El pleno del Congreso de Baja California aprobó por unanimidad el dictamen 317 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que rechazó la Cuenta Pública 2021 del Ayuntamiento de Tijuana -encabezado por Arturo González Cruz, Karla Ruiz Macfarland y Montserrat Caballero- por múltiples irregularidades en el gasto público.
Entre las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) se encuentra haber recaudado de menos lmpuesto Predial y Derechos por lmpuesto sobre Adquisición de lnmuebles y de Cruce Ágil Servicios Médicos y Turismo; clasificar el tipo de construcción y asignar zonas homogéneas en algunas claves catastrales incorrectamente.
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Así como no determinar las retenciones del lmpuesto Sobre la Renta de sueldos de conformidad con las disposiciones fiscales, pago indebido de indemnización en un finiquito, no haber realizado el procedimiento de licitación pública e invitación entre sus proveedores, pago de más a proveedores de servicios recibidos
Y no mostrar evidencia del cumplimiento de acciones establecidas en un contrato de prestación de servicio; falta de integración de cuentas por pagar a corto plazo, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo no enteradas al Servicio de Administración Tributaria, pagos en excesos y deficiencias en la calidad de los trabajos ejecutados en contratos de obra pública.
Una de las obras que presenta mala calidad es el bulevar El Rosario en la zona de Santa Fe, el cual tenía “fisuras superficiales y desgaste prematuro, causas que ponen en riesgo la funcionalidad y operación de la obra”.
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La ASE detectó que la construcción con concreto hidráulico del bulevar Granados, en el Fraccionamiento Villa del Prado l, de la delegación La Presa Este, sufre desgaste prematuro en un aproximado de 70% de la superficie total de concreto hidráulico ejecutado.
El 30 de agosto pasado, el dictamen 317 ya había sido aprobado por la Comisión de Fiscalización, que preside Alejandra María Ang.
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En la sesión de este 5 de octubre de 2023, el pleno del Congreso de BC también rechazó la Cuenta Pública 2021 del Patronato Alianza Empresarial para Seguridad Pública de Mexicali, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE), del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (PROMUN), y el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI).
Entre los temas recurrentes de las observaciones de la ASE se presentan la falta de documentación comprobatoria de gastos en distintos rubros, incumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA), adjudicaciones directas, y saldos antiguos en cuentas por cobrar sin evidencia de acciones tendientes a recuperar dichos saldos, entre otros.
Llamó la atención el Dictamen 318 que rechazó la Cuenta Pública 2021 del INDIVI, que en ese entonces dirigía el hoy legislador petista Marco Antonio Blasquez Salinas cuyas irregularidades fueron destacadas por el diputado de Morena Juan Manuel Molina García señalando que se están siguiendo 6 procesos de responsabilidad administrativa (PRAS).
García Molina agregó que Blasquez Salinas no podía votar el Dictamen, toda vez que el petista tenía un conflicto de interés al haber sido el director del INDIVI. Blasquez Salinas terminó absteniéndose, Sergio Moctezuma Martínez López votó en contra, y 19 legisladores votaron a favor del Dictamen con lo que fue rechazada la Cuenta Pública 2021 del INDIVI.
Hay doce observaciones en la Cuenta Pública del INDIVI. Una de ellas implicaría cerca de mil 997 millones de pesos al comparar el padrón de reserva con un valor de 2 mil 400 millones de pesos. Inclusive no incluyeron programas de equidad de género, señaló.
Blasquez Salinas se deslindó de la mala administración al indicar que él estuvo “dos meses y medio” al frente del INDIVI. No obstante, admitió que la única irregularidad cometida en su gestión radica en el gasto de 29 mil pesos para dar mantenimiento a una camioneta Silverado, que no era del Indivi y que se utilizó para repartir despensas en la época de la pandemia de COVID-19.
Acusó que sus antecesores panistas, como Guadalupe Osuna y Francisco Vega, “saquearon” al INDIVI y vendieron lotes que no eran del Instituto, sino del régimen agrario habilitando a particulares para “seguir explotando a los colonos”. Por otro lado, reconoció que el INDIVI debe al Issstecali.
Sobre ello, el presidente de la Mesa Directiva Manuel Guerrero Luna afirmó que aun cuando Blasquez Salinas pagó al Issstecali siendo titular del INDIVI lo hizo de manera unilateral, lo que repercutió en que el INDIVI fue la única entidad en la que no se jubiló ningún trabajador en la época del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez.
