Rafael Hernández Murrieta, quien fuera titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Baja California presentó su renuncia al cargo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda debido a los conflictos entre colectivos originados porque algunos no estaban de acuerdo con que él ocupará dicho cargo, mientras otros sí, esto de acuerdo con el secretario general de gobierno, Catalino Zavala.
“Presentó su renuncia a la gobernadora por sus consideraciones personales, lamentamos que eso haya ocurrido, lo invitamos a que se mantuviera y continuará trabajando; lamentablemente él asume una actitud responsable planteando las diferencias que hay entre colectivos, que no se han podido superar, y presenta su renuncia”, mencionó.
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Será hasta que la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Baja California se publique que se lanzará de nueva cuenta una terna para elegir al nuevo titular de la dependencia, lo que según el funcionario podría ocurrir en un mes por los tiempos del Congreso del Estado.
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“Estaríamos esperando que ya con la publicación, que es un acuerdo con los colectivos, ahí vienen el procedimiento y los requisitos para el nombramiento del comisionado de búsqueda, más o menos un mes”, manifestó.
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De momento la coordinadora de la Comisión Local de Tijuana, María Antonieta Sauceda es la encargada de despacho.
Sobre si con la renuncia de Hernández Murrieta las búsquedas y demás labores de la comisión están en riesgo de sufrir retrasos o cancelaciones, aseguró “ya revisamos con Fiscalía el tema de las autoridades y las búsquedas que están en agenda, nada se ha afectado por la renuncia y se mantiene funcionando toda la estructura del Estado”.
La renuncia de Rafael Hernández Murrieta se dio tras los acuerdos a los que llegaron los colectivos del Movimiento Estatal Unidos por los Desaparecidos de Baja California y la gobernadora del Estado, entre los que estaba el despido del ex funcionario a cambio de liberar el bloqueo que mantuvieron durante un mes en las instalaciones de la Comisión Local de Búsqueda de Tijuana.
Entre las principales acusaciones de los colectivos inconformes con la gestión de Hernández Murrieta estaban las cancelaciones de 50 búsquedas de manera arbitraria, el presunto desvío de recursos, equipo en mal estado y preferencia por otros grupos de búsqueda.
