Los cerveceros artesanales de Tijuana buscarán ampararse y piden el apoyo del gremio gastronómico ante el impacto que representa cumplir con la reforma a la Ley de Alcoholes en Baja California, que los obliga a contratar a personal de seguridad privada, instalar botones de pánico, detectores de metal y cámaras de videovigilancia con un sistema que se pueda compartir con el Centro de Control y Mando (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
La multa es cercana a los 104 mil pesos, es decir mil Unidades de Medida (UMAS), de acuerdo al artículo 18 TER. La multa se aplica en caso de que cualquier establecimiento que preponderantemente venda bebidas con graduación alcohólica, incumpliendo con el artículo 18 BIS aprobado en mayo de 2023 y que entró en vigor el pasado 9 de septiembre.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Alcoholes, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal ha levantado 13 actas administrativas con carácter de multa y clausura, y 21 actas más únicamente con carácter de multa.
Por lo que el sector artesanal pide ajustar las medidas y hacer otra reforma o cambios a los lineamientos para tener mayor claridad del equipo al que cada establecimiento están obligados.
“La seguridad, el Estado nos la tiene que proveer. Nosotros no tenemos que proveer eso. Por otro lado, lo que propicia esta ley es un gasto innecesario para nosotros. Ahora nos están pidiendo unos tipos de cámaras, que si tenemos un sistema viejo lo tenemos que cambiar. Botones de pánico, que no sabemos ni cuántos porque la ley es muy ambigua. No sabemos ni quiénes tenemos que tener todo eso. Dice que un negocio que predominantemente venda alcohol, pero no sé cómo el gobierno va a estipular(lo), si todos los cerveceros vendemos comida”, se cuestionó Rubén Valenzuela, presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Tijuana.
Por su parte, Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, señaló que “desafortunadamente nuestras leyes son generales, no son de aplicación particular. Le faltó una gran labor de cabildeo al sector. Pero se pueden aplicar cambios; por ejemplo, en caso de un establecimiento donde ya se han registrado riñas, problemas y la sanción, las medidas deberían ser un poco distintas”.
Entre las ambigüedades de la ley sobre los lineamientos publicados en el periódico oficial, está las cantidades de botones de pánico y cámaras de vigilancia estilo PTZ con resolución mínima de 2 megapixeles. Tampoco se menciona sobre la cantidad de agentes de seguridad privada acorde, o sobre contrastarlo con el aforo, ni los detectores de metales para localizar armas.
“Le comparto a la ciudadanía el número de WhatsApp de la Dirección de Inspección y Verificación, la cual está verificada las 24 horas, los 7 días de la semana, y tenemos un tiempo de respuesta de 30 minutos a una hora, aproximadamente. El número es (664) 616-33-39. Muy importante las denuncias ciudadanas porque esto agiliza el trabajo”, comentó Michel García Arceo, coordinadora de la Dirección de Inspección Municipal.
