Aunque se ha reducido el índice de mortalidad de las Fuerzas Armadas por la política de Abrazos, no balazos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante la actual administración federal han perdido la vida 135 elementos militares,, lo que arroja un promedio de 27 bajas por muerte de efectivos castrenses por año, muy por debajo de los 30.8 anuales del ex mandatario Enrique Peña Nieto, o los casi 60 soldados fallecidos por año en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Se trata de muertes violentas, sin que todas estén relacionadas con enfrentamientos o agresiones armadas, pero que se registraron durante la aplicación de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, programas marciales que conservan sus nombres originales en la presente administración, en la que el titular del Poder Ejecutivo ha asegurado reiteradamente que la lucha contra el narcotráfico es cosa del pasado.
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Los 135 servidores públicos finados este sexenio estaban enrolados en el Ejercito Mexicano (EM), Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y Guardia Nacional (GN). De ellos, 81 encontraron la muerte durante enfrentamientos, emboscadas y ataques directos por proyectiles de armas de fuego; 40 en hechos de tránsito verificados en traslados que realizaban en servicio; siete perdieron la vida en accidentes aéreos; así como tres ahogados, dos atropellados, uno por accidente con un arma de fuego y otro en la explosión de una pipa.
En cuanto a las entidades federativas más letales para la milicia, Tamaulipas continúa, como en los sexenios pasados, en primer lugar, con 31 militares muertos; Sinaloa, en histórico segundo lugar, con 17 defunciones de soldados; Durango, once; Michoacán, 10; Jalisco y Sonora, ocho por entidad; Guerrero, siete; San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, seis cada una; Guanajuato, cinco; Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca, tres; Chiapas y Tabasco, dos; Ciudad de México, Edomex y Quintana Roo, uno.
Por lo que ve a las diversas armas y servicios de regimientos, bases o batallones en los que estaban encuadrados los militares fallecidos, ostentaban los siguientes grados: 63 eran soldados, 39, cabos; 12, Sargento Segundo; seis, Teniente; cuatro, Capitán Segundo; tres, Capitán Primero; dos, Coronel; dos, Mayor; un General Brigadier; un Teniente Coronel; un Subteniente y un Sargento Primero. Desde elementos de sanidad, conductores, artillería o caballería, hasta personal de operaciones especiales, fusileros, paracaidistas, Escuadrón Aéreo o Policía Militar o Ministerial se cuentan entre las víctimas.
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LAS BALACERAS
La muerte de militares se replica en diversos sexenios prácticamente en los mismos sitios geográficos, pues se trata de comunidades, municipios o entidades con altos grados de violencia. Sin duda, la mayor embestida en contra de los miembros de la milicia ocurrió en el llamado Culiacanazo 2.0 tras la detención del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, cuando diez elementos castrenses perdieron la vida en enfrentamientos que a la fecha no han sido puestos al escrutinio público; sin embargo, se conoce de otros hechos relevantes en otras entidades.
Aunque ya habían asesinado a soldados al inicio de la administración de López Obrador, apenas en su primer mes de gestión, el 26 de septiembre de 2019 ocurrió un ataque en contra de tropas del Ejército Mexicano en la comunidad de El Balsamar, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, con saldo de tres militares muertos y tres lesionados a balazos. Ahí, presuntos miembros del Cártel del Sur, liderados por un sujeto de nombre Isaac Navarrete, alias El Señor de la I, emboscaron a los agentes comisionados en la operación de erradicación intensiva Guerrero 3-19 al iniciar la temporada de cosecha de amapola. Un mes y medio antes habían detenido en ese municipio a Santiago El Carrete Mazari, presunto líder del grupo criminal Los Rojos.
El 15 de noviembre de 2019, elementos de la Sedena se enfrentaron contra sicarios de La Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste (CDN) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, produciéndose la muerte de dos soldados y seis de los presuntos delincuentes. Después, el 14 de mayo de 2021, dos militares fallecieron y uno quedó lesionado tras una emboscada en las inmediaciones de la comunidad de Las Higuerillas en Aguililla, Michoacán. Presuntamente los causantes pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada que opera en esa región. El 10 de diciembre de 2021, asesinaron a otros dos miembros de la Sedena en Nuevo Laredo.
Una balacera que se prolongó durante más de dos horas en el conflictivo municipio de Teocaltiche, región Altos Norte de Jalisco, donde los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) disputan territorio, le costó la vida a tres militares miembros de la Guardia Nacional, quienes a su vez abatieron a uno de los presuntos agresores. Los hechos ocurrieron entre los poblados de San Gaspar de los Reyes y Rancho Nuevo.
Un año antes, al menos mil 500 personas debieron salir de sus comunidades para resguardarse de la violencia, y en 2023, se han desmantelado centros de videovigilancia del crimen organizado.
Después de ocurrido el Culiacanazo 2.0 que dejó diez militares muertos el 5 de enero de 2023, hubo un ataque armado al día siguiente en Las Charcas, San Luis Potosí, donde tres militares fueron asesinados en el eje carretero a Santo Domingo, comunidad de San Juan del Tuzal. El 24 de febrero, dos soldados murieron y cuatro sufrieron heridas tras enfrentarse a criminales en Fresnillo, Zacatecas. Durante una persecución con disparos de arma de fuego, la patrulla militar volcó a la altura de la colonia del Valle, produciéndose el fatal desenlace.
Dos efectivos castrenses fueron ultimados a tiros durante un enfrentamiento con miembros de La Familia Michoacana en la comunidad El Pescado, en Coyuca de Catalán, Guerrero. Tres sujetos del grupo criminal, entre ellos el líder Orbelín Hernández Peñaloza alias El Gordo, dos de sus hijos y otros dos individuos, fueron abatidos por Fuerzas Armadas. El operativo pretendía desarticular al cártel que presuntamente encabezan Johnny Hurtado Olascoaga alias El Pez y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como El Fresa, quienes según las autoridades, trafican con amapola y fentanilo.
El 20 de mayo de 2023 se registró una balacera entre elementos de GN y presuntos delincuentes en la carretera San Juan a Lagos de Moreno, Jalisco. En el tiroteo murieron dos de los militares: Efraín Sinaí Mejía Salgado y Jesús Mendoza Cruz, así como una mujer civil y otros cuatro guardias resultaron heridos. Más tarde fue asegurada una camioneta Jeep de reciente modelo con rastros de sangre, en cuyo interior había una alarma larga, 13 cargadores, cartuchos útiles y un chaleco táctico. Al parecer los agresores pertenecen al CJNG. Los enfrentamientos en la riesgosa región Altos Norte de Jalisco continuaron los días siguientes con muertos y heridos civiles.
Dos soldados del 36 Batallón de Infantería que reforzaban la seguridad en el municipio de Tamuín, región de la Huasteca en San Luis Potosí, se sumaron a la víctimas mortales de la delincuencia el 30 de mayo de este año, al ser blanco de un ataque armado de una célula del crimen organizado. La agresión se registró en las proximidades de las colonias Las Brisas y Mirasol, ocasionando que la unidad militar baleada se volcara en la salida a la carretera a Tampico.
Finalmente, el 11 de junio en la comunidad de Tacuichamona, en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, hubo otro choque armado entre delincuentes y elementos del Ejército que culminó con la defunción de dos militares y las lesiones de otro que fue llevado al hospital del ISSSTE. Posteriormente las autoridades estatales localizaron un vehículo con dos armas largas y cinco cortas en su interior, además de cargadores, dinero en efectivo y equipo táctico.
CAPTURA DE OVIDIO
Durante y después de la captura de Ovidio Guzmán, el 5 de enero de 2023, cayeron abatidos por balas criminales diez elementos de las Fuerzas Armadas, información que permanece en la opacidad, pues las muertes tuvieron lugar en diferentes lugares y no precisamente en Jesús María, Sindicatura de Culiacán, al grado de que el propio Ratón no fue imputado por alguno de los homicidios, ni tampoco sus 13 seguidores, que en dos grupos de ocho y cinco detenidos, fueron enviados al penal federal de Buenavista Tomatlán en Michoacán, donde son procesados por delitos diversos al de homicidio.
Tras aquella fecha terrorífica donde se registraron los llamados narcobloqueos, con incendio de automotores y el robo de más de 200 vehículos, otros 35 militares lesionados, 19 fallecidos de los presuntos trasgresores de la Ley y la detención de un total de 21 personas supuestamente relacionados con el cierre de vialidades y la quema de unidades, nada dijeron el Presidente López Obrador; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; o la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, acerca de cómo ocurrieron los hechos, en lo particular, la muerte de los militares.
Investigaciones de ZETA permitieron localizar un expediente en el que tres presuntos sicarios son encausados penalmente por el asesinato de una de las víctimas de la milicia y el intento de homicidio de otros soldados, todos adscritos a GN. Se trata de José Antonio Torres Morales, Roberto de San Juan Fierro Verdugo y José Manuel González Cruz, actualmente recluidos en el Centro Penitenciario Aguaruto en Culiacán.
El juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en la Capital sinaloense y en funciones de juez de Control (causa penal 4/2023), les vinculó a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de la militar Sandra Paola Rodríguez Ramos, una de las diez asesinadas en el Culiacanazo 2.0 y el homicidio en grado de tentativa calificado, también con alevosía, en detrimento de los guardias nacionales Gabriel Torrontegui Ontiveros, Bryan Geovanni García Durán, Gexain Gutiérrez Juárez y Víctor Hugo Pérez Gómez. Todos encausados por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Originaria de Durango, Sandra Paola estaba encuadrada en la GN con adscripción en el Octavo Batallón ubicado en El Sauz, en Culiacán, cuando el 5 de enero, luego de la detención de Ovidio Guzmán y los bloqueos, se activó el Código Púrpura, siendo comisionada junto con sus compañeros de tres unidades para dirigirse a proteger la presa Adolfo López Mateos El Varejonal, ubicada en Badiraguato.
Las unidades, con siete elementos cada una, sufrieron una primera agresión en el fraccionamiento de Espacios Barcelona y al continuar su camino fueron emboscados en una curva de la carretera a Pericos, al pasar el poblado La Majada de Arriba, municipio de Mocorito.
La mujer militar, quien iba en la primera de las camionetas del convoy, fue abatida por los disparos y algunos de su compañía resultaron heridos. Los guardias de las otras dos unidades descendieron para enfrentar a los agresores que se localizaban en la parte alta de un cerro, logrando detener a los tres sujetos antes mencionados, quienes vestían ropas y chalecos tácticos. Uno de ellos portaba un fusil AK-47, otro llevaba un arma larga calibre multi 5.56×45 milímetros, y el tercero, una ametralladora calibre 5.56 milímetros marca FM. El detenido, de nombre Roberto, resultó herido de bala en una mano.
Mientras el cuerpo de Sandra Paola Rodríguez Ramos quedaba en el lugar del tiroteo, los lesionados fueron trasladados al ISSSTE de Culiacán. A los imputados les fue confirmada la vinculación a proceso en el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Segundo Circuito (toca penal 94/2023-NSJP) el 1 de junio de 2023 y actualmente tramitan juicio de amparo indirecto ante el Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en La Paz, Baja California Sur, en busca de librar el enjuiciamiento por tan graves delitos.
