La diputada del Partido Acción Nacional Alejandrina Corral Quintero presentó una denuncia contra el exalcalde de Tijuana Arturo González Cruz por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones.
Tras presentar el recurso ante la Fiscalía Regional Tijuana, este martes 17 de octubre, la diputada de la XXIV Legislatura de Baja California señaló que a los 20 días de haber asumido la presidencia municipal, en el XXIII Ayuntamiento, el actual diputado federal del Partido Verde Ecologista de México decidió adquirir una deuda pública por 589 millones de pesos, en un afán de celebrar un contrato plurianual con la empresa Global Sight para la adquisición y mantenimiento de cámaras de seguridad.
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Sostuvo que con esa maniobra, González Cruz se excedió en su ejercicio constitucional, pues además de haber sometido a votación del cabildo el proyecto de deuda debió haberle solicitado autorización al Congreso de Baja California, requerimiento al que, según expuso, no se apegó.
“Por el hecho de exceder y por ser deuda pública debió de haberle pedido autorización al Congreso del Estado y en este caso que nos ocupa en lo particular no hubo ningún tipo de autorización”, remarcó la legisladora local.
“Por eso estamos iniciando esta denuncia, porque no cabe duda que seguimos en los hechos de corrupción por parte de los gobiernos de Morena”, mencionó.
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Refirió que con base en una revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos de Baja California, detectó “muchos actos que ameritan, una sanción, ya sea una sanción leve, grave, inhabilitación o incluso la presunción de un delito”, con el pormenor de que igualmente se percató de que “los órganos de control interno no están haciendo nada”.
De ahí que solicitara al Congreso del Estado revisar esa presunta omisión, indicó.
“Iniciamos con Tijuana y Tecate para ver qué estaba sucediendo con el órgano de control, que en este caso debe de ser el síndico procurador, para darle seguimiento al trabajo ya efectuado en el tema de las auditorías que se llevaron a cabo. Me lo mandan a la comisión y ahí se pierde otra vez”, deploró.
A la sede de la Fiscalía General del Estado en Tijuana acudieron junto con la diputada los presidentes de los comités directivos estatal y municipal del PAN, Mario Osuna Jiménez y Christopher Domínguez Meraz.
El líder municipal detalló que conforme al contrato, establecido a 7 años, “fija una prestación por encima de 70 millones al año para la adquisición y mantenimiento de cámaras”.
Calificó de elevada semejante cantidad, siendo que se trata de “un tema que no sabemos dónde está y que no se ve en materia de seguridad”, opinó.
Corral Quintero añadió que el Ayuntamiento a cargo de González Cruz contrató los servicios de Global Sight por adjudicación directa y que aun cuando debió haberle solicitado “la garantía que tenía de cumplimiento, que era por 53 millones de pesos”, se abstuvo de proceder con esa solicitud.
“Contrató la empresa sin haber estos entregados lo correspondiente”, aseveró la legisladora y agregó: “Dentro de la misma denuncia también pusimos la duda razonable, porque por el solo hecho de que la empresa haya sido una adjudicación directa, la celebración del contrato, y que ellos no hayan proporcionado la cantidad de fianza requerida existe la presunción también de un enriquecimiento ilícito, porque de alguna manera ellos cubrieron a algún servidor público, que se le haya eximido de tal hecho”.
De los otros involucrados en la supuesta adquisición irregular, Corral Quintero precisó: “También intervino el ex síndico procurador, el ex tesorero y en estos casos se le debe de dar seguimiento”.
Por otro lado, aseveró que la secretaria de la Función Pública, Rosina del Villar Casas, no ha procedido en consecuencia a los señalamientos que se han hecho con motivo de las presuntas irregularidades en que incurrió González Cruz.
“Vemos que no está trabajando, no está haciendo absolutamente nada. Entonces aquí lo único que estamos viendo es que posiblemente lo único que está haciendo es que transcurran los términos para luego que le prescriban los delitos. Lo que ella no sabe es que existe una figura penal en la que esta señala que quien no le dé cumplimiento total a las observaciones hechas por los órganos de fiscalización incurre también en un delito”, refirió a pregunta de ZETA la diputada del PAN.
“Vivimos en un estado de opacidad en donde las denuncias que se presentan en la Fiscalía no prosperan desagraciadamente”, dijo a su vez el dirigente estatal, Osuna Jiménez.
“Estamos exigiendo que esta nueva fiscalía (a cargo de María Elena Andrade Ramírez) de verdad atienda su responsabilidad porque hay varias denuncias que estamos presentado y que desgraciadamente no ha prosperado absolutamente nada”, asentó.
