La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda defendió la legal operación del Instituto Estatal de Movilidad Sustentable (Imos) dirigido por Jorge Gutiérrez, luego de que su jurisdicción fue cuestionada por abogados de Tijuana que reaccionaron ante los conflictos vigentes con los choferes y transportistas de los taxis que transitan sobre el corredor Agua Caliente.
Aunque el Imos fue una creación y herencia del exgobernador exmorenista Jaime Bonilla, la gobernadora sostiene en el Instituto a parte de sus proyectos del programa insignia Respira, que supuestamente pretende mejorar la movilidad en Baja California mediante obra pública y reordenamiento del transporte público.
“El problema del transporte no se resuelve entregando permisos a diestra y siniestra, al contrario, lo complica”, respondió la gobernadora.
“Se ha visto al transporte como un tema político y ahora es ser eficiente y estratégico”, reiteró.
El director del Imos defendió la legalidad del actuar del Instituto aunque reconoció que los ayuntamientos aún se mantienen vigentes ante la falta de homologación de la ley federal de movilidad en Baja California y por ende, la falta de leyes secundarias y por tanto siguen vigentes los reglamentos municipales. Pero ese es el único detalle que reconocen.
“Regresa la movilidad al estado porque se hizo una refirma constitucional, tenemos una ley de movilidad y ahí se habla de los reglamentos, tal vez ahí es lo que dicen, aunque se supone que mientras el estado no publique los reglamentos se respetarán los municipales. Pero yo soy arquitecto, no abogado”, explicó el director Gutiérrez Topete.
