El adeudo histórico de los gobiernos municipales y diversas dependencias con el Instituto, tiene una responsabilidad compartida… y una gran estela de impunidad
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Una de las primeras acciones de gobierno que llevó a cabo Marina del Pilar Ávila Olmeda, es un rescate financiero al Instituto de Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California (Issstecali), donde prácticamente se endeudó para poder cubrir las necesidades mínimas de la atención de salud y el sistema de pensiones de la burocracia y el magisterio de la entidad.
Ávila Olmeda se dio cuenta que el tema estaba a punto de explotarle en el rostro e hizo una jugada desesperada para poder respirar ante la desastrosa administración que dejaron Jaime Bonilla Valdez y Odilar Moreno Grijalva, este último, director de la institución durante su bienio.
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El segundo acto desesperado planteado por la mandataria en aras de sanear la situación del Instituto, es presionar a los municipios para que cubran con sus adeudos históricos que comenzaron a materializarse hace aproximadamente 12 años, cuando los gobiernos municipales dejaron de enterar las cuotas de los trabajadores.
Los ex alcaldes Francisco Pérez Tejada en Mexicali y Enrique Pelayo Torres en Ensenada, iniciaron este conflicto y -curiosamente- fueron los ayuntamientos que más complicaciones han tenido para regularizar su situación, ya que, a partir de ese momento, todo fue cuesta abajo.
Las administraciones de José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid, también cometieron esas omisiones y dejaron de cubrir las cuotas provenientes del dinero de los trabajadores para dispersarse en otros rubros, generando la gran crisis que se vive actualmente.
Cuando la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, refiere que los gobiernos municipales deben cubrir sus deudas, debe recordar que desde hace muchos años hubo gobiernos indolentes y responsables que abiertamente desviaron recursos de los trabajadores, lo que representaría un delito y una falta administrativa que nunca sancionaron. Esto quiere decir que habrá impunidad para todos los gobiernos que metieron al Estado en este problema tan grave, pero además, obliga a replantear la necesidad de una serie de reformas legales para redefinir un sistema de pensiones y servicios de salud.
Ni los endeudamientos ni el pago pendiente de todas las instituciones podrá cubrir las necesidades en el sistema de pensiones, el cual permite que existan trabajadores jubilados con salarios superiores a 100 mil pesos mensuales, para lo cual no cotizaron.
El actual gobierno sólo ha intentado patear el bote, sanear las finanzas de manera temporal, pero el verdadero problema persiste y eventualmente va a cobrar factura, ya sea en este o en el siguiente gobierno.
Mientras los funcionarios, representantes populares y sindicales, sigan viendo al servicio público como su negocio personal, donde pueden acomodar y asegurar a sus allegados, el sistema de salud y de pensiones seguirá colapsando.
Nadie quiere asumir el costo político de reformas ni el sistema de pensiones en Issstecali, pero tampoco quieren realizar una verdadera investigación en los estados financieros para saber quiénes desviaron los recursos de burócratas y maestros.
Sólo el ex alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla (hoy muy cercano a Norma Alicia Bustamante y a su equipo) fue sentado en el banquillo de los acusados, pero resultó absuelto de todos los cargos.
Como dato: cuando fue diputada, Victoria Bentley promovió que la retención de cuotas de Issstecali se volviera un delito aún más severo.
