Poderes Judicial y Legislativo preparan recursos de revisión contra determinación de un juez de Culiacán que abrió la posibilidad de reelección o ratificación del ex consejero de la Judicatura
Mientras algunos buscan permanecer en el poder más tiempo del que les corresponde -como lo haría Jaime Bonilla Valdez, quien intentó extender su bienio a cinco años hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso un alto-, otros simplemente prefieren mantenerse más tiempo dentro del presupuesto.
El caso más reciente emana desde las entrañas del Poder Judicial, donde el ex consejero César Holguín Angulo, quien tuvo que dejar su cargo dentro del Consejo de la Judicatura del Estado en noviembre de 2022, tras cumplir los cuatro años para los que fue electo, decidió pelear contra la Constitución de Baja California y todo el marco jurídico del país, buscando perpetuarse dentro del presupuesto como integrante del órgano administrativo del Poder Judicial.
Hace unos días, ZETA publicó de forma exclusiva que Holguín Angulo ganó una sentencia de la demanda de amparo 330/2023 por parte del juez federal de Culiacán, Óscar Gregorio Herrera Perea, en la que se decreta la inconstitucionalidad del Artículo 64 de la Constitución de Baja California, la cual impide la reelección o ratificación de consejeros de la Judicatura, e incluso refiere la posibilidad de perpetuarse en el cargo.
El descabellado argumento presentado por el juez pretende equiparar las labores de los consejeros con las de ministros o magistrados, al requerir independencia para llevar a cabo sus funciones, como si se tratara de una actividad jurisdiccional y no meramente administrativa.
En otro punto también refiere que en un Consejo no se puede diferenciar a los consejeros, pues algunos tienen la posibilidad de ser reelectos, concretamente aquellos que ya ostentan el cargo de magistrados.
El texto de más de 30 páginas -en poder de CACHANILLAZ– abre la posibilidad de que Holguín Angulo pueda alegar una ratificación inmediata a su cargo como consejero, cuyo sueldo -dicho sea de paso- supera los 100 mil pesos mensuales.
Evidentemente, la sentencia ha generado inconformidad en gran sector de la población jurista. De hecho, la Barra de Juristas de Mexicali, encabezada por el abogado Elías Flores Gallegos, anunció que presentarán un recurso de revisión ante instancias superiores en busca de combatirlo. A este esfuerzo se unirá el área jurídica del Poder Legislativo y el propio Judicial, dirigido por el magistrado Alejandro Isaac Fragozo, los cuales se encuentran trabajando -de forma independiente- en recursos legales para también combatirlo.
No es la primera vez que Holguín Angulo pretende algún disparate legal para seguir viviendo del erario. En febrero de 2022 tuvo un revés judicial cuando presentó una demanda de amparo en busca de hacerse de un haber de retiro por sus cuatro años de servicio en el Consejo de la Judicatura.
En ese entonces, el Juzgado desechó la petición por un tema de forma y no de fondo, pues su salida sería hasta noviembre del año anterior, por lo que aún no le causaba perjurio.
Más allá de la batalla legal que el propio diputado Juan Manuel Molina asegura que podría irse a un análisis de fondo ante la SCJN, el problema es que perfiles busquen enquistarse dentro de la administración pública por el simple hecho de vivir en la comodidad presupuestaria.
En los últimos años se ha cuestionado el desempeño del Consejo de la Judicatura debido a su ineficiencia e incluso costo-beneficio, pero vaya que en Baja California es complicado justificarlo cuando sus integrantes lo ven como una forma de vivir en la comodidad y formar parte de la socialité jurídica del Estado.
