Una lista plagada de morenistas se definió luego de cerrar la convocatoria de aspirantes a ocupar la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La mayoría de los inscritos en la convocatoria ocupó cargos de elección popular o directivos dentro del servicio público.
Se trata de nueve personas que se enlistaron como aspirantes a suceder al licenciado Miguel Ángel Mora Marrujo, cuya gestión concluye en septiembre de 2023.
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La mayoría de los participantes son ex funcionarios de las recientes administraciones morenistas municipales y estatales, e incluso algunos participaron directamente en la campaña de la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, mientras que otros son históricos conocidos de la lucha por los Derechos Humanos.
El 25 de mayo se aprobó de manera unánime la convocatoria emitida por el Congreso del Estado para recibir propuestas de los interesados, teniendo como fecha límite el 2 de junio.
A partir de este momento, el Poder Legislativo tiene hasta septiembre para revisar si los aspirantes cumplen con los requisitos, analizar las propuestas, entrevistarlos, elaborar un dictamen por parte de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo, y finalmente someterlo a consideración del pleno para su votación con mayoría calificada, es decir, 17 votos.
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Los requisitos para los aspirantes son:
– Ser ciudadano mexicano y gozar de sus derechos civiles políticos
– Contar con residencia no menor a cinco años en el Estado
– Acreditar capacidad y experiencia de por lo menos cinco años en materia de Derechos Humanos o actividades afines en la protección, promoción u observancia de los Derechos Humanos
– No desempeñar ni haber desempeñado un cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cinco años anteriores a la designación
– No desempeñar ni haber desempeñado ningún cargo de secretario, subsecretario o puesto de elección popular local o federal en los cinco años anteriores a su designación
-No haber desempeñado el cargo de fiscal (procurador), secretario de Seguridad a nivel local o estatal, ministerio público ni integrante de un cuerpo policial en un periodo de cinco años a partir de la designación
– No haber sido condenado por un delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratase de robo, fraude, abuso de confianza o falsificación u otro que lastime la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo
– Gozar de buena reputación
– Tener preferentemente título de licenciado en Derecho con cinco años de expedición.
LOS ASPIRANTES
Cuestionada sobre su afinidad o interés particular sobre el próximo titular de la CEDH, la tarde del miércoles 7 de junio, la gobernadora Marina del Pilar Ávila expresó ni siquiera tener información de la lista completa de los aspirantes, que sólo una que otra persona se le había acercado para hacerle de su conocimiento el nombramiento.
Los diputados Juan Manuel Molina y Michel Sánchez Allende consideraron que la próxima persona que ocupe la CEDH debe ser una enterada de los temas y una amplia trayectoria dentro de la lucha por el reconocimiento de las mismas, pero particularmente la legisladora se decantó porque el espacio sea ocupado por una de las tres mujeres.
Quienes lograron inscribirse en la convocatoria para suceder a Mora Marrufo son:
PRISCILLA VELÁSQUEZ PLASCENCIA
Licenciada en Derecho por el CUT, con maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y otra en Gestión y Políticas Públicas, ambas por la Universidad Iberoamericana. Posee un doctorado en Derecho con Énfasis en Derechos Humanos por el Instituto INJUS, además de varios diplomados y especialidades en diversos ámbitos.
En lo profesional se identifica como abogada litigante, auxiliar de Ministerio Público en la extinta PGR. Se desempeñó como subdirectora del Instituto de la Mujer en Tijuana durante la administración de Jorge Ramos y como asesora jurídica en el Congreso del Estado durante las legislaturas XX, XXI y XXII, la primera de ellas dirigida por Fernando Castro Trenti, desde el Senado; las otras dos con mayoría panista en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
Fue juez calificador durante la administración de Juan Manuel Gastélum.
El más alto cargo público que desempeñó, durante la administración de Arturo González Cruz, donde fue directora del Instituto de la Mujer, dejándolo a raíz del arribo de Karla Ruiz Macfarland como presidenta municipal suplente.
Se identifica abierta y plenamente con Morena, aunque no aparece como militante en el listado del Instituto Nacional Electoral (INE). Tanto en sus redes sociales como entrevistas, deja claras sus intenciones en contender como aspirantes a candidaturas al Congreso del Estado, representando al partido vinotinto.
Velásquez Plascencia formó parte del equipo de transición de la actual gobernadora bajacaliforniana, recibiendo la institución de la propia Karla Pedrín Rembao, quien finalmente repitió al frente de INMUJER. Es una profesionista que participó en la campaña de Ávila Olmeda en 2021.
JAVIER ISMAEL DELGADO ÁVILA
Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus Tijuana, egresado en 2017 y con maestría en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid (2021).
En su breve experiencia profesional fue coordinador de Programas de Atención de Grupos Vulnerables en la CEDH de enero a diciembre de 2018, cargo que dejó para hacer una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al concluir ocupó el cargo de analista en la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la gestión de Guillermo Ruiz Hernández.
En la administración de Montserrat Caballero Ramírez fue nombrado encargado de despacho de la Estancia Municipal de Infractores.
Aunque no se encuentra dentro del padrón de Morena del INE, en sus redes sociales es clara la afinidad que tiene hacia el partido en el poder, pues presume imágenes de la campaña de la hoy mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Sin embargo, su afinidad hacia la 4T no es muy antigua, puesto que formó parte de la Escuela de Cuadros del PRI durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto; además de integrante del Parlamento Juvenil en el mismo periodo que lo hizo el hoy diputado Román Cota, ex priista y ahora morenista.
JOSÉ LUIS PÉREZ CANCHOLA
Uno de los históricos precursores del reconocimiento de los Derechos Humanos en Baja California, fue designado primer procurador de los Derechos Humanos por parte del Congreso el Estado durante la gubernatura de Ernesto Ruffo Appel; desde los años 70 fue nombrado miembro fundador y director del Centro de Información y Estudios Migratorios de Tijuana, con oficinas de Enlace en Ciudad Juárez, Reynosa y Zacatecas.
Contador público de profesión, también ha trabajado como miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos desde los años 80 y es integrante fundador de la Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California.
Durante la presidencia del doctor Jorge Capizo fue considerado un enlace en la entidad de la CNDH, durante los años 90.
Trabajó también como asesor en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en materia de Derechos Humanos y Seguridad Pública, además de director general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del entonces DF.
Gran parte de su carrera se ha dedicado a la atención especializada a personas en contexto de movilidad en diversas partes del país, incluyendo Tijuana, donde trabajó como director de Atención al Migrante durante la administración de Arturo González Cruz.
En 2021, Pérez Canchola fue considerado Hombre del Año por el Grupo XXI, gracias a la atención que brindó a personas en contexto de movilidad durante su gestión como funcionario municipal.
MARÍA ISABEL HERRERA COVARRUBIAS
Directora de Movilidad Sustentable durante la administración de Arturo González Cruz. Hace cuatro años fue una de las aspirantes a presidir la CEDH, pero perdió ante el hoy titular Miguel Ángel Mora Marrufo.
Estudiante de doctorado en Derecho por el CUT, con maestría en Juicios Orales por la Universidad de Durango, al igual que una maestría en Derechos Penal por el CUT; su licenciatura la cursó en UABC, concluyendo sus estudios en 1992.
Cuenta con un vasto currículum académico relacionado con Derechos Humanos en diversas universidades privadas de la región.
Fue directora de Quejas de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y proyectista durante la gestión de Arnulfo de León Lavenant, además de visitadora general de Seguridad Pública; también fue directora jurídica de la PDH.
Asimismo, fue abogada litigante para el despacho Herrera Hernández y Asociados en Tijuana y en 2014 ocupaba el cargo de Subdirectora de Prevención del Delito en el Ayuntamiento de Tijuana, titulado por Jorge Astiazarán Orcí.
Actualmente es presidenta del Observatorio Mexicano de Estrategias de Litigación Penal, AC.
CARLO DIEGO ROMERO LÓPEZ
Licenciado en Derecho por la UABC, egresado en 2016 y con especialidad en la Universidad de Burgos, España. Cuenta con algunos años de experiencia litigando como abogado particular hasta 2017, cuando entró a laborar a la CEDH como jefe de Visitadores.
Para 2019 cambió por completo el giro de sus labores al ingresar a Oficialía Mayor durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, como jefe del Departamento de Control de Bienes Inmuebles Delegación Tijuana.
En dicho cargo duró poco tiempo, pues en julio de 2021 fue nombrado fiscal especializado en materia de Derechos Humanos en la FGE, cargo que -al menos la Plataforma Nacional de Transparencia- ostentó a finales de 2022, con un sueldo de 48 mil 990 pesos.
Este cargo podría inhabilitarlo para el puesto, dependiendo si los diputados consideran la titularidad de una Fiscalía Especializada dentro de la FGE como agente del Ministerio Público o un cargo de primer nivel similar.
JORGE ÁLVARO OCHOA ORDUÑO
Licenciado en Derecho por la UABC, egresado en 2001. Cuenta con amplia trayectoria en materia de Derechos Humanos con especialidad en Derecho Constitucional; desde 2015 ha intentado ocupar la titularidad de Derechos Humanos, sin éxito.
Actual secretario ejecutivo de la CEDH, en 2011 fue director general de Quejas, cargo del que intentó subir hasta la PDH, pero terminó siendo electo el priista Arnulfo de León Lavenant.
Ha brindado múltiples capacitaciones de diversos tipos a militares, funcionarios de gobierno y demás entes públicos, pero también ha focalizado gran parte de su labor a la atención de niñas, niños y adolescentes, donde ha hecho públicas una serie de recomendaciones y denuncias al respecto.
RODOLFO OLIMPO HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ
El ex regidor y ex diputado por el Partido Encuentro Solidario (PES), ex funcionario de la administración de Francisco Vega de Lamadrid y Juan Manuel Gastélum Buenrostro. Ocupó cargos importantes dentro de las administraciones panistas en temas relacionados con atención a migrantes, entre otros relacionados con Derechos Humanos y como coordinador Ejecutivo de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, pero también como delegado de la Zona Centro de Tijuana.
Como legislador siempre se posicionó en contra de derechos fundamentales ya reconocidos como el de la despenalización del aborto, al grado de interponer recursos legales en contra de la NOM 046 que permite a las mujeres solicitar métodos preventivos y de interrupción del embarazo en casos de violación, sin la necesidad de interponer una denuncia previa ante el Ministerio Público.
Es licenciado en Derecho egresado en 1993 por la UABC de Tijuana. Como candidato y legislador ha impulsado una agenda contraria a la progresista, pues no reconocía el matrimonio igualitario ni aprobaba la adopción para parejas del mismo sexo.
Hernández Bojórquez fue nombrado presidente del Consejo de Atención a Migrantes en abril del 2018, aunque recibió el rechazo de algunos sectores que lo consideraban ajeno a la agenda en favor de las personas en contexto de movilidad.
ARTURO VERDUGO CAMACHO
Licenciado en Derecho, egresado en 2015 de la Universidad de Estudios Avanzados Campus Mexicali, según el Registro Nacional de Profesionistas. Cuenta con experiencia como litigante y fue representante legal de la familia de Keren Vallejo, joven que perdiera la vida durante un presunto caso de negligencia médica en la Clínica 31 del IMSS y que generó gran conmoción a raíz de que se descubrió que no tenía órganos.
Verdugo Camacho representó a la Universidad Código Verdugo de Mexicali como uno de los aspirantes a ocupar un espacio dentro del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
Es escasa la información sobre el litigante que ha desempeñado su función principalmente en el ámbito privado.
REBECA VALLE HERNÁNDEZ
Licenciada en Derecho por la UABC, con expedición de cédula en 1990. Según su propia currícula, militante de Morena y diputada en 2022 ante el Congreso de la Unión, como representante del Distrito 5, luego de que Evangelina Moreno solicitara licencia al cargo.
Cuenta con varios diplomados en Procuración de Justicia y Psicología de la Familia. Ha recibido múltiples talleres y cuenta con amplia experiencia en materia penal.
En los 90 fue secretaria actuaria en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, y de 1994 a 2006, se desempeñó como agente del Ministerio Público; también fue secretaria de Acuerdos.
En la iniciativa privada fue directora de Inmobiliaria Jurídica Profesional de BC, SA de CV.
En su desempeño como representante de la sociedad civil, dirigió la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco y fue una de las diputadas federales que no emitió sufragio para respaldar la Reforma Energética del Presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que llegó tarde a la sesión.
Cabe señalar que por haber ocupado por unos meses la titularidad de la diputación federal, Valle Hernández podría quedar fuera de la competición, pues uno de los requisitos es no haber ocupado un cargo de representación popular en los cinco años previos al nombramiento.
