El Gobierno del Estado de Baja California Sur hizo dos licitaciones públicas nacionales para adquirir equipos y software de geolocalización y extracción de datos, bajo los expedientes LPA-000000014-143-2022 y LPA-000000014-103-2022, una en noviembre y otra en diciembre de 2022.
La autoridad afirmó que dichos equipos serán utilizados única y exclusivamente para realizar investigaciones contra delincuentes. Sin embargo, las especificaciones de cada licitación establecen la obtención de ubicaciones, grabaciones y datos personales de ciudadanos.
“Ese equipo especializado debe estar en la procuraduría para llevar a cabo las investigaciones de objetivos prioritarios, desde luego con la orden de un Juez, pero ese equipo está ubicado en la Secretaría de Seguridad Pública, ahí es utilizado no como espionaje, pero a la vez sí, para ubicar ciertos perfiles de interés para los altos mandos”, expresó a ZETA un miembro externo de Inteligencia externo.
La ganadora fue Vanume, S de RL de CV, misma que no se encuentra dentro del Registro Público del Comercio (Siger). Se trata de una empresa ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 296, Piso 14, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México.
Especialistas consultados por este Semanario consideran que hay más equipo especializado que podría estar operando en BCS.
“Se llama IMSI catcher, un dispositivo que a la redonda captura todas las llamadas que haya, dependiendo la zona en que esté, está muy bien porque se captura, graba las llamadas, todas las conversaciones que hay alrededor de unos 40 kilómetros a la redonda”, especificó un especialista.
Entre las especificaciones técnicas de la licencia de geolocalización que adquirió la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el 16 de diciembre de 2022 (dentro de la LPA-000000014-143-2022), considera aspectos como capacidades de análisis web, criterios de consulta, análisis de cualquier perfil de Facebook, página y grupo de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y monitoreo de una palabra clave en redes sociales.
Asimismo, monitoreo masivo: palabras clave en redes sociales, blogs y sitios web; monitoreo de región-radio, país, de una palabra clave dentro de un radio; monitoreo de la cuenta de un objetivo, influencers (líderes de opinión), filtrado de resultados por rango de tiempos y palabra clave.
En cuanto a presentación de resultados, información general del objetivo, publicaciones, resultados de descubrimiento, cronograma de actividades, medios, temas, interacciones, grupos y gráficas.
“En la (Policía) Estatal tenían tiempo buscando proveedores que les dieran el servicio de geos y sábanas de información de personas, donde ellos pudieran entregar cierto número de teléfono y acceder a la información de hasta tres meses atrás después de la consulta, ubicarlos y hasta conseguir datos multimedia”, dijo el experto.
Pese a que las autoridades estatales sostuvieron que su uso será exclusivamente para el combate al crimen miembros de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), agentes de la Policía Estatal manifestaron que se ha hecho mal uso de la tecnología contratada.
“Desde la Secretaría de Finanzas tenían el interés de utilizar estos equipos, pero no sólo para ubicar blancos prioritarios en materia de seguridad. Hay datos, un primer informe que denota que un alto servidor público de la actual administración lo usó para vigilar a su pareja, eso rompe totalmente la estrategia, lo que es para proteger y servir, el perfil cargado es búsqueda e investigación en la web, redes sociales, influencers y medios de comunicación”, denunció el especialista.
911 “ESPÍA”
No sólo el ala de “inteligencia” de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un sistema que permite conocer y administrar los datos privados de los ciudadanos a través de su equipo móvil de telecomunicaciones. El 3 de noviembre de 2022, el Gobierno del Estado adquirió un “sistema de extracción de datos y geolocalización”.
El software que se pretende del número de Emergencias 911 utiliza la geolocalización, imágenes en video y mensajes de texto durante la llamada de auxilio con el operador. Las autoridades resguardan las grabaciones, almacenan información personal sin el consentimiento de los ciudadanos.
La especificación 16.2, de la Licitación Pública Nacional 000000014-103-2022 dice lo siguiente:
“Estos componentes deberán ser accesibles desde cualquier navegador de escritorio o móvil. Al navegar entre reportes, revisando eventos pasados y examinando el perfil de cada ciudadano atendido, de igual forma deberá asistir a los ciudadanos que toman decisiones en analizar de forma precisa los patrones de comportamiento de los ciudadanos atendidos, y con el tiempo, ayudar a predecir patrones futuros”.
La fuente explicó que una vez recabados los datos del ciudadano se realiza una sábana de toda la actividad recolectada.
“Por medio de las sábanas se puede hacer como una zona, si tiene activado el GPS, se puede hacer como una zona de rastreo de cómo va de punto por punto, por dónde se va moviendo ese teléfono y dónde tiene más actividad; dependiendo si fuera en La Paz y es en la Zona Centro, tenemos actividad que en la zona sur, dependiendo el teléfono, cómo se anda moviendo y ahí te vas dando una idea de qué tanto uso le da al teléfono, si recibe llamadas en la noche o lo apaga, cosas así. Es dependiendo o si también cambia de teléfono, también a veces puede reflejar un corte, pero siempre el teléfono objetivo va a realizar a los mismos teléfonos, por eso se puede revolver a rastrear”, señaló.
Son muchas las opciones con las que la autoridad en materia de seguridad y justicia está operando en BCS. Según el experto, estos equipos especializados los tienen especialmente para su análisis interno, trabajo de inteligencia y, lamentablemente, para trabajos personales.
EL PRINCIPIO DE PRIVACIDAD Y SECRECÍA
La Licitación Pública Nacional 000000014-143-2022 contempla dos partidas: la primera por una póliza de mantenimiento a Equipo AFIS por poco más de un millón 798 mil 240 pesos; y la segunda, una licencia de geolocalización por un millón 392 mil pesos. En total suman 3 millones 190 mil 240 pesos.
Ante la serie de señalamientos en su contra, por encabezar un “Gobierno espía”, Víctor Manuel Castro Cosío rompió el silencio al declarar que ese software ya había sido adquirido en 2019 por su antecesor, Carlos Mendoza. Sin embargo, Castro le dio seguimiento y de nueva cuenta se adquirió la licencia de funcionamiento de dicho software especializado en monitorear a ciudadanos.
“Acordaron en 2019 y nosotros sólo hemos hecho las renovaciones de los equipos que están desde esas fechas, no son para espiar, son de geolocalización, de las funciones propias de una Secretaría de Seguridad Pública. Se sigue haciendo uso y fue tan transparente que lo licitamos, no tenemos nada que esconder, nosotros no espiamos a la gente como ellos”, lanzó el mandatario.
En cuanto al uso legal de estos recursos, Arturo Rubio Ruiz, presidente del Colegio de Postgraduados y Ciencias Afines de Baja California Sur, comentó que la comunicación tiene carácter privado, ya que nadie puede intervenir en esa esfera y debe respetarse por parte de instituciones públicas, a menos que un juez ordene investigar los datos personales compartidos a través de las comunicaciones.
“Es un principio de privacidad y secrecía de las comunicaciones, es inviolable, se encuentra tutelado en el Artículo 16 Constitucional y, por tanto, toda intervención en comunicaciones privadas sin autorización judicial, es decir, que no autorice un juez, constituye una invasión a la esfera jurídica del ciudadano y debe ser penalmente sancionada, atendiendo a los principios de legalidad y certeza jurídica. Es inadmisible entonces, que personal de la Secretaría de Seguridad Pública estatal cuente con equipo de intervención de este tipo, es ilegal”, subrayó Rubio Ruiz.
Sin embargo, la oposición le respondió y pidió al titular del Poder Ejecutivo estatal aclarar para qué se utiliza dicho equipo. Así lo hizo la senadora panista Guadalupe Saldaña Cisneros:
“Exigimos que el gobernador del Estado aclare de manera inmediata si la información que aparece en los medios de comunicación es cierta y qué finalidad tendrá ese equipo valuado en más de 3 millones de pesos, que se especializa en espiar a los ciudadanos a través de sus equipos celulares”.
En su Artículo 252, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que “actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control, con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia”.
