El pasado mes de junio, Karina fue informada por las instituciones bancarias en las que tiene suscritas dos cuentas financieras personales y por otro banco, donde está como autorizada en dos cuentas de dos empresas dedicadas a la venta de combustible en Tijuana, que fue introducida a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como medida preventiva derivada de una investigación en la que existen indicios de que probablemente ella o las personas morales con las que se le vincula realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La misma notificación, con el bloqueo o congelamiento de sus cuentas bancarias, recibieron entre junio y julio de este año, 61 sociedades civiles y mercantiles, especialmente gasolineras, así como seis personas físicas relacionadas con esos negocios que tienen como sede la ciudad de Tijuana, pero cuyas sucursales en otros municipios de Baja California también resultaron afectadas.
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y ésta a su vez a los bancos, inmovilizar los recursos en esas cuentas.
La medida cautelar cayó por sorpresa a las empresas perjudicadas, entre las que se encuentran estaciones de servicio de combustible, boletería electrónica, venta de tarjetas y vales de gasolina, facturación y el equipo de beisbol Toros de Tijuana, así como sus negocios conexos que inicialmente se vieron en dificultades económicas al no poder utilizar sus haberes para solventar pagos, hacer compras o cubrir las nóminas de sus trabajadores. Sin embargo, a través de juicios de amparo indirecto, sus equipos jurídicos obtuvieron la suspensión del acto reclamado, permitiéndoles acceder a sus recursos financieros de manera condicionada en tanto avanzan los recursos legales.
Pese a que no se ha demostrado responsabilidad en alguna conducta ilícita, la representante legal de las compañías sancionadas preventivamente desconoce las razones del aseguramiento de las cuentas bancarias. Los siete jueces de Distrito de Tijuana que conocen de al menos 67 juicios de garantías, advierten que “la inclusión de una persona en el listado de bloqueo emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera solamente se traduce en el despliegue de una medida cautelar de índole administrativa referida al sistema financiero, y no en que la persona en cuestión se encuentre realizando una conducta penal”.
Sin embargo, entre las sociedades mercantiles bloqueadas se encuentra una que desde 2019 se encuentra estigmatizada por su presunta relación con negocios ilícitos de Genaro García Luna, ex secretario federal de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012): Gasmart. De hecho, dos compañías con razón social similar –Gasmart Proveedora de Servicios, SA de CV y Gasmart Distribuidora de Combustible, S de RL de CV- fueron sancionadas por la UIF con el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Extraoficialmente trascendió que las empresas afectadas en Tijuana habrían contratado los servicios de Gasmart como compañía outsourcing durante algunos meses y esa relación les ha lastimado durante el curso de las investigaciones en contra de García Luna, pues inicialmente la Fiscalía General de la República (FGR) libró órdenes de aprehensión en contra de personas supuestamente allegadas al ex funcionario, entre las que figuran siete avecindadas en Tijuana -seis de ellas relacionadas con empresas bloqueadas-, y segundo, la UIF procedió al congelamiento de las cuentas bancarias de esas personas físicas y jurídicas.
ÓRDENES DE CAPTURA
En apariencia, las empresas enlistadas por la UIF no estarían relacionadas con Genaro García Luna, ya que de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-MEX/000270/2020, que dio origen a la causa penal 43/2023, de la estadística del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México -con residencia en Almoloya de Juárez, Altiplano- se desprende que los hechos están vinculados con los actos de corrupción de las concesiones de los centros penitenciarios federales que datan desde la administración presidencial de Felipe Calderón.
De acuerdo con esa indagatoria, se presume “la existencia de un grupo criminal que operó entre junio de 2011 a diciembre de 2019, liderado por Genaro García Luna. Dicha persona aprovechó su cargo como secretario de Seguridad Pública para obtener recursos a través de contratos celebrados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), canalizando recursos a entidades controladas por él, sus familiares y socios comerciales. Que entre dos mil doce y dos mil diecisiete el grupo señalado celebró diez contratos ilícitos a través del OADPRS, por la suma de 5,112 millones de pesos, con la empresa Nunvav Inc, creada para triangular cantidades millonarias de recursos.
“El plan global de operar recursos ilícitamente obtenidos de la distracción de recursos del OADPRS, comprendieron la constitución de empresas fachadas, contratación de instrumentos financieros y la celebración de contratos (diez) por adjudicación directa con la empresa Nunvav. Se identificaron a veinte servidores públicos que facilitaron la liberación y distracción de recursos públicos de carácter federal, participando activamente en la celebración de los contratos y actos subsecuentes, permitiendo que la organización obtuviera recursos para dispersarlos a través de movimientos o transacciones en el sistema financiero, con la finalidad de ocultar su destino”, destaca el argumento de la FGR.
Presuntamente, de acuerdo con una investigación publicada en 2021 por Ríodoce y Quinto Elemento Lab, en las triangulaciones participaban diversas empresas como Grupo Gasmart -de accionistas sinaloenses-, que habría recibido de Nunvav 42 millones 082 mil 734 pesos entre los años 2017 y 2019. A su vez, “Gasmart envío 20 millones 200 mil pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, de García Luna”, refiere la indagación periodística que involucraba a empresarios del equipo de beisbol Algodoneros de Guasave, como Alfredo A.
Por su parte, las empresas tijuanenses del ramo de los combustibles estarían implicadas a través de Gasmart, lo que también arrastró a los negocios del beisbol.
Por el asunto de los presuntos contratos ilícitos del sistema penitenciario federal y las triangulaciones de dinero, el juez (de Distrito) de Control en Almoloya de Juárez, dictó 61 órdenes de aprehensión el 4 de abril de 2023, aunque la FGR dio a conocer la información hasta el 22 de mayo. Entre los indiciados se encuentran Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez; sus hermanos Humberto, Esperanza, Luz María y Gloria García Luna; su primo Oswaldo Luna Valderrábano, entre otros parientes, socios, ex funcionarios del OADPRS, empresarios y personas que administraban o estaban autorizadas en las cuentas bancarias de las empresas del ramo gasolinero.
La lista de mandamientos de captura la completan Jonathan Alexis W, Mauricio Samuel W, Jorge Luis C, Rosalba T, Esthela D, María Vanesa P, Francisco C, Gabriel C, Natán W, Félix V, Roberto S., Juan Eladio M, Héctor C, Guadalupe D, Jesús Alejandro B, Edgar Anuar R, Juan Pablo R, Brenda Berenice B, Cristina G, Verónica Begoña G, Arturo S, Mara Thelma V, Jannet G, Gonzalo V, Antonio R, Saúl C, Paulo U, Fermín R, María Mavela A; Eduardo Enrique G, José Luis L, Javier H, María Lidia A, Jaime Á, Jesús Alberto C, Emanuel C, Antonio M, Eduardo G, Jesús Gabriel P, Rafael P y Salvador C.
También los sinaloenses Alfredo A, María H y su hermano David H; Jorge Luis H, Jesús Artemio T y Roberto O; los tijuanenses Rubén Darío L, Ramón Alejandro R, Karina Argelia M, Raúl B, Ximena Abigail V, Manuel Alberto C y Jorge Luis R. Estos últimos, con excepción de Jorge, ligados a empresas gasolineras bloqueadas por la UIF en Baja California, quienes ya se defienden a través de amparos en contra de la Interpol y ficha roja. Las 61 personas son imputadas por el delito de delincuencia organizada, además, los ex servidores públicos deberán responder por el ilícito de peculado.
CUENTAS CONGELADAS
Después del ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la República, la UIF emitió el Acuerdo 189/2023, a través del cual incluyó a diversas personas a la Lista de Personas Bloqueadas e instruyó poner a disposición de las entidades financieras, a través de la CNBV, el nombre de los individuos que se agregaron a dicho listado, a efecto de proceder a la suspensión inmediata de la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios, imposibilitando tanto el abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que estas últimas contengan, incluyendo los casos en que la persona designada apareciera como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado.
La instrucción, ejecutada a través del oficio 110/G/315/2023, incluyó 429 cuentas bancarias, la mayoría relacionadas con las empresas y personas antes mencionadas en Tijuana.
A través de 67 juicios de amparo, cuyos acuerdos se han publicado desde junio en el portal del Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF), ZETA documentó el congelamiento de las cuentas de 61 sociedades civiles y mercantiles, además de seis personas físicas afectas a las mismas empresas, independientemente de siete demandas de amparo en contra de las reseñadas órdenes de aprehensión.
Las cuentas inicialmente inmovilizadas por la UIF se encuentran a nombre de Servicio El Triángulo del Refugio, S de RL de CV; Baja Alliance, S de RL de CV; Círculo Dos, SA de CV; Gasmart Proveedora de Servicios; Estación Grugas, S RL de CV; Totalizadora de Combustibles, S de RL de CV; Estación de Servicio La Puerta de México, S de RL de CV; Gasmart Distribuidora de Combustibles, S de RL de CV; Estación La Victoria, SA de CV; Estación Rio Tijuana, S de RL de CV; Corporativo de Energía, Servicios y Desarrollo de Negocios, S de RL; Estación Ámbar, S de RL de CV; Servicio El Octano, S de RL de CV; Estación Cucapah, SA de CV; Combuservicios Mexicanos, S de RL de CV; Petrolíferos La Territorial, S de RL; Enerfuel Tech, S de RL de CV; y Apoyos y Suministros Comerciales e Industriales, SA de CV.
También figuran Gasolineros de Tijuana, SA de CV; Estación Rael, S de RL de CV; Distribuidora de Aditivos Baja, S de RL de CV; Maxgas, S de RL de CV; Gasmax, SA de CV; Distribuidora Baja Gas, S de RL de CV; Combuservicios Inmobiliarios del Noroeste, SA de CV; Servicio Helix, S de RL de CV; Estación de Servicio León, S de RL de CV; Servicio Calipso, S de RL de CV; Servicio Drako, S de RL de CV; Combuservicios Internacionales, S de RL de CV; Estación de Servicio Puerta Grande, S de RL de CV; Servicio Efigas, S de RL de CV; Skygas, S de RL; Estación Hipódromo, SA de CV; Enerred, S de RL de CV; Administradora Profesional de Gasolineras de México, S de RL; Servicio Cibola, SA de CV; Estación de Servicio Calafia, S de RL de CV y Estación de Servicio Sagitario, S de RL de CV.
La lista continúa con Monedero Electrónico Xiga, SA; Enememo, S de RL de CV; Enerser Edificaciones, SC; Villafloresta de Tijuana, SA de CV; Inmobiliaria Anadeca, SA de CV; Estancias Infantiles de Baja California; Rh Habilidades Integrales de Personal, SC; Servicio Inteligente de Administración, SC; Asesoría de Personal, SC; Multiboletos, SA de CV; Promotora de Boletos, SA de CV; Toroalimentos y Bebidas, S de RL; Agencia Internacional de Beisbol, S de RL de CV; Academia de Beisbol de Alto Rendimiento, AC; Toroshop Tía Juana, S de RL de CV; Fundación Toros por el Beisbol, AC; Fundación Mudavuri, SA de CV; Estadio de Beisbol Toros de Tijuana, S de RL de CV; Grupo Uribe BAP SAPI de CV; además de los particulares Rubén Darío L, Ramón Alejandro R, Karina Argelia M, Raúl B, Ximena Abigail V y Manuel Alberto C.
ZETA intentó conocer la versión del grupo gasolinero afectado, que accedió a responder escuetamente un cuestionario, ya que aseguran no contar con información suficiente de las acciones de la UIF en su contra y “se encuentran en curso las acciones y procedimientos legales por parte de las diversas empresas del grupo, con la finalidad de conocer los motivos y fundamentos de las autoridades respectivas de manera específica”. Sin embargo, en su respuesta afirman que “no existe, ni ha existido vinculo legal o comercial con dicha persona (Genaro García Luna) en lo particular ni como funcionario público”.
Por sugerencia del área jurídica, el consorcio no proporcionó el número de empresas y cuentas bloqueadas, pero dejó en claro que “Derivado de las acciones legales implementadas se ha permitido disponer de los recursos de las cuentas bancarias, como se reitera, se está aclarando tal situación ante las autoridades competentes y desde luego no se ha dejado de cumplir con ningún tipo de obligación, toda vez que Grupo (sic) es una empresa socialmente responsable y que vela por el cumplimiento normativo a cabalidad”.
Hasta el momento, de los 67 juicios de amparo iniciados contra cuentas inmovilizadas por la UIF o los siete juicios de garantías contra órdenes de aprehensión promovidos en Tijuana, ninguno se ha resuelto, solventándose por ahora lo concerniente a suspensiones provisional o definitiva, en tanto en los siete Juzgados de Distrito de esta ciudad se siguen recabando los informes de las autoridades responsables.
Más del 90 por ciento de las cuentas bancarias congeladas corresponden a Banco Mercantil del Norte (Banorte), según se desprende de los acuerdos publicados frecuentemente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del CJF.
