Parlamento
En la última quincena se han producido muchísimas noticias que inquietan, muchísimos actos y hechos que provocan desde un arqueo de cejas hasta preludios de infarto. El paquete hacendario en su conjunto, visto como el circuito total de los ingresos, egresos, manejo de la deuda, patrimonio y rendición de cuentas, se nos presenta ya impúdicamente con toda su expresión de derroche, despilfarro y desdén a todo tipo de recomendación de prudencia en el manejo de las finanzas públicas. Las alertas que han publicado especialistas de la talla de Macario Schettino, en el sentido que estamos al borde del abismo y repetir historias de crisis generalizadas, endógenas y producto de la irresponsabilidad, deberían de ser motivo suficiente para que el país estuviera protestando con igual o mayor intensidad que el intento de secuestro del INE, el atentado a los libros de texto o la corrupción tan grave, lo mismo en las mega obras que en SEGALMEX.
Pero me centro en el déficit fiscal anunciado, y el otro déficit de conducta de lo que yo hubiera esperado de Marcelo Ebrard. De lo primero, hay que enfatizar que un 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto de déficit presupuestal (que no es otra cosa que el diferencial negativo entre los ingresos y los egresos programados), se lleva de corbata el récord de déficit más alto desde 1988. Este tipo de déficit, recordemos, se empleaba en los albores de la tecnocracia mexicana y hasta 1996, bajo la esperanza y supuesto de que tales endeudamientos serían inversiones “autofinanciables” o “gasto promotor de crecimiento”.
El concepto de endeudamiento para inversiones “productivas” es un concepto constitucional que debería de implicar en sí mismo, un límite a la deuda pública. El Artículo 4to de la Ley Federal de Deuda Pública, impone la obligación al Ejecutivo Federal de: “cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago, o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público”. (Énfasis agregado).
Para el 2024, dichos principios constitucionales y legales no se colman de ningún modo. Ni se explica de dónde se va a pagar semejante déficit que se adiciona a la deuda pública ya existente, ni se justifica la aplicación de recursos a inversiones “productivas” que generen el retorno de lo así endeudado. En cambio, resaltan nuevos mega recortes al sistema de salud, a la educación superior, al desarrollo urbano, al medio ambiente y al turismo, que agravan los propios déficits estructurales que les ha venido provocando este gobierno los últimos cinco años. Lo peor es que mucho del dinero de esa deuda va a inyectarse a las obras mal calculadas y sobrepagadas del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. Es decir, tendremos más deuda por inversiones no productivas a perfecto contrapelo de lo que señala la constitución y nuestras leyes.
El otro déficit es de tipo político. Marcelo Ebrard nos queda a deber. Se trata de aquel político que muy joven se desarrolló acompañando al ya ausente Manuel Camacho Solís. Más allá de los aciertos y desaciertos de su mentor, Marcelo entonces tuvo el talante para enfrentar la conducta indebida del régimen e irse del PRI. Luego coincidimos como diputados federales en la LVII Legislatura, que corrió de 1997 al 2000. Fuimos parte de la oposición unida que logró marcar una pauta mucho muy importante, para la instalación de la división de poderes auténtica por primera vez, desde 1917. Marcelo pertenecía a una pequeña minoría legislativa de cinco diputados del verde ecologista, pero que sumaron eficientemente en los aspectos fundamentales de aquella transición, hacia la verdadera alternancia en el legislativo.
No fueron pocas las veces que bailó al ritmo del entonces PRI-Gobierno, pero en lo fundamental estuvo con la oposición: instalación de la nueva cámara; primer presupuesto modificado por legisladores, a pesar de los deseos del ejecutivo; y no se diga, la política que implementamos de topar al déficit a no más de medio punto por ciento (0.5%) del PIB.
Sin embargo, el déficit y deuda que tiene Marcelo es de orden político, pues me parece banal y timorato, el que todavía siga perdiendo su tiempo en Morena alegando el ejercicio de recursos de la “normatividad interna” de ese partido (que perfectamente él sabe que son inocuos) Pero el déficit democrático y de apego a una exigencia mínima de cumplimiento al Estado de Derecho tiene que ver con su negligente y conveniente falta de denuncia ante la Fiscalía por los delitos de corrupción y/o de tipo electoral que pudieran existir.
Si Marcelo tiene pruebas para tratar de modificar el resultado de la elección de un órgano partidista, basadas en el desvío de recursos, en la coerción de servidores públicos hacia sus subordinados y de servidores públicos hacia ciudadanos, ¿cómo es posible que no haya presentado las denuncias correspondientes de peculado, uso indebido de facultades, abuso de autoridad, entre otros? Dichos ilícitos pudieran tener conexión incluso para generar denuncias por los delitos de coalición de servidores públicos y hasta lavado de dinero por simulación. ¿Cómo es posible que no ha presentado su renuncia a Morena, como sí lo hizo respecto del PRI en su momento, mediando entonces muchas menos agresiones políticas hacia su persona?
Es por ello que sostengo que, si por un lado el Gobierno de la República nos dejará bien endeudados y en situación de crisis financiera general a finales de 2024; en lo político, mientras Marcelo no denuncie los delitos que vio y de alguna manera padeció, también nos queda a deber. Triste el panorama.
El autor es maestro en Derecho y fue diputado federal de la LVII Legislatura (1997-2000), ex cónsul general de México en Estados Unidos, subsecretario de Gobernación y ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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