El mismo día que María Elena Andrade Ramírez asumió el cargo de Fiscal General del Estado, la institución emitió un comunicado de prensa oficial, donde anunció la #cacería mediática# en contra de dos empleados de la empresa Banca Afirme, acusada de la retención de 123 millones de pesos de manera irregular, y pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Cabe recordar que desde el año 2022, el Gobierno del Estado, a través de la consejería jurídica, a cargo de Juan José Pon, presentó un recurso legal en contra de dicha banca, por la retención del millonario monto, el cual concertó la administración de Jaime Bonilla Valdez, que sería utilizado para abrir un fideicomiso acordado con la empresa Next Energy, que construiría la planta fotovoltaica.
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El litigio se ha extendido por más de un año y varios funcionarios de la administración de Bonilla Valdez continúan bajo un proceso judicial por el delito de peculado, entre otros señalamientos.
El miércoles 23 de agosto, la FGE emitió un comunicado donde exhibió a los de nombre Nabor Medina Garza y David Alejandro Rodríguez Jacobo, empleados de Banca Afirme, como prófugos de la justicia, por el delito de abuso por retención, que consta en la causa penal 5312/2022.
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Como incentivo, la propia institución ofrece una recompensa de un millón de pesos para quien brinde información del paradero y que concluya en la captura de ambos funcionarios del banco.
Según información obtenida por ZETA, ambos empleados de la institución bancaria han faltado a seis comparecencias establecidas por el Juez de Control, de las cuales dos fueron justificadas por COVID-19.
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Las fechas en las que justificaron su ausencia son el 14 de diciembre del 2022; 19 de enero del 2023; 26 de enero del 2023; 10 de febrero del 2023; 24 de febrero del 2013; y el 3 de marzo del mismo año.
Mientras se retrasaban los procesos, la banca y sus funcionarios presentaron una serie de recursos legales en contra de la orden de aprehensión.
El 10 de mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los recursos por el cual los denunciados pretendían evitar que se ejecutaran los mandamientos judiciales.
Cabe señalar que varios juzgados federales han emitido resoluciones en el sentido de que Banca Afirme debe regresar los 123 millones de pesos a las arcas estatales, pero dicha institución se ha negado a hacerlo.
El día de hoy, viernes 25 de agosto, se resolverá un incidente promovido por Nabor y David, con el que buscan obtener una suspensión provisional que les permita burlar la orden de aprehensión.
Dicho proceso se está litigando en Monterrey, Nuevo León, por parte de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. En caso de que sea rechazado, el mandamiento judicial continuará vigente.
