El ex titular de la Secretaría de Salud de Baja California en la administración de Jaime Bonilla, Alonso Óscar Pérez Rico, está siendo investigado por peculado, ejercicio ilícito del servicio público, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, figurando como responsable de ocho adjudicaciones directas que presentaron graves fallas, tras la adquisición a sobreprecio de medicamentos durante la pandemia de Covid-19.
Juan José Pon, consejero jurídico del Gobierno del Estado, abundó que al menos cuatro ex funcionarios más de dicha dependencia fueron denunciados por el mismo caso.
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El miércoles 31 de mayo, durante la conferencia “mañanera” de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Pon señaló que la semana pasada interpuso ocho denuncias penales, por la presunta adquisición de medicamentos a sobreprecio en 2021.
El consejero jurídico detalló que en 2021 la Secretaría de Salud utilizó un decreto federal, el cual pretendía facilitar la adquisición de medicamentos para combatir la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, los medicamentos que se adquirieron por medio de dicho decreto estaban “inflados”, es decir, estaban muy por encima de su precio. Además, los medicamentos adquiridos no eran necesarios para tratar la enfermedad pandémica, aseguró el funcionario estatal.
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Asimismo, mencionó que detectaron adjudicaciones directas irregulares, en donde Pérez Rico fue responsable de al menos ocho.
En el caso de los demás ex funcionarios involucrados, indicó que realizaron trámites para dichas adquisiciones a pesar de no estar facultados para realizarlos. Los denunciados son: Carlos “N”, ex subdirector general de Administración; Miguel Ángel “N”, ex jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; Gerardo Abdiel “N”, ex encargado de la Dirección de Administración; y Mikel Roberto “N”, ex director de Administración.
Otras de las irregularidades detectadas fueron que no realizaron los estudios de mercado respecto a los medicamentos y que el Subcomité de Adquisiciones nunca sesionó para autorizar los procedimientos de contratación con las ocho empresas proveedoras.
Más irregularidades
Mientras que Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública, mencionó haber sancionado a algún funcionario público en los 18 meses que ha encabezado dicha secretaría, destacó dos casos de presunto desvío de recursos en la Secretaría de Educación y denunciados ante la Fiscalía General de la República. Esto también durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, cuando el titular de dicha dependencia fue Catalino Zavala Márquez, hoy Secretario General de Gobierno del Estado.
Rosina del Villar señaló que ambos casos acumularon más de 90 millones de pesos desviados. Sin embargo, negó que Zavala Márquez estuviera involucrado de alguna manera.
El primer caso que expuso fue el de una inversión de 31 millones de pesos para la adquisición de uniformes que nunca se entregaron, en marzo de 2021, cuando aún no realizaban clases presenciales debido a la pandemia de Covid-19.
Debido a esto, presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), ya que el recurso desviado fue recurso federal.
En cuanto a los responsables, tampoco reveló los nombres, pero indicó que el principal autor perteneció a la Dirección de Planeación, no obstante, aseguró que participaron al menos cuatro personas más.
“Se ve el procedimiento donde nadie verificó que entrara la mercancía. El pago se hizo muy rápido, así de emergencia”, expresó.
La funcionaria estatal mencionó que al proveedor también buscarán incluirlo en la denuncia, pero hasta el momento no lo localizaron.
En el segundo caso, señaló que están involucrados 15 servidores públicos y 7 proveedores por el desvío de 66 millones de pesos. Esto para la adquisición e instalación de más de seis mil lavabos en escuelas. Sin embargo, Rosina del Villar indicó que detectaron alrededor de tres mil 400 lavabos faltantes.
Las empresas en el tema de los lavamanos son:
*Contrato DRMS/026/2020, del proveedor Maxro Construcciones S. de R.L. de C.V.
*Contrato DRMS/027/2020, de Proveeduría Integral de la Península S. de R.L. de C.V.
*Contrato DRMS/028/2020, de IntelligentTrade de Baja California S.A. de C.V.
*Contrato DRMS/029/2020, de Construcción Ecológica y Medio Ambiente S.A. de C.V.
*DRMS/003/2021, de Construcción Ecológica y Medio Ambiente S.A. de C.V.
Del Villar agregó que entre los servidores públicos implicados en este caso también se encuentran los mismos que están bajo investigación por el caso anterior.
De igual manera, por este caso presentaron otra denuncia en la FGR, a pesar de que la propia funcionaria confesó minutos antes que su dependencia no tiene atribuciones para fiscalizar recursos federales. “Pudiéramos tenerlas (atribuciones de fiscalización), y claro que tenemos convenios de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública. Tenemos el convenio, pero es exclusivamente para acompañarlos en las auditorías que ellos pudieran hacer a las entidades que reciben recurso federal. Ahí nada más los acompañamos, ellos hacen las auditorías”, explicó.
