Al haber finalizado las campañas internas de la Cuarta Transformación para elegir a su representante rumbo a las elecciones de 2024, Homero Davis Castro regresó oficialmente a ocupar el cargo de secretario general de Gobierno del Estado, sosteniendo que todo el proceso de su licencia y firmas en documentos oficiales se hizo conforme a la ley.
El funcionario aseguró que no violentó los marcos legales por haber hecho activismo político a favor de Adán Augusto López Hernández y, al mismo tiempo, realizar funciones del titular de la Secretaría General cuando se encontraba con permiso para ausentarse del cargo.
En el mes de julio aparecieron diversos documentos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, los cuales contenían firmas de Homero Davis, quien, supuestamente, dejó el cargo en junio para unirse al equipo de Adán Augusto.
El secretario afirmó que su ausencia y regreso para firmar decretos está justificada según lo que establecen las leyes, por lo que exhortó a sus detractores a presentar las denuncias correspondientes si no concuerdan con su versión.
“Todo lo hice conforme a la ley, todo correctamente. Existe la facultad de poder pedir permiso, poder reintegrarte y solicitar el permiso. En ningún momento violentamos la ley. Si hay alguna inconformidad, que presenten las denuncias; pero no hay como tal”, declaró.
Cabe recordar que, en su momento ante este hecho, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, defendió a Homero Davis señalando que tiene derecho a irse y regresar al cargo cuando quiera.
Fueron las publicaciones en redes sociales de Homero Davis las que corroboraron que el funcionario con licencia (en ese momento) jamás suspendió sus labores en la campaña interna de Adán Augusto cuando firmó los decretos.
Entre el 21 y 26 de julio aparecieron firmas de Homero Davis en boletines oficiales donde se publicaron la Ley de Turismo, al Código Civil, a la Ley de Desarrollo Rural, Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios y a la Constitución, así como la elección de consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur y la expedición del Reglamento Interior de la Contraloría del Poder Legislativo.
A esto se suman las publicaciones de los decretos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley.
Miembros de la Oposición señalaron que preparan denuncias ante las instancias correspondientes, considerando una burla del gobernador y el secretario ante esta situación, que pudiese configurarse como un delito electoral; incluso legisladores mencionaron la posibilidad de llamarlo a comparecer.
