Más de 21 años han transcurrido desde aquella embestida del Departamento del Tesoro estadounidense en contra de una serie de empresas, entre las que se encontraba Farmacias Vida de Tijuana, por ser presunto producto de negocios ligados al otrora poderoso Cártel Arellano Félix (CAF). Desde entonces, se han modificado los esquemas del crimen organizado y otros grupos delincuenciales que ostentan el poder. Sin embargo, las formas de lavado de dinero sucio, hoy son muy similares a las de aquella época.
Tan es así que, desde 2011 hasta noviembre de 2023, el gobierno estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha designado al menos a 274 compañías mexicanas o con estadía en el país, bajo la sospecha de que fueron creadas o utilizadas por 17 organizaciones criminales para financiar o reinvertir dinero ilícito sin que pueda ser rastreado su origen. Pese a ello, en México, muchas de estas firmas comerciales desaparecieron con la rapidez que fueron creadas, otras cambiaron de razón social y unas cuantas fueron aseguradas precautoriamente por las autoridades.
Los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los que más señalamientos, acciones y nominaciones tienen por parte del gobierno norteamericano con la aplicación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Kingpin). Tras la designación de personajes y empresas relacionadas, la autoridad estadounidense bloquea cualquier bien o cuentas financieras sancionadas que pudieran estar bajo jurisdicción de ese país, además de prohibir a cualquier persona o empresa de esa nación, de hacer negocios con dichas entidades.
Durante 12 años, el Departamento del Tesoro ha emitido, al menos, 51 designaciones en las que están involucradas las presuntas narcoempresas. Sobre el Cártel de Sinaloa han recaído 14 de las nominaciones que exhiben a 38 compañías, mientras que en 13 acciones dirigidas en contra del CJNG y la organización criminal Los Cuinis, fueron visibilizados 70 negocios, algunos constituidos con personas que fueron engañadas para utilizar su identidad en trámites legales a cambio de pequeñas cantidades de dinero y con domicilios falsos.
Aunque el capo Juan José Esparragoza Moreno el Azul, del que se vacila si aún vive o murió en un accidente en 2014, es señalado como miembro histórico del Cártel de Sinaloa (CDS), la OFAC lo ha puesto en una categoría aparte como una organización criminal. En seis acciones se designaron 26 empresas operadas por sus parejas y su descendencia. Le sigue el grupo delictivo Los Zetas, que en cuatro acciones mediatizadas por los estadounidenses pusieron los ojos en cinco sociedades mercantiles. Por su parte, en contra de Rafael Caro Quintero, socios y familia, en dos ocasiones se ventilaron los nombres y domicilios de 37 compañías, aunque en el caso de sus hijos, estos fueron desincorporados de la llamada lista negra.
En el caso de Caro Quintero, también es considerado como persona ligada al CDS, pero es sabida su relación con otras organizaciones como la de Esparragoza y los Sánchez Garza, estos últimos designados junto con 14 empresas. El colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, pieza clave en el juicio y condena en contra del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, también tuvo en dos ocasiones la designación de siete compañías de su propiedad o de las que se ostentaba como dueño en México.
Las agrupaciones criminales cuyas empresas fueron señaladas en una sola ocasión, son las de Raúl Flores Hernández, al que se le atribuyeron 42 negocios vinculados a actividades ilícitas, incluyendo las sociedades de un cantante, un promotor artístico y un exfutbolista que después fue retirado de la lista; los hermanos Beltrán Leyva, con sólo una empresa; los González Peñuelas, de Guasave, una compañía; los Ibarra Cardona, tres negociaciones; Fausto Isidro Flores Meza el Chapo Isidro, tres compañías; Hassein Figueroa, 15 negocios; los Ruelas Torres, uno; Cheaitelly Plata, dos empresas; la célula criminal Los Güeros, seis; y el Cártel del Golfo, sólo una empresa.
Más del 70 por ciento de las empresas designadas se encuentran en ciudades de Jalisco y Sinaloa. Se trata de constructoras, inmobiliarias, restaurantes, gasolineras, hoteles o negocios de servicios turísticos, distribución de medicinas o instrumental médico, casas de cambio o de empeño, actividades agropecuarias, centros comerciales y autotransportes. También figuran desde auto lavados, producción de tequila, boletería electrónica, salones de eventos y banquetes, hasta taxi aéreo, compañías pesqueras y actividades de minería.
En Baja California son muy pocas las empresas señaladas por las autoridades estadounidenses. Una de ellas es referida como Autos Mini, en una incorporación a la lista negra en octubre de 2011, cuando fueron designados los hermanos Héctor Manuel, Martín Gaudencio y Sergio Avendaño Ojeda, presuntos miembros del CDS. Otras dos compañías establecidas en Tijuana, atribuidas a la organización delictiva de Luis Gerardo Ibarra Cardona en noviembre de 2012, son Distribuidora Germay, SA de CV y Comercializadora Cacho. SA de CV en Calle Lago Ladoga.
CDS Y CJNG
Los señalamientos de la OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense en contra de las empresas del Cártel de Sinaloa fueron intensos entre abril de 2011 y agosto de 2016. Luego vino un fuerte embate contra el CJNG que inició en agosto de 2015 y se mantiene a la fecha. En septiembre de 2021 se reanudaron las designaciones de los negocios del CDS, ante el auge del tráfico y distribución de fentanilo que en Estados Unidos ha causado la muerte de más de 100 mil personas por año en los últimos tiempos.
De esa forma, sólo durante 2023, la OFAC se ha pronunciado en cuatro ocasiones en contra de las compañías relacionadas con el Cártel de Sinaloa. En febrero, un mes después de la detención de Ovidio Guzmán López el Ratón, fueron incorporados a la lista negra seis sinaloenses de la familia Zamudio, de Culiacán, supuestamente involucrados en el comercio ilícito de metanfetamina y fentanilo para la facción criminal de Los Chapitos, así como a seis empresas, entre las que se menciona una refaccionaria, una farmacia y compañías relacionadas con bienes raíces.
En mayo, el gobierno estadounidense sancionó a tres miembros del CDS vinculados con Joaquín Guzmán López alias El Güero Moreno, hermano de Ovidio; Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, y dos entidades con sede en Sinaloa, una “red supervisada” por Los Chapitos y “responsable de una parte significativa del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia los Estados Unidos”, señaló la dependencia del Departamento del Tesoro. Las compañías son un laboratorio denominado Sumilab, SA de CV y una constructora.
El 12 de julio de este año, la OFAC sancionó a diez personas, incluidos varios miembros y fugitivos del CDS -de la facción de Los Chapitos y la familia de los Zamudio-, así como una empresa denominada REI Compañía Internacional que se ubica en Metepec, Estado de México, de la que se asegura, regularmente recibe envíos de productos químicos de exportadores de la República Popular China. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al accionista mayoritario de dicha empresa.
La acción más reciente se registró el 7 de noviembre de 2023, al ser enlistados 13 presuntos miembros del CDS y a cuatro empresas con sede en Nogales y Hermosillo, Sonora, relacionadas con el trasiego de fentanilo ilícito y otras drogas mortales hacia EU. Los designados son cinco hermanos de la familia Morgan Huerta, entre ellos Miguel Ángel, quien ocupaba una dirección en el Ayuntamiento de Nogales. Las compañías boletinadas son una exportadora de productos agrícolas, un restaurante y una minera denominada Morgan Golden Mining, SA de CV.
Por su parte, las últimas acciones norteamericanas que señalan a empresas del CJNG están relacionadas con una red que opera fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y tiene como víctimas a ciudadanos estadounidenses. En marzo de 2023, se informó de la nominación de ocho empresas que en papel se dedican a brindar servicios financieros o inmobiliarios. En abril se agregó a más personas y entidades mercantiles por el mismo tema, que en junio derivó en la privación ilegal de la libertad y asesinato de ocho jóvenes en Zapopan, Jalisco.
Los muchachos laboraban en dos call center clandestinos presuntamente operados por el CJNG para la ejecución de los referidos fraudes, que según el informe del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia norteamericano recibió, sólo en 2022, más de 600 denuncias con pérdidas de aproximadamente 39.6 millones de dólares de víctimas contactadas por estafadores en relación a tiempos compartidos de su propiedad en México.
En otra acción, el 6 de junio último, la OFAC designó a los hermanos michoacanos Adrián Alonso alias El Ocho, de 34 años, y Javier Guerrero Covarrubias el Javi, de 36, presuntos altos mandos del CJNG dedicados -entre otras cosas- al tráfico de armas de fuego de alto calibre desde EU y al robo de combustible en México. Con ellos, fue incorporada a la lista Mary Cruz Rodríguez Aguirre y la empresa Nacer Agencia Panamericana de Divisas y Centro Cambiario, ubicada en Zapopan, Jalisco, por brindar apoyo al grupo criminal mediante lavado de ganancias ilícitas de narcóticos.
Finalmente, el 30 de noviembre, la Unión Americana sancionó a tres personas más y 13 empresas mexicanas también relacionadas directa o indirectamente al fraude de tiempo compartido. Entre ellas Grupo Empresarial Epta, SA de CV, presuntamente dedicada a actividades inmobiliarias, “por ser propiedad, estar controlado, dirigido o haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre de, directa o indirectamente, CJNG”. Las otras compañías son clubes vacacionales, mantenimiento de condominios, una ferroeléctrica y por lo menos dos entidades dedicadas a la minería.
Cabe mencionar que la mayoría de las empresas ligadas al CJNG operan bajo un esquema de inteligencia femenina, ya que casi una decena de mujeres son identificadas como el alma de los negocios criminales a través de la dirección de compañías fachada para blanquear el dinero ilícito del narcotráfico y de pelear en tribunales contra multas, permisos e impuestos, además de recuperar cartera vencida, lo que ha llevado a varias de ellas a prisión, como los casos de la esposa e hija del líder del clan, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho tanto en México, como en Estados Unidos.
