La atención a mujeres que denuncian violencia intrafamiliar y posibles victimas de feminicidio es lo que más lamenta Miguel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California y lo considera como una de las deudas que hay ante la alerta de género en la entidad.
El caso de Lucero Rubí, una mujer que fue asesinada por su expareja sentimental el 24 de septiembre de 2020 en la comunidad de Vicente Guerrero, en Ensenada, es el ejemplo que tiene presente el actual presidente de la CEDH.
“Las medidas de protección. Esos casos en los que nosotros nos hemos posicionado como el de Lucero Rubí había una, dos, tres, cuatro denuncias y se metieron órdenes de protección que la Fiscalía – General del Estado – (FGE) no le dio seguimiento y la policía municipal no cumplió y esos siguen siendo de los grandes retos porque esas mujeres ya se atrevieron a denunciar y ya se acercaron a la Fiscalía, se les recibió la denuncia, se les dio una orden de protección y finalmente sucedió lo de Lucero, el caso del feminicidio, un caso que se pudo haber prevenido. Hay una falta de coordinación entre la Fiscalía y la policía municipal para el seguimiento de esas órdenes”, comentó Mora Marrufo.
Relacionado con los feminicidios, el Estado ha olvidado a las víctimas por orfandad ya que no hay programas ni protocolos para atención de los hijos de víctimas de feminicidios, cuyos padres son los sospechosos o agresores de las madres de familia.
“No se ha avanzado por ejemplo con el tema de orfandad por niños víctimas de feminicidios y ese reporte lo estaremos publicando en las próximas semanas. A mi me quedan siete semanas de gestión y en ese tiempo todavía haremos posicionamientos”, explicó el presidente de la CEDH.
En el mes de abril de 2023, en ZETA se publicó la investigación en la que se revela que en el año 2022 se registraron 10 mil ordenes de restricción en Baja California, 80 mil 350 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar, lo que significa 220 llamados diarios.
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