No existe manera alguna de que alguien pudiera explicar, en términos jurídicos, técnicos, financieros, hacendarios, ni “artes mágicas”, el dinero que ha amasado Bonilla, sobre todo a partir de sus vínculos en los ochenta con el gobierno de Xicoténcatl Leyva y después don Andrés Manuel López Obrador.
De alguna manera, Lourdes Maldonado, periodista que fue asesinada pocos días después haberle ganado un largo litigio laboral a Bonilla, exponía una de las facetas de este mecenas, dibujando su “modus operandi” en las relaciones laborales para quienes trabajaban para él o de negocios con que ha realizado con terceros, teniendo a “la extorsión” y “chantaje” como sus compañeros de ruta. Días antes de que la asesinaran y después de haberle ganado a Bonilla un largo litigio laboral, la periodista tijuanense exponía ante los medios lo siguiente: “Yo trabajé con él (con Bonilla) seis años y nunca me pagó seguro, ni SAT, ni Infonavit, ni impuestos; y no paga Hacienda, al SAT. A la gente le paga en efectivo (…) Es un transa, un corrupto de lo peor”.Lo dibujaba tal cual, ni más ni menos.
Las cuentas mochas de las declaraciones Patrimoniales de Bonilla
Después de ser nombrado delegado en Baja California de la Secretaría de Desarrollo Social, en su declaración patrimonial inicial con fecha el 1 de diciembre del año 2018, presentada a destiempo según la ley, Jaime Bonilla declaró tener dos propiedades con un valor de 13 millones 890 mil 534 pesos.
Sólo tres meses después, presenta su declaración de conclusión del encargo federal, donde informa tener ya cuatro propiedades, con un valor de 22 millones 206 mil 676 pesos.
No obstante haberse documentado una gran cantidad de irregularidades en sus dos primeras declaraciones patrimoniales pública, el periodista Julio C. Roa, publica en la revista Proceso un reportaje el 9 de abril del 2019, en donde se informa que Bonilla ocultó la propiedad de una mansión ubicada en el Condado de San Diego, por un valor de 24 millones de pesos.
Bonilla compra condominio en San Diego a un exfuncionario republicano
A término de su mandato como gobernador de Baja California, a su regreso al Senado, en su declaración patrimonial informa haber reducido a tres sus propiedades, con un valor de 19 millones 830 mil pesos, ocultando la adquisición de un condominio en una de las zonas más exclusivas del Condado de San Diego en una compra que le hace a un exfuncionario señalado en el país vecino por tráfico de influencias.
En un trabajo de investigación del periodista Alejandro Arturo Villa, del Semanario ZETA, informa que Jaime Bonilla durante su mandato, adquirió en la exclusiva torre “The Meridian” de San Diego un condominio valuado en casi cuatro millones de dólares y que el vendedor es un exfuncionario republicano señalado por tráfico de influencias.
La ampliación fastuosa de las modestas oficinas de PSN
En el año del 2006, Bonilla rentaba unas modestas oficinas en la delegación de Otay Tijuana, en donde había instalado un despacho y un pequeño estudio con micrófonos al aire, en donde apenas cabía un par de persona. De ese tiempo a la fecha ya llovió.
Hoy en día, en unas instalaciones que originalmente pertenecían a la organización católica “Los Caballeros de Colon”, cuyo abogado -de nombre Héctor de la Isla Puga- fue cooptado por Bonilla como su empleado, hoy son ya del dominio de las empresas de Bonilla, no incluidas en ninguna de sus declaraciones patrimoniales.
Dichas instalaciones, antes de ser Jaime Bonilla gobernante de Baja California, tenían una construcción, que fue remodelada y ampliada en forma fastuosa y grotesca en los últimos meses de su mandato, por la empresa “MAKRO”, a la que Bonilla -como gobernador- le había dado grandes contratos de obra sin licitación, la cual había sido la empresa favorita del exgobernador panista Kiko Vega.
Las omisiones de los gobiernos de México y EUA ¿Casualidad o complicidad?
Las evidentes ausencias de información sobre el origen de los recursos con los que Jaime Bonilla ha adquirido sus propiedades son, en el menor de los casos, faltas administrativas que pudieran estar asociadas con actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos o peculado que obligadamente deberían ser investigadas, por los gobiernos de ambos países.
La historia y la justicia dirán la verdad.
Jaime Martínez Veloz, ex diputado y ciudadano tijuanense.
Correo electrónico: radioveloz@gmail.com
