La gestión del morenista Víctor Manuel Castro Cosío enfrenta graves problemas financieros. ZETA revisó los estados financieros de Baja California Sur, y es de precisarse que en el estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de enero al 30 de septiembre del 2021, el Gobierno del Estado contaba con una deuda de tres mil 653 millones 963 mil 340 pesos. Según el mismo informe analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del 1 de enero al 31 de julio del 2023 ese total se elevó hasta los cinco mil 556 millones 911 mil 769.01 pesos, lo que demarca una deuda de casi dos mil millones de pesos en apenas dos años de la administración actual.
En lo que va de su gobierno, Víctor Castro ha endeudado a los sudcalifornianos por mil 902 millones 948 mil 429.01 pesos, y todavía ha solicitado dos préstamos más por el valor de 100 millones de pesos cada uno, de acuerdo con la Unidad de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda.
El 3 y 17 de enero de este 2023 solicitó dos préstamos para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”: el primero ante BBVA Bancomer, S.A., por 100 millones de pesos y se vence el 02 de enero del 2024; y el segundo a HSBC México, S.A., 100 millones con vencimiento el 16 de enero del 2024.
Los múltiples desaseos administrativos son notorios, tanto así que ya ha tenido en algunas ocasiones reclamos de ciudadanos, molestos por la falta de atención a sus solicitudes. “Vergüenza te debería de dar a ti venir a provocarme”, lanzó Víctor Manuel Castro Cosío, en contra del ciudadano Gustavo Álvarez García, quien se manifestó en plena convocatoria para hablar de los avances de su gestión.
Mientras el ejecutivo estatal se disponía a hablar de las necesidades que tiene su gobierno y solicitar la ayuda solidaria de los contribuyentes, empresarios, ejidatarios y campesinos, por la falta de recursos para solventar los problemas ocasionados por el Huracán “Hilary”, se escuchó fuerte y claro el reclamo.
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El reclamo dejó bajo nerviosismo a los presentes, sobre todo al secretario general de Gobierno, Homero Davis Castro, a quien acusó de agresor sexual, y al propio gobernador, antes de que fuera abordado por el dispositivo de seguridad.
A los minutos Álvarez fue retirado del lugar, “acompañado” por el equipo de protección del mandatario. Víctor Castro luego afirmó a la prensa: “Ustedes son testigos de que he aguantado dos veces, la tercera ya no me detengan. ¿Ya no están grabando? ¿No?”, y ahí no se detuvo el gobernador: “Yo voy hablar con Homero (secretario general) para que lo demande”.
AUDITORIÍA SEÑALA IRREGULARIDADES
En el informe detallado de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur hay 28 observaciones a la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) al cumplimiento y gestión financiera, así como a la obra pública.
En el documento se señala la falta de solvencia de 419 millones 12 mil 397.49 pesos. A lo que Carolina Armenta Cervantes, titular de la SEPUIMM, indicó que son observaciones a la administración anterior, aunque no hay sanciones o denuncias al respecto.
Los principales motivos por los que se hicieron las observaciones tienen que ver con una evaluación pobre de Control Interno, 27 de 100 por ciento. No hay un control de operaciones contables y presupuestales, por lo cual ni siquiera brindó información presupuestaria y programática, y no hubo documentación de enero a diciembre del 2021.
La cuenta pública mensual se presentó con retraso: de entrada, no se publicó en sus páginas electrónicas de internet la información financiera, no se localizó la evidencia de los informes sobre los contratos formalizados. La Secretaría no presentó el Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y modificado. Hubo incumplimiento en la integración del expediente de obra desde planeación, contratación, adjudicación, ejecución y terminación de esta.
También se encontraron obras que no contaban con la bitácora respectiva, con la evidencia del pago efectuado al contratista por concepto de anticipo.
A pregunta expresa sobre si se han detectado de cuáles obras son las referidas, la secretaria informó que no tiene información. “No, no tengo así como tal, la información así textual justamente qué obra, pero en su mayoría son obras de pavimentación; no traigo ahorita de memoria para especificarte qué obra es, pero la mayoría son de pavimentación”.
Sin embargo, destaca un ejemplo: los trabajos del Bulevar Agustín Olachea, en su tramo Avenida Tiburón a Tenochtitlán, debieron ejecutarse del 1 de octubre del 2022 al 28 de enero del 2023, con máximo de duración de 90 días naturales. La realidad es que esta obra dio inicio el 2 de enero del 2023, y a la fecha sigue cerrado el segundo cuerpo (aún bajo pavimentación).
Precisamente en una búsqueda exhaustiva a través del portal de Compranet de la Secretaría de Hacienda, no fue posible encontrar dichas obras que se señalan de las calles Gómez Farias y Allende.
DESASTRE EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El recurso público sigue siendo el talón de Aquiles para Víctor Castro. Además de los más de mil 900 millones de pesos de endeudamiento que ha acumulado el morenista, se le suman otros mil 246 millones 21 mil 206.67 pesos que la Auditoría Superior del Estado observó con irregularidades en la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur.
A la dependencia le hicieron 70 observaciones preliminares, de las cuales 39 fueron solventadas y 31 quedaron pendientes. En observaciones relevantes, la Auditoría detalló que no proporciona seguridad con miras de objetivos institucionales; tampoco cuenta con un levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles debidamente conciliado con los registros contables y la publicación en su página oficial por internet.
Además, respecto a las obras en proceso en el sistema contable, no se refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable. No remitieron la publicación del flujo de fondos de operaciones fiscales, tampoco atendió la solicitud de la documentación comprobatoria de transferencias por concepto de participaciones estatales.
De igual manera, no hay un padrón de beneficiarios conteniendo el nombre, concepto e importe otorgado y/o comprobante fiscal o recibo del beneficiario en el concepto de ayudas sociales durante el ejercicio fiscal 2021.
La Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur consideró que “en términos generales y respecto de la muestra auditada, se encuentra en posibilidad de emitir una opinión negativa y sugerir la no aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al 2021”.
Funcionarios estatales refirieron a ZETA que mucha de la justificación contable fue solventada con documentos efectuados durante la administración de Carlos Mendoza. Asimismo, indicaron que al momento se encuentra sostenible la cuenta, y están a la espera de las observaciones de la cuenta 2022.
A la fecha, en el portal de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur sólo se encuentran los procesos practicados a las cuentas públicas del 2020 y 2021.