La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad de los partidos nacionales de oposición contra el primer paquete de reformas del Plan B impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los recursos fueron promovidos por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, con motivo del Decreto de Reformas a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicado el 27 de diciembre de 2022.
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En conjunto con esas acciones ingresaron otras, presentadas por integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura. Los medios de control fueron admitidos por el ministro Alberto Pérez Dayán.
“…los cambios impugnados buscan alterar el equilibrio de la contienda al remover límites de la comunicación social en tiempos electorales y cambiar la naturaleza jurídica de la comunicación social, permitiendo que servidores públicos, bajo la premisa de su libre expresión y de la difusión de información de interés público, puedan realizar promoción personalizada y adoctrinamiento político”, estableció en su momento MC a propósito del decreto.
De permitirse que los servidores difundan “obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales”, entre otros contenidos, a lo largo de las campañas políticas sin hacerse sujetos a sanción, se vulnerará “la equidad” de la contienda, sugirieron el diputado del PRI, Rubén Moreira, y el dirigente perredista Jesús Zambrano.
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Marko Cortés, líder del PAN, se pronunció porque a partir de la presentación de los recursos, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, “haga valer la supremacía constitucional y se respete la Constitución”, lo que a su modo de ver se traduce a “que las leyes secundarias no se violenten, que el Presidente no abuse de su cargo, de su mayoría simple en la Cámara de Diputados para querer poner las reglas a modo en materia electoral”.
El diputado Ignacio Mier, de Morena, arguyó en alusión a las acciones presentadas por PRD, PAN y PRI: “La Reforma Electoral es una definición de filosofía política: estás con el pueblo o con la mafia electoral”.
Además de admitir a trámite los recursos, el ministro Pérez Dayán dictó una resolución para que el Decreto no rija durante los procesos electorales de Coahuila y Estado de México, actualmente en curso. Según dio a conocer la Corte el 21 de febrero, la determinación obedeció a que la disposición se promulgó en período de veda electoral, contiene modificaciones legales fundamentales y “su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y los derechos fundamentales implicados en este”
