Durante los primeros tres meses del año, en el país se han cometido 35 mil 595 fraudes, para un promedio de 16.47 ilícitos de esta naturaleza cada hora, de acuerdo a los indicadores delictivos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que se integra con el número de denuncias recibidas y aportadas al sistema por las fiscalías de las 32 entidades federativas.
De continuar creciendo este fenómeno al ritmo de los primeros 90 días de 2023, el año podría concluir con más de 142 mil fraudes, muy por encima de los 103 mil 940 con los que se cerró el año inmediato anterior. Del primer día de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2023 suman 389 mil 848 fraudes, lo que demuestra la voracidad de estafadores que están actuando con la intención de engañar a personas físicas o empresas, o de aprovecharse de algún error de sus víctimas.
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Las cifras han ido en ascenso, quizá con un ligero bajón en 2020, año de la pandemia de COVID-19. El número de denuncias del último mes de 2018 fue de 4 mil 691; en 2019 se reportaron 76 mil 832 conductas de este tipo en las agencias ministeriales; en 2020 decreció el fenómeno a 73 mil 583 querellas; en 2021, al reactivarse algunas actividades, se disparó a 95 mil 207 fraudes; en 2022 fueron 103 mil 940; y en 2023 se han formulado 35 mil 595 denuncias por este tipo penal.
Durante esos cuatro años completos y las fracciones de 2018 y 2023, Ciudad de México, con una población de más de 9 millones de habitantes y como centro de negocios por excelencia, ocupa el primer lugar en fraudes denunciados, con 79 mil 325. Le sigue Estado de México, con casi 17 millones de habitantes, con 52 mil 980 denuncias por estafas; y enseguida, Jalisco, con un censo de 8 millones 607 mil residentes y 35 mil 305 desfalcos.
Sin embargo, aunque es relevante para la posibilidad de que se registren estas engañifas, el número de pobladores no es proporcional. Basta citar el caso de Colima, entidad federativa número 32 en población a nivel nacional con 731 mil 391 residentes, y pese a ello, ocupa el lugar 17 en fraudes, con 6 mil 721 fraudes, por encima de estados con más habitantes y menos timos como Coahuila, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, y Zacatecas, entre muchos otros. Baja California se encuentra en el sitio número 11, con 9 mil 801 querellas.
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Por su parte, las entidades con menos denuncias por este delito lacerante son Tlaxcala, con 283 fraudes; Nayarit, 936; Chiapas, mil 377; Campeche, mil 599; Yucatán, mil 670; Sonora, 2 mil 438; Sinaloa, 2 mil 812; Quintana Roo, 2 mil 994; Guerrero, 3 mil 290; y Baja California Sur, 4 mil 907 casos reportados.
El caso de Campeche llama mucho la atención, ya que en diciembre de 2018 no tuvo una sola denuncia; en 2019 fueron sólo once; en 2020, seis; 2021, 142; y en 2022 reportó al SESNSP mil 074 fraudes.
Son casi 30 las modalidades de fraude establecidas en los diferentes códigos penales de los estados y en el federal, sumando la del tipo genérico con las del específico, siendo un rasgo característico de este delito, la ausencia de medios violentos. Cuando se presenta la violencia en alguna de estas conductas, se estaría ante la presencia del delito de extorsión u algún otro.
Las modalidades tradicionales de vender alguna cosa mueble o inmueble ajena sin derecho a ello, entregar un producto de calidad inferior a la pactada, hacer que funcione una cosa o admita un servicio sin pagar su importe, vender algo obteniendo un beneficio económico sin entregar la cosa, y el que simule la constitución de una sociedad con la intención de obtener dinero ofreciendo intereses superiores a los de la banca, entre otras, persisten y se crean nuevos modus operandi.
El mal uso de la tecnología ha influido a que existan nuevas formas de defraudar a personas a través de portales ficticios, cobros de tarjetas de crédito o débito sin autorización del cuentahabiente o engañándole, sustracción a través de transferencias de fondos de cuentas bancarias, créditos con altos intereses impagables y robo de datos por medio de aplicaciones en teléfonos celulares y llamadas telefónicas para apropiarse de información de personas para causarles un perjuicio económico.
Recientemente, en Zapopan, Jalisco, se conoció del funcionamiento de dos call centers desde donde presuntamente se efectuaban fraudes inmobiliarios ordenados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cometidos en agravio de adultos mayores de nacionalidad estadounidense y canadiense. Ocho jóvenes que laboraban en los centros de operación telefónica fueron privados de la libertad y posteriormente asesinados, desmembrados y arrojados en bolsas de plástico a un barranco a las afueras de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Es decir, también grupos de la delincuencia organizada han diversificado sus actividades ilícitas, además de la extorsión, robo de hidrocarburos, secuestro y tráfico de migrantes, en acciones fraudulentas para capitalizarse en sus gastos inmediatos.
EL QUE ARRIESGA…
Raymundo Ochoa e Isabel Bolaños, vecinos de Tijuana, deseaban adquirir una vivienda en Mexicali con intenciones de mudarse por razones laborales. La pareja observó una casa que llamó su atención en un perfil de renta y venta de inmuebles, a través de la red social de Facebook. Así contactaron con Federico, quien les presentó a otras personas y les invitaron a conocer la finca valuada en 500 mil pesos.
Luego de visitar la propiedad, los esposos acordaron comprarla en el precio señalado, para lo que suscribieron un contrato. Con la persona autorizada con un supuesto poder notarial, la pareja entregó de manera inicial 350 mil pesos para que, 18 días después, se pagara la cantidad restante de 150 mil pesos en una Notaría Pública. De esa forma, Federico entregó a Raymundo un poder, comprometiéndose a que dentro de dos meses estarían listas las escrituras.
La fecha llegó y la pareja no recibió ni la casa habitación, mucho menos las escrituras a su nombre. Al exigirle el cumplimiento del contrato o la devolución de su dinero, Federico argumentó que hubo un problema con el inmueble y no se iba a poder llevar a cabo la entrega y escrituración del mismo. Sin embargo, el estafador se comprometió a regresar el dinero de la operación y fue dando largas al asunto.
Ocho meses después de que Isabel y Raymundo estuvieron insistiendo en la devolución de sus ahorros, Federico les citó para entregarles un cheque por 500 mil pesos expedidos por la institución bancaria BanBajío. Cuando el matrimonio pretendió cobrar el documento, en el banco fue informado de que dicha cuenta carecía de fondos suficientes. Al reclamar esta segunda situación, el individuo les ofreció otro inmueble por el mismo precio.
Una semana y media después, las víctimas fueron a verificar la segunda casa, en una zona cercana a la del primer interés. Al llegar al sitio, Raymundo e Isabel se percataron de que en la propiedad había un letrero de venta por parte de una inmobiliaria, y al comunicarse en ese momento, se enteraron de que Federico tampoco se encontraba facultado para vender ni realizar ninguna operación sobre ese inmueble.
Por lo anterior, acudieron a la Fiscalía General del Estado para denunciar el delito. A la fecha, existe orden de aprehensión contra los implicados, pero los denunciantes no han sido resarcidos en su patrimonio.
Situación similar le ocurrió a Martín Robles en Guadalajara, pero en su intención de cambiar su viejo automóvil por uno de modelo menos atrasado. Necesitaba el carro para ir a sus labores en una fábrica, y en sus horas libres, realizar trabajos independientes de albañilería y fontanería. Junto con su esposa Gabriela Ponce vio publicado en la misma red social antes citada que un hombre vendía una camioneta tipo van en 70 mil pesos.
El anunciante se hallaba en la Capital de Guanajuato -según les informó- y acordaron un precio final de 65 mil pesos por el automóvil, pero hábilmente el vendedor le dijo al cliente que, para que ninguno saliera perjudicado por la distancia de Guadalajara a Guanajuato, se trasladaran a un punto intermedio, en este caso, el municipio de Lagos de Moreno y en el estacionamiento de un centro comercial harían la transacción.
Sin embargo, el vendedor condicionó un depósito de 3 mil pesos por gastos de traslado, mismo que Martín le efectuó. Emocionados por el trato, Isabel solicitó un préstamo anual de 60 mil pesos a un tío que le cobrará un ventajoso 20 por ciento de interés mensual. Aún sin asimilar la deuda, la pareja viajó en autobús al sitio acordado, pero el vendedor y la camioneta nunca llegaron. Una hora más tarde Martín recibió una llamada.
Primero le preguntaron cómo iba vestido y si llevaba el dinero. Martín sospechó que algo no andaba bien y solicitó la devolución de su dinero, obteniendo como respuesta: “¿Sabes qué, pen…jo? Somos los de la plaza y queremos que nos deposites 60 mil pesos, si no, te va a cargar la chin..da a ti y a tu mujer, que ya sabemos es madre soltera y a dónde lleva al niño”. El hombre colgó la llamada, no ha denunciado y en las últimas semanas tanto él como su esposa han vivido con miedo. Por fortuna conserva los 60 mil pesos que tendrá que pagar al triple al cumplir el año.
