Después de haber rentado su propiedad, una familia de Ensenada tiene casi tres años en medio de un proceso jurídico para recuperar un almacén ubicado en Avenida Reforma del fraccionamiento Valle Dorado, donde el Gobierno Federal incautó 12 mil 800 litros de precursores químicos y 22 vehículos, algunos de lujo, presumiblemente del Cártel de Sinaloa.
El cateo se realizó el 25 de mayo de 2020 por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN). El inmueble se encuentra cerrado y en el exterior con un vehículo descompuesto tipo “pandita” de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Como ese almacén, hay decenas de viviendas en Baja California que se han convertido en un problema para propietarios y vecinos, quienes tardan varios años en rescatar el inmueble.
En el caso de Ensenada, en dos años fueron aseguradas al menos 13 viviendas, al contar con antecedentes relacionados con narcomenudeo. Los dueños pudieron recuperar 22 bienes.
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En BC, aquellos que poseen propiedades deshabitadas y pretenden rentarlas para obtener ingresos adicionales, son los más susceptibles a caer en las redes del crimen organizado. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene una alerta hacia este mercado, argumentando que “encontrar a una persona con solvencia económica y buen historial crediticio no garantiza que sea un buen inquilino”, así que llama a la comunidad a poner candados a través de contratos fiables.
Contratar la asesoría de un abogado o un profesional inmobiliario, y no comprar formatos que se venden en papelerías, son algunas de las últimas advertencias, pues en caso de un juicio, tal documentación “de nada sirve”.
Los delitos más comunes por los que viviendas y diversos inmuebles terminaron siendo asegurados, consisten en corromper a una persona menor de 18 años para cometer delito, robo de vehículo, robo con violencia, fraude, engañar a una persona, daño en propiedad ajena, robo calificado a casa habitación, delito en contra del servicio de control vehicular.
Información de Plataforma Nacional de Transparencia indica que, en el caso de la ciudad-puerto, al periodo de octubre de 2020 a mayo de 2022 se tenían 35 bienes inmuebles asegurados en un proceso legal para reintegrarse a sus dueños.
Mientras que la Fiscalía Regional Tijuana respondió que en el mismo período realizó 744 cateos, entre los cuales se aseguraron 333 inmuebles.
Otros delitos por los que se aseguraron propiedades, son administración fraudulenta, amenazas, peculado, fraude, patrimoniales, privación ilegal de la libertad y secuestro exprés.
Con relación al último punto de costo para rescatar la propiedad, no existen recibos de pago para la liberación de inmuebles, toda vez que es un trámite gratuito y no causa honorarios. Aun así, para agilizar el proceso, los dueños suelen contratar despachos de abogados.
PROMUEVEN PROFESIONALES “BLINDAJE” DE CONTRATOS
El aseguramiento de un bien se lleva a cabo a través de la Ley de Extinción de Dominio para aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos.
Integrantes del Colegio de Bienes Inmobiliarios de Baja California informaron a ZETA que una de las herramientas de esta Ley es registrar los contratos ante la Fiscalía General del Estado. Los profesionales en la materia recordaron que anteriormente existía ese registro, el cual desapareció durante la administración de Jaime Bonilla Valdez.
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Agregaron la importancia de retomar este tema con las autoridades de investigación, debido a los resultados favorables en materia de seguridad para los arrendadores. A través de ese portal se revisaban, aprobaban, protegían e inscribían los contratos. Pero antes, se realizaba una investigación para conocer los antecedentes del interesado en rentar la casa.
“También se le pedían identificaciones, carta de no antecedentes penales y huella digital con el objetivo de proteger al arrendador. Asimismo, este blindaje era de utilidad incluso para quienes omitían los pagos”, indicaron los inmobiliarios.
Era una manera de proteger al arrendador con dinero lícito, y de que en esa propiedad no se almacenarían armas, drogas, materiales explosivos o mercancía ilegal.
Para concluir, recordaron que en 2020, un cliente en Tijuana tuvo un incidente en el cual su vivienda fue cateada y dentro localizaron armas y droga del Cártel Arellano Félix, logrando recuperarla en un periodo menor a tres meses, luego de una investigación que confirmó la inscripción del bien en el registro.
