El mejor medio para evitar que una conducta delictuosa atribuible a alguna persona se repita, es lograr que la misma no quede impune. El combate a la impunidad resulta ser el instrumento más eficaz para prevenir la comisión de delitos. Actualmente la moderna lucha contra la criminalidad implica necesariamente un esfuerzo de manera conjunta entre el gobierno y la sociedad, actividad ésta que no debe quedarse únicamente con la actividad policial. Hoy en día, se requiere emprender la utilización de varias políticas modernas y eficaces a partir del conocimiento de la delincuencia imperante, ya que de no realizar un esfuerzo serio de acuerdo al diagnóstico de las instituciones públicas, sociales y legales, permita la realización de un trabajo eficaz en los siguientes objetivos: a.-Disminución drástica de los índices de criminalidad; b.- Combate verdaderamente eficaz a la impunidad; y c.- Obtener de nueva cuenta la confianza ciudadana en sus instituciones.
La sociedad actual exige una mejora inmediata si la actuación y trabajo entre la policía y la sociedad se logra. Es por ello que uno de los puntos más eficaces en esta temática resulta ser mejorar el incremento de la capacidad de respuesta de la sociedad y, por otra parte, una policía que haga verdaderamente la función de prevención y patrullaje. Asimismo, es necesario comentarles que la captura de los delincuentes en flagrancia, no solo será el medio inhibidor del delito que rinda los mejores resultados, sino que además logrará un ahorro considerable en los gastos que se realizan por la investigación y detención de los presuntos responsables y que por lo tanto generará mayor confianza en la ciudadanía
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Además, debe exigirse mayor eficiencia y organización en el área de la investigación del delito que le corresponde al Ministerio Público y que arroje resultados inmediatos en la disminución de los grados de criminalidad que tanto afecta y humillan en general a la sociedad.
Por ejemplo, la actual fiscalía del estado trabaja con muy graves y serias deficiencias; solo una de ellas, que es indispensable en el esclarecimiento de los delitos sexuales (violación, abuso sexual, etcétera), no puede integrar de forma adecuada las carpetas de investigación porque falta precisamente dicho dictamen, que será fundamental para poder lograr por parte de la Fiscalía la audiencia de imputación y en algunos otros casos el que se demuestre la no participación del imputado en el delito que se le atribuye.
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Hemos sido testigos en diversas actuaciones en carpetas de investigación que, a partir de que se gira la solicitud para emitir el dictamen, existe una tardanza en remitirlo al Ministerio Público, que oscila entre cuatro y casi cinco meses.
Esto genera una grave molestia en la ciudadanía y la natural desconfianza hacia la autoridad -Ministerio Público- que es la responsable de la investigación del delito y de la atención eficiente y diligente que debe recibir un ciudadano. La falta de personal en dicha área, la existencia de laboratorio de criminalística -que se encuentren debidamente equipados y operados por técnicos y profesionales de excelencia-, se convierte en instrumento de una mejor investigación y sin lugar a dudas una garantía para poder sostener y demostrar una acusación ante los jueces de control, dando con ello una respuesta eficiente como toda la ciudanía lo merece.
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En el contexto en el cual nos referimos cabe mencionar que es importantísimo el trabajo penitenciario que evita el abuso de la prisión como una solución universal que al crimen han asignado las autoridades encargadas de la persecución de los delitos, de tal suerte que saber segregar y mantener aislados a los delincuentes organizados y más peligrosos, es una anhelo que todavía no se logra alcanzar, en primer lugar porque el Ministerio Público les atribuye delitos que no han cometido o de difícil comprobación de sus elementos constitutivos y más tardes esos sujetos obtienen su libertad y se viene el desencanto brutal y profundo de los ciudadanos hacia sus autoridades.
No existen programas adecuados de atención para los reos liberados y preliberados mediante sistemas de reinserción social, además hay un grave abandono de dichos individuos por parte del gobierno y también de la sociedad, lo que permite que el delincuente vuelta a reincidir. Esta es una realidad que hasta hoy a nadie le importa.
Benigno Licea González fue presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, A.C., y actualmente es presidente del Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el estado de B.C. Correo: [email protected]
