Pese a que se cuenta con una Alerta de Género y que los poderes Ejecutivo y Legislativo presumen avances sustantivos en el marco legal y acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, 2022 fue el año con más denuncias de violencia familiar en Baja California, concentrando la mayoría de los casos en Tijuana y Mexicali.
Según información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en ese año se documentaron nada menos que 13 mil 262 casos de violencia familiar en la entidad, ubicándose en el séptimo lugar a nivel nacional, por debajo de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, respectivamente.
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Aunque BC mejoró en su ranking a nivel nacional, no fue por acciones efectivas, sino que las otras entidades incrementaron sus casos aún más que los documentados en la entidad.
Una serie de peticiones de Acceso a la Información documentan que sólo en ese periodo, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares para proteger mujeres víctimas de violencia en más de 10 mil ocasiones, lo que representa una cifra histórica que se concentra principalmente en Tijuana y Mexicali, donde se dieron la mayoría de los casos.
Curiosamente, durante 2022 se registró un descenso en reportes a la central de Emergencias, la cual documentó 80 mil 350 llamadas de emergencia, es decir, 220 casos al día.
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En opinión de Ángel Záizar Prado, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Mexicali, no se cuenta con capacidad suficiente para proteger a todas las mujeres con el número de policías que se tiene, delegando además una gran responsabilidad a los oficiales para resguardar a mujeres víctimas.
“Sería más fácil ponerles un teléfono o brazalete donde tengan espacio y automáticamente dar un carro cumpliendo, y además la responsabilidad que le das a los policías, si ella puso la denuncia y ella va y la mata, pues el responsable es él, no tenemos elementos suficientes para proteger a cada menor agredido o a cada mujer, necesitamos mejorar nuestra convivencia”, expuso.
Ante esta situación, se tiene contemplado ampliar y mejorar el esquema y operatividad del Escuadrón Violeta, equipo que forma parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y que durante el primer año de funcionamiento ha carecido de presencia en zonas prioritarias, por el simple hecho de que no cuenta con equipo y personal suficiente para atender uno de los delitos más recurrentes en BC.
VIOLENCIA FAMILIAR DIVIDIDA POR MUNICIPIOS
Según información recabada por el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), el 83% de los reportes que se registran para atención, son casos de violencia familiar, siendo Tijuana y Mexicali los que mayor incidencia documentan; entre ambas ciudades no acumulan ni 6 mil policías, pero sólo se tienen 10 mil 843 medidas de protección -7 mil 043 en Tijuana y 3 mil 800 en la Capital del Estado- interpuestas por el Ministerio Público, debido a que alguna mujer ha sido víctima de violencia y su integridad se encuentra en riesgo, por lo que asignan a un policía para que lleve a cabo rondines de vigilancia desde 72 horas hasta 90 días, con la posibilidad de que se amplíen; también otorgan medidas cautelares y apoyo para recoger algún objeto dentro de un domicilio.
“La Policía Municipal, ¿cuántos efectivos tenemos en la calle realmente? ¿Mil 200, los siete días a la semana? ¿En qué momento podemos atender ese número? Las medidas de protección deben estar fundamentadas, porque sólo quieren protección, sí, pero, o sea, no tenemos elementos suficientes, no son un guardia personal, y esa mujer tiene que ir a comprar cosas, a la tienda, a llevar a los niños a la escuela, a trabajar, nada más tiene la dirección de donde vive. ¿Tú crees que el agresor irá a agredirla donde la estás cuidando?”, planteó el empresario mexicalense, para quien es necesario cambiar los esquemas de protección, ya sea instalando alguna aplicación en el teléfono para solicitar apoyo urgente ante la presencia del agresor.
A ello se debe sumar un nuevo replanteamiento de patrullajes orquestados por las mismas unidades especializadas en Atención a la Violencia Familiar, pues por la mínima cantidad de unidades que patrullan las calles, la mayoría de los incidentes los atienden policías asignados a otras áreas.
El análisis del C4 indica los puntos donde existe mayor incidencia por cada municipio en los últimos tres meses:
– Mexicali: Ángeles de Puebla (148); Villa Lomas Altas (100); Parajes de Puebla (94); Guadalupe Victoria (86); Colonia Hidalgo (79)
– Tijuana: Natura (213); Urbi Villa del Prado 2 (127); Camino Verde (!22); Villa del Campo 3 (121); El Pípila (120)
– Ensenada: Popular 89 (134); Maneadero (106); Zona Centro (78); 17 de Abril y Lomitas (46 cada una)
– Tecate: El Descanso (24); Lomas de Santa Anita (19); Benito Juárez (13); Lázaro Cárdenas y Luis Donaldo Colosio (13 cada una)
– Rosarito: Constitución (81); Lucio Blanco (56); Real de Rosarito (33); Colinas del Sol y Ampliación Lucio Blanco (22 cada una).
Los reportes de San Quintín y San Felipe fueron incluidos en Mexicali y Ensenada, debido a que la central de Emergencias no cuenta con presencia directa en los flamantes municipios.
Coincidentemente, la mayoría de las comunidades donde repunta la incidencia están ubicadas en la periferia de los municipios, lo que representa un indicador de abandono y pobreza. Además, el pico de violencia en torno a los reportes se da durante la noche de domingo, seguido de la noche de sábado; es decir, durante el fin semana.
SIN JUSTICIA, MEDIDAS DE PROTECCIÓN SON INSUFICIENTES
Cuando se entrevistó al director de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil sobre las medidas de protección en 2022, comentó que de las 3 mil 800 mujeres que estuvieron bajo cuidado de la Policía Municipal, ninguna fue asesinada, debido al despliegue policial y a la atención de los casos.
Ahora que se emitió un reglamento a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Mexicali, los jueces calificadores tendrán facultades para emitir órdenes de protección para mujeres víctimas.
Sin embargo, para Adriana Moreno, psicóloga y especialista en familia, las medidas de protección son insuficientes para la tranquilidad de las víctimas, cuando no existe una justicia pronta.
“Considero quien regula las medidas cautelares, muchas veces en la situación de violencia, las mujeres se sienten desvalidas, cuando se reconocen víctimas tuvieron que pasar muchas cosas, ya cuando se certificó, muchas de las familias me dicen ‘ya para qué, ya viví cosas previas y nadie me protegió’”, argumentó.
Si bien, existen medidas de protección para que el agresor ya no esté en casa, el hecho de que no sea presentado ante el juez, sometido a un proceso judicial o sentenciado, da una sensación de impunidad.
“Las medidas de protección de que el agresor ya no esté en la casa, pareciera que le dan mayor protección al agresor al no ponerlo bajo proceso o sentencia. Entonces, esa psicosis de miedo es a lo mejor el castigo adecuado, se siente que la medida cautelar que exista sea terapia psicológica o retirarlo del domicilio, no es suficiente”.
Si bien, la especialista reconoce que existen medidas de protección que se implementan por parte de la Policía Municipal, los agresores frecuentemente realizan otro tipo de hostigamientos e incluso llegan a sostener cercanía con familiares de la víctima con esa intención. Es por ello que las víctimas con frecuencia encuentran un mejor respaldo en organizaciones como CAVIM e incluso DIF, por medio de un proceso terapéutico o de seguimiento de sus casos, puesto que sienten que la justicia les falló.
“Cuando ves los relatos de por qué llegó a ese trámite (demanda y/o denuncia) siempre vas a ver violencia, patrimonial, física, sexual, las mismas familias han compartido la parte de que existe la violencia y no es sustento el que viví tanto este suceso y no se ha podido concretar una pérdida de patria potestad; va a lo mismo, la reflexión: ¿Cómo aplicas la justicia? ¿Son medidas cautelares concretas o estables? Mientras el órgano de la justicia no se aplique, va a ser un tema normalizado”, advirtió Moreno.
Para Ángel Záizar Prado, es necesario encontrar nuevos mecanismos para la protección de la familia, puesto que las medidas de protección son una herramienta que la Policía no tiene capacidad de atender, al ser miles quienes se encuentran bajo protección diariamente.
Ahí, dice, es donde tienen que entrar la Agencia Estatal de Investigación y la FESC para apoyar en el cuidado de las víctimas, pero también el reforzar mecanismos tecnológicos como el uso de brazaletes o mecanismos electrónicos.
“Si podemos diseñar rutas violeta, puntos violeta, pues le entramos a toda la problemática. La mayoría de los casos atienden la tropa normal, no las unidades especializadas, es difícil. ¿Cuánta gente tiene unidad familiar?, ¿cuántas unidades tienen?”, finalizó el presidente del CCSP.
