Por el deficiente trazado de infraestructura, sin inteligencia urbana, sin proyecto de desarrollo de largo plazo, sin orden de crecimiento, con decisiones improvisadas, sin planeación, sin una clase política inepta en sospechar el intenso crecimiento fronterizo de operación técnica, sin prevenir estas camisas de fuerza; fueron otorgados permisos de construcción alegremente por municipios, ante presiones y ofertas de todo tipo. El cártel inmobiliario de CDMX, se repite pero con tapaderas, impunidad y silencios.
Tijuana es un ranchote urbano. Por sus graves carencias múltiples, “ciudad” le viene grande ese título. Tijuana es un fenómeno complejo y enredado por intereses de gremios y sectores privados en movilidad, constructoras, densidad de población y consecuencias colaterales, como el rezago criminal en décadas de servicios de salud, educación, agua, manejo de residuos, la contaminación, salud mental e infraestructura. Aún no entendemos sus impredecibles consecuencias a mediano y largo plazo.
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El crecimiento de la construcción vertical en forma extraordinaria es comentario en corrillos de que hay una avalancha de lavado de dinero y sus intocables financieros en esas obras, que hasta ciegos advierten que donde había una vivienda ahora habrá 50 o más.
¿Qué obra efectiva ejecuta el Estado y la “honorable, prestigiosa iniciativa privada” (IP) a un experimentado y conocedor arquitecto dedicado al cálculo estructural? Sorprendente, dura respuesta para una ciudad con tantos recursos fiscales, donde todos pagamos impuestos de consumo, de la renta, del trabajo, en contratos, etc. Pero mismas contribuciones que desaparecen desde el origen de esta frontera, desde siempre. Me comenta el arquitecto que sólo reconstruyen el tercer piso de la UABC en Zona Río y unos pocos edificios en su campus (es la obra en construcción de carácter público); las únicas…
No se construye nada más. Ni hospitales periféricos en el este de la ciudad, extensiones de clínicas de la Secretaría de Salud, secundarias, preparatorias técnicas, o un Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). O tiendas del IMSS, CONASUPO o ISSSTE. Parece que el Estado no existe, y que aquí se pagan poquísimos impuestos o nada.
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Y mientras, la ciudad crece a tambor batiente y siguen llegando a diario cientos de mexicanos y extranjeros a esta frontera al lado de California, un gigante de la economía internacional y un poderoso imán para millones con “síndrome de la maleta”.
Pero el resto es capital privado y de consecuencias urbanas impredecibles en el crecimiento de la demanda de agua, de energía eléctrica y comunicaciones, de alumbrado público, su reserva en enormes cisternas para prevenir los cortes de la Cespt, manejo de desechos domésticos, contaminación, flujo en servicio de drenaje, el intenso flujo vehicular, y a pesar de las albercas, el hacinamiento que implican condominios.
No hay forma de entender que, dado el atraso de infraestructura fluvial y la carencia de drenaje pluvial, esta aberración hace que en las lluvias torrenciales nademos a pie o en automóviles en la suciedad. Aun así, se aprueben o autorizan a diestra y siniestra -al mayoreo- permisos de impacto ambiental y urbano de estas magnas obras que impresionan más el desafío sísmico de la falla de San Andrés. Pero en este sistema de ausencia de Estado de Derecho y de Razón, el negocio entre empresarios y funcionarios está por encima de todos los motivos de la comunidad para no negarles permisos de construcción o reubicarlos en una zona viable y técnicamente apropiada.
Los permisos de viabilidad, impacto ambiental, la racionalidad social y humana, el atropello de la razón… sospecho que no los hayan obtenido con rigurosos estudios profesionales y dimensión global. Ni respetando reglamentos y sentido común, dados el descontrol, los sobornos en las dependencias locales donde todo tiene su “precio”. Los políticos rancheros de Tía Juana, (PRIAN) nunca miraron lejos.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
