Con la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la estructura encargada de organizar las elecciones federales en Baja California a nivel distrital, desde Los Algodones, Mexicali hasta la comunidad de El Barril, en San Quintín (según demarcó un funcionario), se reducirá de 40 vocales especializados a sólo un vocal operativo por cada uno de los ocho distritos federales con que cuenta la entidad.
“Si en Baja California actualmente tenemos ocho Juntas Distritales Ejecutivas, de entrada, con esta modificación 32 personas que ocupan una vocalía se verían afectadas, solamente quedando 8 personas con el cargo de vocal operativo”, mencionó en entrevista con ZETA la vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Liliana Díaz de León Zapata.
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“Por lo que respecta a la estructura del Instituto Nacional Electoral en las Juntas Locales y Distritales, este conjunto de reformas impacta considerablemente en la operación del ámbito distrital que tiene el Instituto Nacional Electoral”, manifestó.
El denominado Plan B del Presidente de la República se publicó en un primer apartado el 27 de diciembre de 2022, con modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; mientras que en un segundo decreto, el 2 de marzo de 2023, con ajustes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Otros de los cambios que contempla, consisten en que por cada municipio únicamente haya una oficina auxiliar, aun cuando el número de distritos sea mayor, y que en las Juntas Locales Ejecutivas (enfocadas a coordinar el trabajo del INE a nivel estatal) desaparezca la figura de vocal secretario y la vocalía de Organización Electoral se fusione con la de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con lo que en la Junta Local habría dos vocales menos, de un total de cinco.
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Entrevistados por este Semanario, vocales lamentaron que el tiempo para capacitar a quienes funjan como funcionarios de casilla, igualmente se contempla reducir. Ello podría traer serias repercusiones, en razón del desafío que en BC implica involucrar a la ciudadanía en la operación de las casillas electorales.
En Tijuana hay cuatro Juntas Distritales, en tanto que en Mexicali y Ensenada, tres y una, respectivamente. Con la disposición relativa a sólo una oficina auxiliar por municipio, en Baja California se pasaría de ocho unidades a tres y, en dado caso, a partir de septiembre de 2023, se agregaría una en Tecate, habida cuenta de la instauración del Noveno Distrito electoral federal de BC. “Esto impacta directamente en la operación del Instituto, porque son las y los vocales que integran estas Juntas Distritales Ejecutivas, cada uno especializado en su materia y cada uno especializado en su territorio, quienes operan los procesos electorales”, recalcó Díaz de León.
No sólo eso, observó la funcionaria del INE. La disminución de ocho Juntas Distritales a tres oficinas auxiliares “implicaría también la afectación al personal de la rama administrativa” adscrito a esas subdelegaciones.
“Aproximadamente de 10 a 15 personas” conforman la rama administrativa por subdelegación, de manera que con la correspondiente eliminación de cinco Juntas Distritales, entre 50 y 75 empleados corren riesgo de perder su trabajo en BC.
El 3 de marzo, con motivo de la creación del Comité Técnico del INE para la instrumentación de la Reforma Electoral, el presidente del Consejo General de ese organismo, Lorenzo Córdova Vianello, puntualizó que los derechos de los trabajadores de la institución quedaban salvaguardados en el período de transición y que igualmente prevalecía el derecho del personal a impugnar los acuerdos que el órgano de dirección se veía obligado a tomar por disposición del Poder Legislativo.
Liliana Díaz de León no descartó que, de sobrevenir afectaciones en el ámbito laboral, trabajadores del INE a nivel estatal procedan en consecuencia: “Las y los consejeros han señalado en todo momento que son empáticos con quienes determinen presentar algún medio de defensa de sus derechos laborales”.
Remarcó que ante la destitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto, cese que se dio con la publicación de la segunda parte del PlanB el 2 de marzo (un día antes de que entrara en vigor), el INE “atendió lo que mandataba” el Artículo Transitorio correspondiente (Décimo Séptimo), con el pormenor de que acudiría “a los tribunales a hacer valer lo que corresponda en virtud de que se considera que la separación del cargo no es acorde a lo que establece la Constitución”. La Carta Magna dispone que el período concluya en 2026.
Tratándose de los vocales que pudieran ser destituidos en Baja California, Díaz de León subrayó que “son integrantes del Servicio (Profesional Electoral) que ingresaron por concurso” y “se han mantenido en su cargo con evaluaciones, año tras año”.
Reprochó “que se diga” de quienes fungen como vocal en términos generales, que “no realizan actividades mientras no hay proceso electoral (federal)”. Subrayó que después del período comicial 2020-2021 ha tenido lugar una consulta popular y una revocación de mandato, elecciones locales en distintas entidades el año pasado, la elección extraordinaria de senador en Tamaulipas el 19 de febrero, amén de la organización de los comicios de Coahuila y Estado de México, a llevarse a cabo el 4 de junio de 2023.
En cuanto a la disposición de proceder con contrataciones de manera temporal para los procesos electorales, “volvemos a lo mismo, son figuras temporales que no cuentan con la profesionalización que las y los integrantes del Servicio hasta este momento han desarrollado”, estableció la vocal ejecutivo.
De la fase para capacitar a los ciudadanos que vayan a integrar las Mesas Directivas de Casilla, enfatizó: “Están acortando los tiempos para que se lleve a cabo la primera visita, la primera etapa de la capacitación y la segunda, por lo que dificultaría que se logre las metas que hasta este momento hemos alcanzado porque reduce también el tiempo con que se contaba para poder llevarlo a cabo”.
UN SOLO VOCAL PARA HABILITAR 5 MIL CASILLAS EN BC
Conforme al esquema establecido previo a la publicación de la Reforma Electoral de López Obrador, las Juntas Distritales Ejecutivas se componen de cinco vocales: ejecutivo, secretario, de Organización Electoral, de Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Alejandro Ramírez Hernández, vocal de Organización Electoral de la Junta Local, refirió a este Semanario que con la desaparición de los vocales en ese rubro a nivel distrital, una sola persona quedaría a cargo de los trabajos consistentes en habilitar las casillas para las elecciones de 2024. “Estamos proyectando instalar alrededor de 5 mil casillas en todo el Estado”, aseveró, de modo que con la eliminación de los ocho vocales de Organización adscritos a las Juntas Distritales, él encabezaría los trabajos de instalación en caso de no ser cesado (se contempla que la vocalía a su cargo se fusione con la de Capacitación Electoral y Educación Cívica).
“Yo me encargaría, en caso de que yo quedara, de instalar estas 5 mil casillas, o sea, una persona para instalar casillas, digamos desde Los Algodones hasta El Barril, que ya es la frontera con Baja California Sur, eso es uno de los impactos muy concretos que tiene la Reforma”, aludió.
FALTA DE CERTEZA Y OTRAS DIFICULTADES
La vocal secretaria de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, Vanessa Cañedo Escobar, dijo ver “con preocupación los impactos que tiene esta Reforma”. Consultada por este medio, advirtió que la desaparición de la secretaría distrital traería severas afectaciones.
Los “vocales secretarios y vocales secretarias somos quienes ejercemos la fe pública electoral durante los procesos y fuera de ellos (para actividades y ejecución de programas del INE), y con esta reforma ya no existe, digamos por Ley, ningún funcionario que la posea más que el director jurídico, y después él habrá de delegar en cualquier otra persona”, detalló.
“Es uno de los primeros impactos que tiene (el Plan B de López Obrador) y por supuesto la poca certeza que se tendría a la ejecución de las tareas”, afirmó.
De la reducción de tiempos de capacitación, deploró: “En Baja California sabemos que hay un serio problema para entregar las Mesas Directivas de Casilla por el poco interés que hay dentro de la ciudadanía para integrar y participar en los procesos electorales”.
Advirtió que de no instalarse una casilla o de ser integrada “con personas que no estén capacitadas”, ello se traducirá a “causales de nulidad”, derivando en “muchas otras” complicaciones.
En entrevista con ZETA, Mauricio Fernández Luna, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, indicó que sólo en la demarcación a la que corresponde esa subdelegación hay que coordinar los trabajos de 25 supervisores y 152 capacitadores asistentes electorales, de forma tal que con la eliminación de su cargo, aumentaría la carga de trabajo para el vocal operativo.
Sostuvo que esa coordinación termina por ser demandante: “Trabajos que involucran personal requieren mayor atención, si ocupas dar una atención de conflicto, atención de necesidades, estar dándoles material, documentación, ir a las comunidades a apoyarlos en la capacitación y tener cierta representatividad”.
Con menos personal en las Juntas Distritales, “que conozca, que sepa de los procedimientos y cómo se deben seguir, podría ocasionar que los trabajos se hagan con retraso o tal vez tengan baja calidad”, lo que pudiera concurrir “una desorganización de los trabajos de la Junta Distrital”.
Tanto Mauricio Fernández Luna como Vanessa Cañedo Escobar, mencionaron que en caso de que la Reforma Electoral les afecte en el ámbito laboral, estarían en la disposición de proceder en consecuencia.
“Haremos valer sin duda nuestros derechos a través de las vías jurisdiccionales a nuestro alcance”, obviamente “tendríamos el derecho a tener ese recurso”, dijeron.
De cualquier manera, antes de pensar en una batalla legal por la retención de sus puestos, la prioridad es pelear porque la Norma se declare “inconstitucional”.
Por último, Liliana Díaz de León Zapata recalcó que además de la destitución de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE, el impacto a la estructura profesional con que debe contar el Instituto es inconstitucional, “entre otras cosas procedimentales que contravienen las certezas y garantías que la Constitución establece en el Artículo 41”.
