Mientras Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, consejeros del INE, sostienen una franca batalla sin cuartel en contra de las determinaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Instituto Estatal del Estado tienen miedo hasta de hacer cumplir la Ley en contra de Morena
El panorama político a nivel nacional se centra en el conflicto entre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; contra toda una comunidad jurídico-electoral encabezada por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, los cuales -sin intentar serlo- se han vuelto uno de los pocos frentes de oposición al mandatario nacional, ya que la reforma electoral emprendida por Morena pretende destrozar y mutilar a los organismos electorales del país.
Mientras en Ciudad de México se da una lucha frontal por los conceptos de democracia, en Baja California sólo vemos sumisión y subordinación hacia la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El 27 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral (IEE), encabezada por el consejero Abel Muñoz Pedraza, tenía prevista una sesión privada para analizar una denuncia interpuesta en contra de la mandataria, con número IEEBC/UTCE/PES/01/2023, iniciada por una serie de publicaciones en su página oficial de Facebook, donde exhibió varios videos en los que aparecían rostros de menores de edad, en los cuales no se evidenciaba el consentimiento de sus padres.
Desde 2017, los organismos electorales han sido más estrictos en la publicación de imágenes de menores de edad en la propaganda de partidos políticos, para atender el interés superior del menor.
El dictamen preparado por la Secretaría Técnica del organismo, consideró que la denuncia en contra de Ávila Olmeda y su red social era procedente, toda vez que en las imágenes impresas y presentadas como pruebas, se observaban cuatro menores de edad, uno en cada imagen, dentro de las transmisiones y videos disponibles en la página oficial.
Todo estaba planteado y definido para que, el lunes 27 de marzo, los consejeros del IEE que conforman la comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez y Javier Bielma Sánchez, junto con Muñoz Pedraza, analizaran el dictamen y lo avalaran, o en determinado caso, lo rechazaran de forma tajante.
Sin embargo, cuando fue el momento de revisar el caso, el consejero presidente de dicha Comisión decidió dar un paso atrás y no proceder al análisis del tema, bajo el argumento de que Ávila no era la responsable de la página de redes sociales, propiamente, por lo que buscarían sostener algún tipo de comunicación con el equipo de la gobernadora para que sea a ella a quien notifiquen las medidas cautelares.
Ante representantes de partidos, consejeros y funcionarios, los integrantes del Consejo decidieron suspender la sesión convocada desde el viernes 24 de marzo, para llevarse a cabo tres días después, debido a que temían notificar directamente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para pedirle eliminar esos videos en un plazo no menor a 48 horas.
El miedo no anda en el PT
Ya sabemos que el Partido del Trabajo en Baja California sólo le es fiel al oficialismo y no tiene interés ni conciencia de las divisiones ideológicas o principios éticos o morales. Por ello, cuando el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez fue nombrado prácticamente el representante político del PT en la entidad, los diputados emanados de esa fuerza política “corrieron” a ponerse a disposición de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Mediante una imagen hecha pública por la gobernadora en Instagram, se hizo constar el respaldo de Julio César Vázquez Castillo, Claudia Agatón y Armando Reyes Ledesma, quienes tienen los derechos de la franquicia llamada PT, moviéndose a donde mejor les convenga.
El mensaje político es claro: No queremos que las intromisiones de Bonilla vengan a romper nuestra cercanía con Ávila Olmeda… al menos mientras se mantenga en el poder, pues sabemos que el PT sólo le es fiel a una cosa: a quien esté en el poder.
