamadas de emergencia relacionadas con delitos que afectan a las mujeres, como:
* Octavo lugar en incidentes de abuso sexual
* Séptimo lugar en incidentes de violación
* Sexto lugar en incidentes de violencia de pareja
* Noveno lugar en incidentes de violencia familiar.
El 31 de enero de 2023 fue el día en que el gobernador Víctor Castro Cosío lanzó lo que sería la campaña estelar de su administración: ¡Párale a la Violencia! El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía y buscar una disminución en los delitos de violencia de género, sin embargo, el propio mandatario y autoridades del Gabinete de Seguridad han reconocido un aumento en la incidencia de este tipo de ilícitos.
El argumento del gobernador es que la confianza de la población en las instituciones de seguridad y justicia se ha incrementado y, por ende, con ello el número de denuncias.
Cabe mencionar que las estadísticas presentadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se basan en el número de denuncias interpuestas ante Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
NO SE QUEDEN CALLADOS: TÍA DE ALI JASEL
En lo que va del año se han registrado dos feminicidios en la entidad, uno de ellos conmocionó recientemente a la población sudcaliforniana el 18 de septiembre, cuando se informó sobre el asesinato de la doctora Ali Jasel.
La Asamblea Feminista, colectiva que encabeza la lucha para erradicar la violencia de género en todas sus presentaciones, denunció que su feminicidio pudo ser prevenido si las autoridades hubieran investigado y sancionado debidamente a Martín Heriberto N, presunto feminicida de Ali Jasel.
Por medio de un pronunciamiento, las activistas precisaron que Martin ya había sido denunciado por otra mujer por amenazas.
“La negligencia de las instituciones llevó a este lamentable hecho. Aunado a ello, los medios de comunicación revictimizaron a los familiares publicando y difundiendo imágenes e información no sólo sensible sino inexacta de la escena, lucrando así con el dolor a costa de la privacidad y dignidad de la doctora y su familia”, recalcó la Asamblea Feminista.
Cada mes, familiares y amigos de la doctora realizaron diversas actividades para honrar su memoria y hacer un llamado a la sociedad para que denuncie la violencia para evitar que escale.
Zulma Zazueta, tía de Ali Jasel, comentó que seguirá participando en marchas y otro tipo de ejercicios para concientizar a la ciudadanía, para que no vuelva a pasar lo que sucedió con su sobrina.
“Que la gente esté enterada de los hechos que pasan aquí en la población, que las mismas mujeres, tanto ustedes como hombres no se queden callados al sentirse hostigados o que tengan algún mal entendido, para poder evitar lo que sucedió”, expresó.
“Que cumplan y pongan un poco más de atención en lo que es sensibilizar o difundir más el modus vivendi, quizás en La Paz no es tanto, pero en Los Cabos sí está muy pesado allá”, agregó.
El 18 de septiembre, autoridades de la PGJE confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Ali Jasel en su departamento en la colonia Guaymitas en San José del Cabo.
“Yo iba llegando de mi trabajo cuando recibí la noticia”, compartió Zulma Zazueta, quien hizo un exhorto a las autoridades a prestar especial atención a reportes previos que se hacen en contra de agresores.
“El llamado a las autoridades correspondientes, si uno va como ciudadano a interponer una queja, una querella o una denuncia que le pongan la atención que deben, más precisamente en este tipo de delito o hostigamiento como lo puso la persona de la denuncia antes de lo sucedido antes de Ali”, dijo.
Al igual que la madre de la doctora que trabajaba en la Clínica 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Verónica Rosario Reyes Zazueta, su tía, se une al reclamo de justicia y de aplicación de la pena máxima en contra de Martín Heriberto.
La Asamblea Feminista detalló que desde 2019 se han abierto 21 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, de las cuales sólo 12 han llegado a una sentencia condenatoria.
“Son muy pocos los casos con sentencias condenatorias, y en los que hay, ninguno tiene un esclarecimiento de los hechos contundente, muchas veces ni siquiera hay un presunto responsable siendo investigado”, subrayan.
Asimismo, exhibieron que el registro de mujeres desaparecidas en Baja California Sur aumentó un 64.8% este año.
“Muchas de ellas salieron de sus casas y no regresaron más. Exigimos volver a casa, vivir tranquilas, y a todas las mujeres desaparecidas las queremos de vuelta”, reclamaron.
PROCURADURÍA TRAS EL AGRESOR DE DANIELA LÓPEZ
Otro caso que conmocionó y unió a la sociedad sudcaliforniana en una demanda de justicia, fue el que expuso en redes sociales la ex seleccionada nacional de Lucha, Daniela López, que denunció haber sido agredida físicamente por su pareja, Luis N, quien, además es peleador profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés).
El titular de la PGJE, Daniel de la Rosa Anaya, confirmó que han recibido la denuncia correspondiente el delito de violencia familiar y lo que resulte, así como por lesiones en razón de género, hechos que están siendo investigados por elementos de la corporación.
“Este hecho se encuentra prácticamente en etapa de investigación inicial la carpeta de investigación que ya se está integrando”, reiteró.
El procurador declaró que se esperaba que en esta semana se ejercitara acción penal respectiva contra el presunto responsable, sin embargo, hasta el cierre de esta edición la instancia no confirmó dicho acto.
“En este caso en particular, se estará solicitando lo conducente en contra del responsable de estos hechos, dentro de lo que hemos investigado se trató de violencia familiar. En este caso, ambos son pareja, hay una niña inclusive hija del presunto responsable y de la víctima”, precisó.
A su vez, el funcionario aclaró que adoptaron las medidas de protección correspondientes a favor de la atleta y su hija, además de adelantar que lo más viable, por los datos de prueba que ya hay en la carpeta, es que se concretice el caso como delito por lesiones en razón de género y violencia familiar.
Haciendo hincapié en el hecho de que Luis N es peleador profesional de MMA, el procurador informó que sí puede existir un agravante en la pena por esta circunstancia personal del presunto agresor.
“Se toma mucho en cuenta las circunstancias del hecho y también la individualización, en este caso el presunto responsable, y dentro de la individualización no es únicamente su nombre o todos los datos particulares de él, también la capacitación que ha tenido en este tipo de deportes y de prácticas”, añadió.
Cabe recordar que, a través de vídeos y fotografías, Daniela López dio testimonio de la agresión que sufrió, mostrando moretones y heridas en su rostro.
Narró que después de la golpiza, Luis N la dejó tirada en el suelo y después se marchó, diciéndole que eso era “lo que ella se merecía”.
“Estaba muy asustada, no sabía qué hacer, cómo reaccionar, fue lo primero que pensé; temía de mi seguridad, en la de mi hija. Yo estoy bien, estoy a salvo. Me hicieron mi tomografía, sí tengo fractura de nariz y ya denuncié, muchas gracias por su apoyo, por su fuerza, lo siento y cada vez me siento más fuerte”, contó.
En redes sociales, la ciudadanía se unió en mensajes de apoyo a favor de la atleta y se evidenció que el presunto agresor es propietario del gimnasio Muay Thai Boxeo y MMA en el municipio de Los Cabos.
