Casi 2 millones de pesos en materiales para lavamanos portátiles para combatir la pandemia de COVID-19 durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, se “pudren” al estar abandonados en un almacén de Ensenada y una fábrica de Tijuana.
De acuerdo a una investigación de ZETA, estos equipos forman parte de 6 mil 240 unidades compradas por adjudicación directa durante 2020 y 2021 para instalarse en escuelas de educación básica de Baja California, en las que se gastaron más de 93 millones de pesos en seis proveedores de la región, de acuerdo a un reportaje publicado en noviembre de 2022 por Border Hub y El Vigía, el cual demostró que un considerable porcentaje de los lavamanos estaban arrumbados, mal colocados o nunca fueron llevados a los planteles escolares de la entidad, a pesar de que la administración de Bonilla lo presentó como “un logro”, ya que habían sido “instalados al 100 por ciento”.
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A más de dos años de esta medida enfocada en el esperado retorno presencial a clases, de acuerdo a fechas de los contratos revisados para este trabajo y tras el periodo más crítico de la pandemia, estos dos sitios reflejan el mal uso de recursos públicos en equipo que ni siquiera fue trasladado a las escuelas.
EL PRINCIPIO EN ENSENADA
El primer punto revisado corresponde a un almacén del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), en Calle Apartado Postal número 125, Colonia Manchuria, Delegación El Sauzal de Rodríguez, a la entrada del puerto de Ensenada.
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De acuerdo a una solicitud mediante Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las direcciones de Recursos Materiales e Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación de Baja California respondieron que ahí cuentan con 82 unidades, resguardadas “desde que se concluyó la entrega” el 31 de agosto de 2021.
Agregaron que, al parecer, los lavamanos estaban destinados a “alrededor de 20 planteles aproximadamente”, aunque no refirieron los nombres o ubicaciones, salvo que únicamente se les “proporcionó el espacio para el resguardo de los bienes, a petición del área solicitante”.
En cuanto a la razón de que no estuvieran entregados, argumentaron que se debió al cierre de las escuelas durante el periodo de entrega. “Siendo imposible localizar al personal directivo o docente para estar en posibilidad de recibir los lavamanos en comento (sic), por lo que fue necesario resguardar en nuestros almacenes dicho mobiliario”, según la explicación.
De acuerdo a los contratos revisados, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez pagó diferentes tarifas a los proveedores, pese a hacer el mismo producto con especificaciones similares; de esta forma, para unos fue de 12 mil 931 pesos, y para otros de 13 mil 888 pesos por unidad. Por lo que, tomando en cuenta estas cifras, en el almacén de Ensenada hay equipo sin usar por un monto de un millón 60 mil 342 pesos o un millón 138 mil 816 pesos.
En un recorrido realizado por ZETA se constató que los lavamanos se echan a perder bajo el Sol, al lado de equipo electrónico e incluso mingitorios viejos, mientras comienza a deslavarse el distintivo color guinda del partido Morena.
ABANDONADOS EN FÁBRICA DE TIJUANA
El segundo sitio corresponde a las instalaciones de una sucursal de Industrias CPE en la colonia El Florido de Tijuana, donde a simple vista se aprecian por lo menos 62 estructuras o “esqueletos” de los lavamanos que deberían proteger a las infancias de esa ciudad fronteriza.
Lo que queda de los armatostes, de cuatro estaciones con llaves de plástico, patas de PTR de acero, así como lonas y hojas de coroplast para presumir con grandes letras los logotipos institucionales de la Secretaría de Educación de Baja California, se oxidan lentamente ante la inclemencia del clima norteño.
Industrias CPE es una empresa dedicada a la creación de publicidad, fundada por el empresario Salim Acosta Hallal, asesinado en 2020 en Los Mochis, Sinaloa y reconocido como filántropo, participando con DIF y Cruz Roja, así como donación de despensas durante la pandemia.
Afuera del predio ubicado en Calle Principal número 24966, tercera sección con código postal 22237, se aprecian las piezas de metal; de acuerdo al conteo de este Semanario, en el estacionamiento exterior hay 42 piezas, mientras que en el interior están apiladas por lo menos 20 unidades.
En este caso, tomando en cuenta los costos, equivaldrían de 801 mil 722 a 861 mil 056 pesos en equipo no utilizado para lo que supuestamente fue diseñado.
La sumatoria de ambos casos, junto con el municipio porteño, podría ser de hasta un millón 999 mil 872 pesos de lavamanos portátiles que deberían estar en planteles escolares.
Las imágenes tomadas por ZETA corresponden a mediados de septiembre del presente año, pero en Google Street View quedó constancia de que en agosto de 2022 había equipos completos en las instalaciones, ostentando los logotipos guindas de la era bonillista.
“YA NO PASARON POR ELLOS”
Un trabajador de la empresa CPE, quien se identificó como encargado, pero reservó su identidad, aseguró vía telefónica que ellos no trabajan para el gobierno estatal, sino que “una empresa privada mandó hacer esto”, por lo que solamente se encargaron del armado de lavamanos portátiles.
“Ya no pasaron por ellos, como quien dice. No se terminaron, se quedaron a medias, pero son poquitos, como 50 nada más los que quedaron aquí”, comentó.
Agregó que desconoce el nombre del proveedor y únicamente recordaba al cliente como “Alejandro”, aunque aceptó, fueron pagados los equipos, pero se quedaron en las instalaciones porque “ya no había lista para entregarlos”.
“Estamos hablando de hace más de un año de eso, de hecho, yo los quiero mandar al fierro viejo. No vinieron por ellos, ya tienen mucho tiempo”, reiteró durante la plática.
Vía PNT, ZETA solicitó información a la Secretaría de Educación de Baja California respecto a si Industrias CPE había sido proveedora oficial, al no estar el nombre en los contratos consultados para este reportaje, como Proveeduría Integral de la Península, MAXRO Construcciones, Intelligent Trade de Baja California, Construcción Ecológica y Medio Ambiente, GRD Ingeniería y Ricardo Guzmán Gómez.
Sin brindar más detalles, el 1 de agosto de 2023, la Dirección de Infraestructura Educativa respondió:
“La Dirección de Infraestructura Educativa adscrita a la Secretaría de Educación (SE), se informa que no es beneficiada con recurso del Estado para la adquisición y distribución de lavamanos”.
INFORMACIÓN SEGUIRÁ RESERVADA CON MARINA
Tras la publicación del reportaje en noviembre de 2022, la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP) de Baja California, encabezada por Rosina del Villar Casas, tardó seis meses en abordar públicamente el tema, además de que ya había contestado vía PNT que reservaría durante cinco años 144 expedientes relacionados con el caso.
El 31 de mayo del año en curso, Del Villar Casas declaró durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que había una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos desvíos por más de 90 millones de pesos en la compra de uniformes y lavamanos portátiles.
Ese día, también reveló que había siete proveedores y 15 servidores públicos involucrados, de los que se reservó sus identidades.
Mediante la plataforma citada, se le insistió a dicha dependencia si mantendría clasificada la información; en respuesta, reiteró su negativa en un documento fechado al 19 de julio de 2023.
Para esto, citó la Sexta Sesión Extraordinaria del 29 de abril de 2022 del Comité de Transparencia de la SHFP, “en la cual se clasificó la información reservada de los expedientes de investigación a cargo de la ahora Dirección de Investigación de Faltas Administrativas y Verificación Patrimonial, por un periodo de 5 años, relacionada con la compra de uniformes y lavamanos”.
Lo anterior, para supuestamente “salvaguardar y garantizar la confidencialidad y la protección de datos que dichos expedientes contienen”, en atención a los “principios de discrecionalidad, secrecía y sigilo” para las investigaciones.
Por lo anterior, se puede establecer que los documentos permanecerán clasificados por lo que resta del periodo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, que culminaría en 2027.
Sobre los funcionarios que firmaron los contratos entre el 14 de diciembre de 2020 y el 8 de marzo de 2021, en la actualidad ya no aparecen en el directorio oficial de la Secretaría de Educación: Iván López Báez, entonces apoderado legal de ISEP; Gustavo A. Durazo Córdova, director de Recursos Materiales y Servicios de ISEP; Rodney Román López Luque, director de Apoyos e Infraestructura Educativa de ISEP; Raúl Guadalupe Miranda Meza, director de Recursos Materiales y Servicios de ISEP; y Alejandro René Molina Torres, director de Apoyo e Infraestructura Educativa del ISEP, según se puede apreciar en los documentos.
Solamente sigue activo Juan Eugenio Carpio Ascencio, director general del Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach), quien firmó el 23 de marzo de 2022 con el proveedor Ricardo Guzmán Gómez.
LLAMARÁN A CUENTAS A PROVEEDORES
Gerardo Arturo Solís Benavides, secretario de Educación de Baja California, explicó a ZETA que los proveedores serán llamados a cuentas y deberán comprobar si los entregaron a los planteles escolares de la entidad.
Aseguró que están funcionando “en muchas de las escuelas” a las que ha acudido, y de paso, aceptó que ya es notorio el desgaste en algunas unidades.
El funcionario argumentó que no puede instalar los equipos nuevos, aunque los tengan en las escuelas, hasta que no se libere el asunto en la FGR: “Si me dice Fiscalía ‘Ya quedó resuelto, los lavamanos están ahí’, yo los puedo empezar a utilizar”.
Por el momento, no puede actuar porque la condición era que firmaran de recibido y ser instalados por directores de los planteles, “y mucho de eso no se cumplió, por eso se hicieron las demandas pertinentes; al proveedor lo van a llamar a cuentas y él tendrá que comprobar si los entregó, ir a hacer otro recorrido él tendrá que hacer mil cosas, nosotros lo que hicimos fue poner en la mesa que no se había cumplido”, concluyó Solís en entrevista concedida durante una gira de trabajo por Ensenada.
