El cuerpo de la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ali Jasel Suárez Reyes fue localizado el 18 de septiembre en el interior de una maleta sobre la cama de su departamento en la colonia Guaymitas en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, según la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense (Semefo) tenía entre 30 y 35 horas de haber fallecido.
La Procuraduría General de Justicia en el estado (PGJE) vinculó a Martín Heriberto Almanza Vázquez de 24 años, camillero de la misma Clínica 38 del IMSS donde trabajaba Ali, se le imputan los delitos de violación y feminicidio, además de robo y otros delitos que se están integrando.
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“¿Reconoces esa casa? La tengo en vigilancia todo el tiempo, trate de hablarte por las buenas pero haces que lo haga por las malas” [sic], estas son palabras que Martín Heriberto escribió para una ex relación que sostuvo, a quien amenazaba, acosaba y la autoridad tuvo conocimiento de ello, pudiendo haberlo detenido y evitar el feminicidio de Ali Jasel, pero ignoraron a una víctima anterior.
Ahora surgieron nuevos datos compartidos a través de redes sociales, pues una chica identificada como Vanessa “N” y aparentemente ex pareja del feminicida de la doctora, evidenció que desde mayo del 2021 (cuando culminó su relación) los problemas de acoso y amenazas subieron de tono.
“Hace dos años inició mi calvario. Yo denuncié a Martín Heriberto, lo que recibí al denunciar fue ‘pues bloquéalo y ya’, ‘yo no veo ninguna agresión’, ‘es alguien que sólo está jugando’ etc. Aun así continué con las denuncias, porque yo siempre me sentía insegura, y siempre me decían ‘ignóralo’. Estos años yo viví con miedo, ansiedad; yo a cualquier lugar que iba, al salir de mi casa sabía que él era capaz de hacerme daño a mí o a mi familia”, expresó la víctima de acoso y amenazas.
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Una vez que se enteró del feminicidio de la doctora Suárez, de inmediato posteó y recalcó que ella no tenía dudas que Martín Heriberto era el responsable, pues, dijo, era una persona agresiva y capaz de usar la fuerza para agredir a una mujer, aunque en su caso fueron las mismas autoridades quienes no le creyeron.
Aunque por fuera las personas veían todo bien en su relación, dijo que era una relación violenta y que se intensificó después de terminar.
“Esta persona por meses estuvo creándose cuentas falsas, dando rondines por mi casa, tomando fotografías amenazando con armas (lo veía por las cámaras de mi casa); tenía una obsesión conmigo y siempre quería buscar la manera de contactarme ya fuera a mi o a mi familia. No tengo duda de que él es responsable, ya que él es una persona psicópata y no debería nunca estar en libertad; estoy segura que si él llega estar afuera podrá cometer más actos violentos, y de ser liberado yo responsabilizo a él de cualquier cosa que me pase”, finalizó Vanessa.
Estudiantes, profesionistas, médicos y mujeres de la sociedad, se manifestaron en contra de las instituciones por la insensibilidad; dijeron que el caso de Ali se pudo haber evitado si hubiesen atendido la denuncia de Vanessa, joven que externó desde el 2021 que estaba siendo amenazada y acosada por un feminicida.
“Nuestra insensibilidad no nos dejaba manifestarnos con tanta fuerza como hasta hoy, haya sido por miedo o por no reconocer la violencia contra las mujeres, hasta que se da este feminicidio, que es un crimen de odio sucedido a causa de la tolerancia social, pero principalmente por la ineptitud del Estado, por la falta de políticas públicas y el soporte económico necesario para implementar programas de atención con perspectiva de género”, externaron.
Pese a los programas “Tu Bienestar Nos Une” y “Párale a la Violencia”, los ataques a las mujeres se han intensificado; cabe resaltar las muertes violentas de las mujeres recientemente, desde privarlas de la vida, violarlas, meterlas a una maleta y hasta quemarlas.
Aunque el Gobierno del Estado minimice la violencia que impera contra las mujeres, desde lesiones dolosas, violaciones y violencia familiar hasta crímenes, de odio como el feminicidio, son escalas que se están ignorando.
“El implementar programas de atención con perspectiva de género, el bajo perfil del personal de Gobierno y la gran impunidad que impera cuando, pese a denuncias, identifican personas agresoras que siguen en las calles”, finalizaron.
MÁS REVELACIONES DEL CASO ALI JASIEL
La noche del viernes 22 de septiembre, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío informó a medios de comunicación que el feminicida de la doctora Suárez en Los Cabos “ya tiene dos días detenido”, mientras que apenas esa misma noche, la PGJE lanzó un comunicado urgente con la leyenda: “A 4 días de los hechos lo capturó y dejó a disposición de la autoridad judicial”, información que difiere entre sí.
Sin embargo, fue hasta el lunes 25 de septiembre que Daniel de la Rosa Anaya, Procurador de Justicia en el Estado, confirmó lo que ZETA ya había señalado: Martín Heriberto ingresó sin el uso de la fuerza al domicilio y la atacó en el interior de su departamento.
“A raíz de los datos de prueba que se han venido integrando a la investigación pertinente, cómo esta persona, el presunto responsable, ingresó al domicilio o al departamento de la víctima, lo hizo sin ninguna violencia; esta persona llamó a la víctima y le pidió el acceso, es cuando se introduce a la habitación, al departamento, y posteriormente agrede a la víctima y por ello está también judicializado por el delito de violación y la priva también de la vida”, comentó Daniel de la Rosa.
Evidencia del día del cruel asesinato de Suárez Reyes fue exhibida por la PGJE: después de entrar a su departamento, su agresor la golpeó, violó y asfixió; luego colocó su cuerpo en el interior de una maleta.
Mediante una orden judicial se realizó el cateo en el domicilio de la víctima, en donde se encontraron diferentes restos orgánicos y posiblemente químicos con los que trató de borrar la evidencia; después solicitaron autorización judicial para realizar un nuevo cateo en el departamento del presunto responsable, que era el domicilio contiguo (compartía pared con su víctima).
Ahí fue localizado el teléfono celular de la víctima y otros objetos; el teléfono fue presuntamente utilizado para contestar mensajes y pedir dinero en nombre de la fallecida, esa fue la razón principal que una de sus amigas detectó una conversación sospechosa que la llevó a llamar a los números de emergencia.
“Después de estos hechos, esta persona se traslada a bordo del vehículo de la víctima hacia una plaza comercial donde hace un retiro de efectivo con la tarjeta también de la víctima, la cuenta de la propia doctora; hace un retiro y ahí deja abandonado el vehículo. Se baja del vehículo y se va a la cajuela, a depositar algo, a revisar algo. El siguiente donde se vuelve a subir al vehículo, se queda algún tiempo específico en el mismo y posteriormente se baja del vehículo; ahí se va a observar que se baja del mismo vehículo de la víctima y se retira con dirección hacia el domicilio, se quedan unos minutos ahí en el a la altura del cofre y se va con dirección a la calle”, reveló De la Rosa Anaya.
Los videos presentados por la Procuraduría muestran al camillero del IMSS entrando al cajero, utilizando el vehículo de la víctima y caminando, después de abandonar el auto; debido a esto fue identificado y detenido en las calles de la misma colonia Guaymitas.
“Se otorgó un mandamiento judicial, una orden de aprehensión, específicamente, donde se le giró en contra del presunto responsable de nombre Martín Heriberto ‘N’, originario de Sinaloa y con residencia ahí en San José del Cabo; esta persona trabajaba ahí en la institución en la que trabajaba también la joven víctima y (también) vivía; lo reitero, es un vecino, vivía a un lado del departamento de la joven, de hecho aprovechó esta persona que la joven víctima solicitó comida a través de la plataforma de Uber Eats, y aprovechó cuando fue el que le llevó la comida e ingresó al domicilio”, concluyó Daniel de la Rosa.
LUCHA “MEDIOCRE” CONTRA LA INSEGURIDAD
Sara Morales, activista en defensa de los derechos de las mujeres, externó su preocupación, pero sobre todo su hartazgo, ante la falta de políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres.
Indicó que si las instituciones públicas atendieran las demandas de las mujeres se podrían erradicar verdaderamente los ataques en su contra, y se podrían reducir los índices de violencia contra la mujer.
“¡Basta ya, basta ya! Yo estoy aquí porque estoy harta, harta, harta, harta, de los resultados mediocres en todos los niveles de gobierno y sé que ustedes por eso están aquí reunidos conmigo, porque no es suficiente y nos dimos cuenta que ya no son suficientes. Entonces nosotros hay que hacerlo”, lanzó Sara Morales.
Criticó que ahora sí las instituciones salieran a la calle a vigilar el respeto a las mujeres y que tenga que haber una muerta para que se pongan a trabajar, pero que aún en las calles, no existan políticas en razón de género.
“Me gustaría escuchar este panel, porque para eso es esto, para que llegue a los oídos de los políticos, que ahora sí están muy involucrados en esto, ¿pero por qué tenemos que esperarnos a que el niño se ahogue para tapar el pozo? ¿Por qué no tenemos políticas preventivas? ¿Por qué tenemos que esperar a que sucedan las cosas y no ser visionarios en algo?”, señaló Morales.
Externó que el ataque a Ali Jasel es sólo el reflejo del nivel de violencia que está padeciendo la comunidad femenina, principalmente en el municipio de Los Cowboys, donde la violencia desde casa sigue a la alza.
Por ello hizo un llamado a las y los jóvenes para alzar la voz, que ya no se permitan más ataques a las mujeres.
“Están sucediendo cosas en nuestra sociedad que ya parecen increíbles. Vivir en Los Cabos hace unos años era impensable vivir los grados de violencia que estamos alcanzando porque no sólo es el incremento en los índices de violencia, sino cómo se están ejecutando esos actos de violencia; y es tan atroz que es necesario sentarnos a reflexionar, con calma de qué manera vamos a participar y nos vamos a involucrar”, indicó Sara Morales.
AYUDA PARA MARIANA CUREL
En enero de este 2023 la vida le cambió a Mariana Curiel, cuando empezaron a construir a lado de su casa en la comunidad de San Pedro; ella les pidió a los encargados de la construcción, primero, que dejaran de dañar su propiedad, ya que su construcción estaba provocando afectaciones a su vivienda, y segundo, que no contaban con licencias de construcción y permisos para afectar a la fauna y flora de la zona.
Al hacer caso omiso los denunció por daños a la propiedad y afectaciones al medio ambiente, pero eso sólo encendió el odio de sus vecinos y su personal en su contra. Mariana le había comprado su predio a Manuel Salvador; al tiempo, éste regresó y trató de venderle el predio contiguo, en el que ahora estaban construyendo, pero se negó.
Para mayo todo explotó. Con lágrimas, Mariana denunció que habían sobrepasado los límites, pues dañaron sus autos, su cerca y otras pertenencias, además la amenazaron con “violarla y matarla” y todo porque querían que comprara el terreno contiguo.
“Temo por mi vida, pero ante la respuesta que me dio el órgano interno de control de la Procuraduría se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; ya ellos tienen los videos y tienen la evidencia. Pero en sí no han avanzado mis procesos. Aparentemente ya están por judicializarse, sólo estoy esperando las fechas de las audiencias y en espera de encontrar justicia pronto”, externó Mariana.
La noche del 18 y madrugada del 19 de mayo del 2023, hombres entraron a su propiedad y provocaron destrozos; dijo ella que eran acompañados por Agentes Estatales de Investigación Criminal, identificando la unidad CF-32-111 un día antes y uno después de los daños.
Aunque les quebraron todos los vidrios a sus dos autos y destrozaron seis cámaras de vigilancia, por fortuna todo quedó respaldado en la nube esa noche, y hoy es evidencia principal. Lamentó que los mismos oficiales le hayan dicho “eso le pasa por denunciarlo”; por todos los atropellos levantó las denuncias 374/2023 /NUC, 3312/2023/NUC y 2251/2023/NUC/2023 ante la PGJE.
Mariana externó que decidió hacer pública su denuncia por el temor que siente, ya que, dice, están protegiendo a sus agresores, además del abuso de autoridad que sufre, por lo que espera sean detenidos antes de que algo le suceda.
