El Ayuntamiento de La Paz y el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) se encuentran en la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ya advierte con un posible embargo por más de una década de evasión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Lo anterior fue confirmado por la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, quien expuso que entre el Ayuntamiento y el Organismo Operador del Agua son más de 350 millones de pesos los que adeudan al SAT.
De acuerdo con la funcionaria, los desvíos en el caso del Ayuntamiento de La Paz datan desde las administraciones municipales de 2014 hasta el inicio de su gobierno. Respecto a OOMSAPAS, la información fiscal arroja que no han reportado el ISR desde 2009.
En el caso del Sistema del Agua Potable, los desvíos iniciaron en la administración de la entonces perredista Rosa Delia Cota Montaño (2008-2011) mientras que en el Ayuntamiento de La Paz habrían comenzado en el gobierno de la priista Esthela Ponce Beltrán (2011-2015).
Actualmente Montaño Cota se ostenta como directora de Planeación para el Desarrollo de Los Cabos, municipio gobernado por Morena.
Asimismo, en diversas ocasiones se ha señalado la cercanía de Esthela Ponce Beltrán con altos funcionarios de Morena en la entidad y en la Federación, como con el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío.
De 2015 a 2018, gobernó el municipio el panista Armando Martínez Vega, que hoy ocupa una curul en la XVI Legislatura. Posteriormente, de 2018 a 2021, el morenista Rubén Muñoz Álvarez encabezó el Ayuntamiento de La Paz; actualmente es diputado federal por la Cuarta Transformación.
“Esperemos que no embarguen, estaremos haciendo lo que está en nuestras manos para poder saldar, son deudas antiguas y hemos estado cumpliendo, la idea es tener este diálogo con el SAT para ver de qué manera”, manifestó Milena Quiroga.
Cabe recordar que en 2022, los cinco ayuntamientos y el Gobierno del Estado firmaron un convenio para pagar mensualmente por los desvíos que se registraron en las contribuciones de empleados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Quiroga refirió que para poder cumplir con el adeudo de ISR, es probable que tengan que buscar una dinámica similar con Hacienda.
FUNCIONARIOS COMETIERON PECULADO
El activista y abogado Arturo Rubio Ruiz explicó que el Artículo 285 del Código Penal de Baja California Sur es claro al establecer que el desvío o utilización no correcta de recursos propios y no propios entran en la tipificación del delito de peculado.
“El servidor público tiene la obligación de administrar con absoluta honestidad los recursos propios de la función, es decir, que tienen que ver con la administración a la que representan; o a los ajenos, porque también el servidor público es administrador de recursos que no son propios, hablando exactamente esa figura: las aportaciones del pago del ISSSTE, pago de préstamos, etc…”, expuso el abogado.
El Artículo 109 del Código Penal del Estado establece que el peculado prescribe en diez años, contados desde que el servidor público o empleado abandone, por cualquier causa, el servicio público.
“Ahorita podríamos incluso procesar a los que estaban en activo en 2012, lo cierto es que no se ejecuta este delito porque el ejercicio de la procuración de justicia se rige por aspectos políticos y no por cuestiones de autonomía”, agregó.
Especificó que el Artículo 285 remarca que comete el delito de peculado “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa”.
Respecto a las sanciones, cuando el monto distraído o fondos mal utilizados no excedan las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) al momento de cometerse el delito, se impondrán de uno a tres años de prisión y una multa de 100 a 300 UMA.
Si el monto utilizado indebidamente excede las mil y llega hasta las 10 mil UMA, la sanción puede ser de hasta ocho años de cárcel. Si el recurso distraído o mal utilizado excede las 10 mil UMA, la pena de prisión será de entre seis y quince años.
Rubio explicó que cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.
“El delito es recibir el dinero en mi calidad de servidor público y en lugar de darle el destino para el que estaba destinado los desvíe, comete el delito de peculado. Es muy clara la Ley, no hay exclusión de responsabilidad”, señaló Rubio Ruiz.
Anteriormente se ha cuestionado al gobernador Víctor Castro Cosío por investigaciones en contra de quienes cometieron el mismo acto con las aportaciones al ISSSTE, no obstante, el mandatario se ha mostrado renuente al argumentar que no es tan sencillo comprobar estos desvíos, ya que datan desde hace décadas.
Sin embargo, el abogado coincide en que la documentación del ISSSTE y Hacienda, en la que se comprueba que el recurso que se quita a los trabajadores nunca llegó a las arcas de esas instituciones, es más que suficiente para iniciar investigaciones.
Asimismo, reiteró que el peculado es un delito que se persigue por oficio, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene la facultad para indagar y sancionar.
“Los seguros que se gestionan, se tramitan, se les descuentan a los trabajadores y resulta que no están registrados como aportación, claro que es registrable. Hay un pasivo colectivo porque el delito sanciona la administración indebida, el simple hecho de que desvíes el recurso ya le estás robando la seguridad jurídica, la tranquilidad a quien deposite en ti la confianza de que vas a administrar sanamente. Lo que dice el gobernador ha sido tolerado políticamente por las propias autoridades, y se debe principalmente a que el procurador depende del gobernador, jerárquica y económicamente. No es cierto que sea autónomo, mientras no tenga un presupuesto aparte el procurador, nunca va a ser autónomo”, precisó.
AYUNTAMIENTO INICIÓ INVESTIGACIONES: ALCALDESA
La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, afirma que han interpuesto denuncias y los recursos legales correspondientes para investigar el desvío del ISR ante organismos como PGJE, Tribunal de Justicia Administrativa y Contraloría del XVII Ayuntamiento.
“Hemos hecho lo correspondiente en la parte jurídica, hemos fincado las responsabilidades tanto en la parte administrativa como fuera de la procuraduría, en el Tribunal Administrativo también”, reiteró.
Expuso que, además del adeudo del ISR, investigan desvíos en convenios con aseguradoras que no se pagaron, a pesar de que se descontaron a los trabajadores del municipio que contrataron este servicio.
“Esperemos que avance, es un tema complejo, pero entiendo que la ciudadanía, porque yo también lo siento, estamos haciendo una gran esfuerzo por buscar más recursos por recaudar, por ser más eficientes, pero mientras más deudas pasadas nos carguen, más nos limitamos en seguir mejorando nuestra ciudad”, declaró.
Sobre las posibles soluciones de los más de 100 millones de pesos que adeuda sólo el Ayuntamiento de La Paz, mencionó que acudieron ante el gobernador para facilitar el pago por medio de convenios que el Poder Ejecutivo tiene con Hacienda.
Se trata de un préstamo que sería como adquirir la deuda y Hacienda regresa entre un 75 y 80% a Gobierno del Estado.
“Ahí no tenemos oportunidad de convenio, estamos viendo con el Gobierno del Estado, hay un convenio que tiene el Gobierno del Estado con el SAT que se firmó hace muchos años, que da la oportunidad de apoyar el Estado a los municipios en caso de estas deudas con el SAT. Esa es la opción que estamos viendo más viable, platicamos con el gobernador hace unas semanas. Él cree que sí puede apoyarnos, estamos sobre esa opción. Espero la próxima semana ya tener un poquito más avanzado antes de que avance el SAT”, explicó.
Por último, calificó como injusto lo que hicieron con el recurso del personal, prometiendo que el caso tendrá que avanzar mientras el gobierno municipal busca la forma de solventar la deuda.
OOMSAPAS, SIN INVESTIGACIONES
En contraste, el titular de OOMSAPAS, Mario Gálvez Gámez, expuso que hasta el momento no se han abierto investigaciones para deslindar responsabilidades por el desvío de más de 260 millones de pesos de ISR.
Reconoció que evidentemente hay una responsabilidad de no pagar el ISR por parte de quienes han estado al frente del Organismo Operador, no obstante, aclaró a la ciudadanía que parte de ese dinero que no se enteró, se ha destinado a cuestiones operativas.
“No puedo pensar que ese dinero fue sustraído o ejecutado, no lo puedo afirmar, en cosas indebidas. No que yo sepa que hay un procedimiento, sin embargo, el compromiso de hacerle frente a todo esto creo que obliga a entrarle a todo. Es lo mismo con ISSSTE, Fovissste, SAT y un montón de pagos que se han quedado en el pasivo de este Organismo”, insistió.
En su opinión, se trata de un adeudo histórico que por décadas se ha desviado y hoy se ha convertido en un asunto complicado de resolver por los recargos que van incrementando los montos.
Para concluir, Gálvez hizo hincapié en que el pretender pagar 266 millones de pesos en una sola exhibición es imposible para OOMSAPAS, por lo que analizan la propuesta del Ayuntamiento de La Paz, de recurrir a convenios del Gobierno del Estado con el SAT para saldar este problema.
“Es una responsabilidad que también tenemos, complicada también en esta parte hablando de pagos, porque todo tiene que salir de los pagos que nosotros recaudamos como Organismo Operador, en veces esa parte rebasa los ingresos que tenemos”.
