Integrantes del grupo denominado Frente Turístico de Los Cabos se manifestaron en instalaciones del Congreso del Estado de Baja California Sur para exigir la destitución del actual director estatal de Transporte, Martín Salinas Ceseña, a quien denunciaron públicamente por supuestos actos de corrupción y omisiones.
“Basta de omisiones, no somos delincuentes”, “Exijo mi derecho de trabajar libremente”, “Salinas, director de Transporte corrupto”, se leía en las cartulinas que usaron los transportistas para protestar en el Poder Legislativo.
Haciendo uso de la voz en representación de todos los manifestantes, Miguel Mena, presidente de la Asociación de Transportadoras Turísticas de Los Cabos, denunció que actualmente muchas empresas laboran de manera irregular en el principal destino de Baja California Sur.
Expuso que han identificado a particulares prestando el servicio de transporte en diferentes modalidades sin supervisión e, incluso, han detectado a empresas que están pagando para no ser “molestadas” en las inspecciones que debe realizar la autoridad estatal.
“Básicamente la inconformidad del Frente Turístico radica en la violación en los acuerdos que se han tomado en las mesas de trabajo con los concesionarios estatales y los permisionarios, hemos estado cerca de un año y meses trabajando para llegar a acuerdos con el objetivo del orden del desastre que hay en el tema de transporte en el destino”, subrayó.
Los manifestantes hicieron hincapié en que perciben que las inspecciones en el sector de Los Cabos están dirigidas hacia unidades de determinadas empresas, a pesar de que se encuentran dentro del marco jurídico correcto.
Señalaron a Martín Salinas como responsable de esta problemática, ya que se han encontrado con una nula participación y contradicciones por parte del funcionario que no han permitido avances en las mesas de trabajo.
“Es una piedra en el zapato lo que tenemos con este señor. No trabaja, está totalmente entregado al tema de la corrupción”, acusan.
De acuerdo con las cifras que presentaron en la protesta, arriba de 2 mil personas laboran en el destino turístico sin ningún permiso o concesión.
En este sentido, consideran que “la piratería” en el sector transporte se encuentra en el peor momento en Los Cabos.
La situación ha llegado al punto donde han detectado a personas extranjeras prestando el servicio en San José del Cabo y Cabo San Lucas.
“Todo el mundo hace y deshace en Los Cabos y no hay quien diga nada… Es una persona incongruente que no aplica la Ley y tiene intereses propios”, señalan.
De igual forma, denunciaron que la Dirección de Transporte ha enfocado las inspecciones única y exclusivamente en contra de un grupo de empresas de todo el municipio, según los transportistas, con el objetivo de justificar trabajo “cuando en realidad no hacen absolutamente nada”.
Recalcaron que durante un año han documentado las problemáticas, actitudes y acciones del funcionario, incluso, refieren haber presentado pruebas y sostenido pláticas entre agremiados en las que han coincidido respecto a su trabajo.
Advirtieron que no regresarán a las mesas de trabajo en materia de transporte hasta que el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, no les conceda la destitución de Martín Salinas, solicitud que ya se hizo formalmente por escrito ante el Poder Ejecutivo.
“Queremos que lo destituya el gobernador, que analice nuestra propuesta y que ponga en esa dirección a alguien verdaderamente competente”, finalizaron.
ZETA buscó al director de Transporte para escuchar y dar espacio a su versión sobre las acusaciones que han imperado en su contra.
A través del área de Comunicación Social del Gobierno del Estado se hizo la solicitud de entrevista, sin embargo, no hubo ningún tipo de respuesta hasta el cierre de esta edición.
Por otra parte, se buscó al funcionario vía telefónica, no obstante, tampoco respondió a las llamadas.
INVESTIGAN DENUNCIAS; NO DESCARTAN DESTITUCIÓN
En entrevista con diversos medios de comunicación, el gobernador respondió a la solicitud de agremiados de Los Cabos, y en declaraciones, no descartó la opción de remover a Martín Salinas de su cargo.
Precisó que instruyó al secretario general de Gobierno del Estado, Homero Davis Castro, investigar las denuncias de supuestos actos de corrupción que hicieron en las protestas en contra del director.
“Hay que investigar y, si hay que tomar decisiones, las vamos a tomar. Ahí particularmente en Los Cabos, este problema de las transportadoras tiene muchos años ya. Estamos trabajando con ellos para que un Comité regule, que nos ayude”, dijo.
Asimismo, hizo el compromiso de que investigarán los supuestos actos de corrupción de inspectores de transporte en el destino, señalados por enfocar las revisiones a un grupo determinado de empresas.
“Hay que comprobar, yo no quiero corrupción en mi gobierno. Si me comprueban que están cobrando de manera ilegal en cualquier área, si se tiene que transformar ahí, si es necesario cambiar a los que tengamos que cambiar, sea el inspector, sea el director; nadie está seguro aquí”, compartió.
Por último, el gobernador sentenció que, si alguien actuó mal, se procederá en consecuencia, ya que busca personas honradas para ocupar los cargos del servicio público durante su administración que termina hasta 2027.
“No voy a permitir que supervisores o directores estén sacando provecho, desde aquí les vuelvo a decir: si se comprueba que alguno ha estado pidiendo dinero o actuando de manera irregular, se tienen que separar ya de gobierno”.
Luego de las protestas en el recinto legislativo, las manifestaciones continuaron en puentes peatonales en Los Cabos, en donde colgaron mantas para reiterar la demanda del gremio.
“Ante el nulo actuar del director de Transporte estatal, Martín Salinas, le pedimos Sr. Gobernador que lo destituya de su cargo”, sentenciaban las mantas.
NUEVA LEY DE MOVILIDAD EN PUERTA
Cabe resaltar que las manifestaciones del gremio se presentan en vísperas de la votación de una nueva Ley de Movilidad para el Estado de Baja California Sur, en la que se espera la llamada “liberación del transporte” para que plataformas digitales puedan operar sin ningún tipo de restricciones.
No obstante, diputados locales se han mostrado renuentes a legislar sobre esta modalidad de transporte en la entidad.
En febrero terminaron las mesas de trabajo y análisis de esta reforma, mientras que en marzo se llevó a cabo el Foro Estatal.
Aunque no hay fecha para el análisis en el pleno de la XVI Legislatura, autoridades del Congreso del Estado han manifestado que la nueva Ley de Movilidad debe presentarse antes de que termine este periodo ordinario, el próximo 30 de junio.
RECLAMO LLEGA A TRIBUNA DEL CONGRESO
Marbella González Díaz, diputada de Fuerza por México Baja California Sur (FXMBCS), recibió el reclamo del gremio y lo subió a la tribuna del Congreso del Estado.
Recalcó que las problemáticas en el sector no son nuevas, pero en el contexto actual existen factores que podrían ocasionar que se desborden y afecten la imagen y “buena marcha” de uno de los destinos turísticos más importantes del país.
“A lo largo de este tiempo la autoridad ha sido omisa y es evidente el descuido e incapacidad política para poner orden en este importante sector de la economía de Los Cabos y de nuestro Estado, y ejemplo de ello es la inacción del Gobierno del Estado entre 2015 y 2021, que provocó que las partes en conflicto se radicalizarían ante la ausencia de la autoridad competente”, expresó ante el pleno.
De igual forma, acusó que la competencia desleal y el servicio pirata en muchas ocasiones son impulsados por el sector hotelero, agencias de viajes, tiempo compartido, así como empresas dedicadas a la operación de turismo y/o particulares sin permisos ni concesiones.
Entre las deficiencias que observa, enfatizó que el marco estatal es obsoleto y es necesario actualizarlo en un amplio diálogo con los concesionarios; y coincidió en que las autoridades del Transporte de ninguna manera deben ser juez y parte.
“Amplia queja respecto al abuso de autoridad y corrupción, acusan a la autoridad de transporte de recibir dádivas a cambio de privilegios para los piratas, como ellos les han denominado; y omisión grave, por no aplicar la Ley de Transporte a aquellos que prestan el servicio sin permiso y sin concesión”, comentó.
“No olvidemos el rumbo que corresponde al turista y la ciudadanía, que como entidad debemos cuidar en razón de que los que aquí habitan, tienen el derecho de vivir en tranquilidad y sin la zozobra de un inminente conflicto que afecte de manera grave la paz social”.
Por último, González Díaz resaltó que las y los turistas que eligen a Baja California Sur como destino y generan alta derrama económica, tienen derecho a una estancia recreativa sin ningún tipo de conflicto:
“No debemos permitir sean rehenes de la incertidumbre que pudiera imperar, debemos actuar a fin de encontrar el beneficio común”.
