Una familia política unida en el crimen, fue lo que encontró la Fiscalía General del Estado (FGE) al investigar el secuestro cometido el 9 de enero de 2023, en contra de un cirujano plástico con más de 20 años de experiencia, y amplia y adinerada clientela en Tijuana.
La banda criminal detenida el 18 de febrero, podría apodarse “Los Cuñados”, dada la relación política que unió a los presuntos implicados que ya fueron detenidos (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP). Los planes de la familia Hernández Jaime serían el epicentro de la actividad criminal de la mencionada célula, así lo establece el Número Único de Caso 0204-2023-01467.
Sus principales zonas de operación detectadas por autoridades fueron Villafontana y Otay, al Este de Tijuana, área controlada por el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, en la FGE aseguraron que no detectaron alguna liga criminal específica.
Las autoridades informaron que el grupo había robado, de dos casas diferentes en el fraccionamiento Villafontana:
* Un millón de dólares
* Media tonelada de marihuana (entregaron la mitad a quien les puso -dio información- el trabajo; lo hicieron dos semanas antes de ser detenidos)
* Vendían, en la misma zona y diariamente, la marihuana robada.
Lo anterior, sin consecuencias jurídicas o penales, en una zona administrada criminalmente por “Los Uriarte”, célula del Cártel de Sinaloa.
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Los detenidos detallaron que usualmente se dedicaban a robar casas, droga y casas de cambio; el del cirujano habría sido el primer secuestro en que incurrían, y lo habían iniciado como robo. A saber, querían el dinero que había ganado ese día con las cirugías, 9 mil dólares, pero el acto delictivo intimidatorio escaló.
Presuntamente el cabecilla del grupo, identificado oficialmente como el ex policía municipal de Tijuana, Luis Raymundo Hernández Jaime, dijo a sus socios criminales que el afamado médico, sin problemas económicos, “… le debía un dinero”.
EL EX POLICÍA
De acuerdo a elementos de prueba acumulados en las indagatorias y los dichos de por lo menos uno de los hombres capturados, el líder del grupo delictivo sería, efectivamente, el ex policía municipal de Tijuana, Luis Raymundo Hernández Jaime.
En el video que se hizo público del secuestro, Hernández es quien da las instrucciones y funge como jefe del operativo criminal.
Revisadas notas informativas de la época, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el policía Luis Hernández y el celador Noé David Pascasio López, habían sido detenidos -como resultado de la investigación AP/PGR/BC/TIJ/3365/08- por elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) en un auto. Les aseguraron dos armas, las cuales resultaron positivas en varios homicidios.
Una modelo 26 resultó positiva con las siguientes carpetas de investigación de la FGE:
– 490/08/201/AP
– 472/08/201/AP
– 453/08/201/AP
– 443/08/201/AP
– 412/08/201/AP
– 5819/2008/20B
– 9646/06/206.
El arma de fuego modelo 19 salió positiva con las siguientes carpetas:
– Repiten las 472/08/201/AP, 453/08/201/AP, 412/08/201/AP, 443/08/201/AP y 5819/2008/20B, a las cuales se suman:
– 9243/08/206/AP
– 385/08/201/AP.
En una entrevista publicada en un medio de comunicación propiedad del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, fechada el 2 de junio de 2016, el padre del uniformado señala que su hijo sigue preso cumpliendo una sentencia injusta de 29 años, y que en ese momento el expediente se había reabierto porque detectaron inconsistencias.
También aseguró que las acusaciones incluidas en el expediente, eran mentiras, una venganza del jefe y entonces -2008- secretario de seguridad municipal de Tijuana: “El señor Julián Leyzaola le hizo insinuaciones indecorosas y a la hora de la formación se lo gritó al señor Leyzaola”, asimismo, revancha, porque se negó a formar parte de la escolta del Teniente Coronel en retiro, aseguró el papá del imputado.
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En aquel momento, el señor Hernández informó que su hijo estaba detenido por el homicidio del cerrajero Martín López Colín, asesinado de ocho balazos, pero el expediente incluía otros delitos relacionados con droga, auto robado y armas de uso exclusivo del Ejército.
Consultados, ex integrantes de la escolta de Leyzaola recordaron al ex agente como “El Jaimes” como un elemento “problemático” que amenazaba a sus jefes. Que en más de una ocasión fue intervenido por ellos, porque se acercaba innecesaria y sospechosamente, sin ser llamado al círculo de seguridad del ex secretario.
“Fue de la generación que entró directamente a zona segura y tenía fama de manguera (persona que presume de ser delincuente o tener amigos delincuentes)”.
De acuerdo a los registros del sistema penitenciario bajacaliforniano, Hernández ingresó el 27 de diciembre de 2008, bajo la carpeta 334/2008, por el delito portación sin licencia y posesión de cartuchos. Fue absuelto el 8 de junio de 2009.
Además, bajo la carpeta 1340/2008 quedó consignado su ingreso el 29 de diciembre de 2008 por el delito de homicidio; fue trasladado al Cereso El Hongo en enero de 2011, de donde se le excarceló el 1 de septiembre de 2016, cuando el Juzgado Tercero de lo Penal en Tijuana revocó su sentencia.
CUÑADO Y POLICÍA “ACTIVO”
Como socios criminales, Hernández Jaime eligió a personas cercanas: un policía en activo, quien desde hace dos años goza de incapacidad médica, de nombre Francisco Gerardo Estrada García, quien está casado con una de sus hermanas.
En el video de vigilancia, es uno de los secuestradores que sometió al médico para llevárselo.
En septiembre de 2021, el entonces fiscal estatal Guillermo Ruiz Hernández, informó del inicio de una investigación a un grupo de 252 policías (10% de la fuerza) y 63 médicos, por el otorgamiento de incapacidades médicas sospechosas.
Se concedieron a policías coludidos con cárteles, otros con antecedentes “menores”, la mayoría sólo “abusando del sistema”. Los médicos investigados eran oftalmólogos, traumatólogos, neurólogos y generales: 58 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) y cinco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ruiz fue obligado a dejar el cargo tres meses después y la indagatoria no se ejecutó.
EL POLÍTICO
Para manejar el auto de huida y vigilar la zona mientras sus cómplices perpetraban el secuestro, en el interior del estacionamiento del edificio localizado en la calle Germán Gedovius, a 100 metros de la delegación de la FGR en Zona Río Tijuana, el cabecilla eligió a otro cuñado, novio de otra hermana.
De acuerdo a la indagatoria de la fiscalía y sus elementos de prueba, este sujeto los esperó a bordo de una camioneta Cherokee afuera del lugar del secuestro, los siguió hasta las inmediaciones de la plaza comercial donde abandonaron a su víctima -el cirujano- y sacó a sus cómplices de la escena del crimen.
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Su nombre resultó más conocido que los anteriores: se trata de Manuel Ramón Macías Abaroa, introducido a la política por su madre, una conocida priista.
En septiembre de 2014 lo designaron titular de la subdelegación Insurgentes en la delegación Cerro Colorado. En el boletín informativo del acto, refirieron que el arquitecto Pablo Gerardo Sánchez le dijo que directamente el entonces alcalde Jorge Astiazarán, le informó de su designación, diciendo que lo conoce “por su gran humanismo y ganas de servir a la gente, con una propuesta fresca y juvenil para apoyar a los más vulnerables”.
Antes fue subdelegado en Sánchez Taboada.
Macías se afilió oficialmente al Partido Revolucionario Institucional el 1 de marzo de 2020, año en que fue designado secretario general de Comité Municipal Tijuana (CDM) del PRI bajacaliforniano.
En mayo de 2021, fue uno de los abajo firmantes en el comunicado elaborado por “las y los integrantes del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario” para exigir a su dirigencia nacional que postularan a Jorge Hank Rhon como candidato a gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California.
En cuanto a sus antecedentes, en 2009 la fiscalía inició el expediente 1550/2009, que se convirtió en causa penal 391/2012, por incumplimiento de pensión alimenticia.
En abril de 2015, fue investigado, suspendido y reinstalado, después que el Consulado de Estados Unidos en Tijuana denunciara ante Sindicatura Municipal que había emitido cartas de trabajo falsas a familiares para que obtuvieran visas, como si fueran empelados del Ayuntamiento, sin serlo.
En septiembre del mismo año, Macías Abaroa, fue denunciado por fraude y extorsión en la averiguación 0316/15/211/AP, por el empresario Francisco Carbajal, junto con otros dos funcionarios y quienes resultaran responsables. El empresario realizaría un espectáculo deportivo para apoyar al Club de la Alegría, informó a la prensa que le pidieron dinero y luego le impidieron llevar a cabo la actividad, provocándole un quebranto de 108 mil 722 pesos.
OTRO CELADOR Y GUARDIA DE SEGURIDAD
Como en 2008 la acusación contra Hernández Jaime incluyó como cómplice al celador Noé David Pascasio López, esta vez otro guardia del sistema rehabilitación social penitenciario, fue incluido en el crimen: Esteban Duarte García.
Cuando se perpetró el secuestro, Duarte laboraba como guardia en el Centro Educativo de Menores Infractores (CEMI) en Tijuana, pero estaba contratado como empleado externo y renunció la primera semana de febrero, a un mes de presuntamente cometer el crimen contra el cirujano.
Sin antecedentes delictivos, al salir solicitó empleo y lo obtuvo en la agencia TJ SEG Equipo y Seguridad Privada, SA de CV.
DEFENSA PARTICULAR
De acuerdo a la indagatoria, los poco más de 100 kilos de marihuana en posesión del grupo fueron localizados. Una parte en la casa de Raymundo Hernández en Villafontana, y otra en el edificio 800-31 de Infonavit La Mesa, donde vivía su cuñado Gerardo Estrada.
Con órdenes de aprehensión en mano, en el operativo de capturas, la Unidad Antisecuestros de la FGE aseguró un arma de fuego; 258 cartuchos útiles de distintos calibres; esposas para sujeción de manos; equipos de comunicación; dos cargadores para arma larga y otros dos para arma corta; chalecos tácticos; placas de protección balística; equipos telefónicos y diversa parafernalia semejante a la que usan los cuerpos de seguridad pública.
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Los detenidos fueron acusados del delito de secuestro exprés, ya que el 9 de enero, con lujo de fuerza y engaños, haciéndose pasar por policías, sometieron y golpearon a un cirujano, le quitaron 9 mil pesos, dos depósitos bancarios, un reloj y una cadena. Lo llevaron en su auto, lo mantuvieron privado de la libertad en una zona desconocida para el galeno, tratando de obtener más dinero e información para finalmente liberarlo.
Los cuatro imputados, Luis Raymundo Hernández Jaime, Francisco Gerardo Estrada García, Esteban Duarte García y Manuel Ramón Macías Abaroa (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), fueron vinculados a proceso. El juez otorgó al Ministerio Público un plazo de cuatro meses para concluir la investigación