Mientras la defensa de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en México, plantea sus argumentos para presentar la posible apelación en contra de la declaratoria de culpabilidad que formuló en su contra el Jurado ciudadano en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, la fiscalía estadounidense iniciará con la elaboración del reporte previo a la sentencia para fijar su postura de cara a la cuantificación de la pena que le será impuesta al imputado.
Tras la determinación unánime de los doce miembros del Jurado el 21 de febrero, de declarar culpable a García Luna, los fiscales del caso tienen hasta el 27 de junio próximo, fecha en que se dictará sentencia por el juez Brian Cogan, para realizar las consideraciones relacionadas con la gravedad de los hechos juzgados, desglosar y establecer cantidades de droga traficada en cada cargo, el contexto de la identidad y actividades del acusado, entre otras.
De acuerdo con los cargos fincados, uno por realizar declaraciones falsas ante autoridades migratorias estadounidenses en 2018 durante los trámites de naturalización del mexicano, otro por conspiración para pertenecer a una empresa criminal continua, y tres más por conspiración para traficar cocaína, García Luna podría alcanzar desde penas muy elevadas en años de prisión o sentencia de por vida en alguna cárcel de máxima seguridad de la Unión Americana.
Para resolver la cuantía de la pena, el juez Cogan se apoyará de una comisión de sentencia que analice la responsabilidad de Genaro García Luna en cada uno de los delitos ya probados y escuchará la opinión jurídica que le sea propuesta, para la individualización de la sanción a imponer. Simplemente por el cargo de falsedad la pena mínima es de cinco años de cárcel; en tanto que, por cada cargo de traficar cocaína, son diez años la mínima hasta cadena perpetua, y en caso de pertenecer a la empresa criminal, la condena puede ir de los 20 años a la pena vitalicia.
Sólo bastaron tres días de deliberaciones para que el Jurado emitiera su veredicto basado en los testimonios presentados por los fiscales a través de testigos colaboradores, en su mayoría narcotraficantes y miembros de las agencias del Estado norteamericano, que determinaron la culpabilidad del ex jefe policial durante la administración del Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, durante el periodo 2006-2012. A Genaro García le acusaron de proteger durante su tiempo como secretario de Seguridad Pública a los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva para introducir toneladas de cocaína a EU.
Los testimonios rendidos en las audiencias de los días 13 y 14 de febrero por el narcotraficante Jesús “El Rey Zambada”, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada García, fueron determinantes para establecer la culpabilidad del imputado, al asegurar que sostuvo dos encuentros con García Luna para entregarle un soborno de maletas que contenían 5 millones de dólares con la intermediación de un abogado de nombre Óscar Paredes en un restaurante de Paseo de la Reforma en Ciudad de México.
Genaro García Luna, que escuchó el fallo del Jurado acompañado de su esposa Linda Cristina Pereyra y sus dos hijos, quedó en custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (Marshals Service) y permanecerá internado en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, en espera de las visitas de su abogado César de Castro, que ahora se enfocará a interponer o no la apelación del caso y cuyo plazo fenece el próximo 7 de abril. El enjuiciado volverá a presentarse en la Corte neoyorquina a las 11:00 horas del 27 de junio para notificarle de la sentencia que Brian M. Cogan le imponga.
LAS REACCIONES
Tras escuchar la resolución del Jurado, César de Castro leyó un comunicado para los medios de comunicación estadounidenses y mexicanos a las puertas de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Ahí, el defensor dijo estar decepcionado por el veredicto en el juicio contra su cliente, pero manifestó respetar la decisión.
Breon Peace, fiscal federal por el Distrito Este de Nueva York, afirmó que “García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la Ley en México, ahora vivirá el resto de sus días revelado como un traidor a su país y a los miembros honestos de la Policía que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles. Es inconcebible que el acusado traicionó su deber como secretario de Seguridad Pública al aceptar con avidez millones de dólares en sobornos que fueron manchados con la sangre de las guerras de cárteles y batallas relacionadas con las drogas en las calles de Estados Unidos y México”.
En México hubo reacciones como la de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, quien a través de su cuenta de Twitter apuntó: “García Luna es declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en E.U. La justicia ha llegado para quien fuera escudero de @FelipeCalderon. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca”.
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También el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar, se manifestó por la misma red social con un mensaje contundente: “El veredicto unánime de hoy muestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción. Demuestra que nuestra búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente el buen gobierno que merece”.
Por su parte, el ex mandatario Felipe Calderón escribió una carta a la opinión pública para pronunciar su postura sobre el juicio y veredicto de García Luna: “Esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia. Desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia.
LOS PENDIENTES
El miércoles 22 de febrero, en su mensaje de la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no es Genaro García Luna para que se condene a todo un país por conductas corruptas de unos cuantos. “García Luna, inclusive Felipe Calderón, el Presidente actual, no somos México, somos representantes de un país, México es su pueblo. No equiparar, eso está mal. Si están enjuiciando a un funcionario de México, eso no es un juicio contra México”.
El mandatario nacional añadió que este caso no termina con la sentencia al ex funcionario encargado de la seguridad pública federal hace dos sexenios, que lo que el pueblo de México quiere es una explicación de por qué Calderón lo designó secretario y si realmente no sabía de las actividades de García Luna.
“Ojalá y Calderón, antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, él explique, y también Fox, porque viene desde la AFI”, cuestionó el tabasqueño.
De igual forma, sugirió a Genaro García testificar y aportar información respecto a su actuación durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa: “Todavía hay la posibilidad de que García Luna declare como testigo, y yo diría, como Presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los ex presidentes, tanto a Fox como a Calderón, a Fox cuando estaba en la AFI y a Calderón cuando era secretario de Seguridad”.
De ser condenado a sentencia de por vida, la posible extradición de Genaro García Luna sería prácticamente imposible para que se le juzgue por su probable responsabilidad en delitos cometidos en México, donde ni las administraciones anteriores ni la del actual Gobierno Federal, le investigaron previo a que Estados Unidos lo hiciera.
En México, la primera carpeta de investigación se integró a partir de 2020 por el caso denominado “Rápido y Furioso”.
El asunto deriva del operativo pactado en 2009 por autoridades estadounidenses (Grupo de Trabajo sobre el Control de Drogas contra el Crimen Organizado, OCDETF por sus siglas en inglés) y mexicanas, que consistió en la introducción de más de dos mil armas de fuego para hacerlas llegar al Cártel de Sinaloa y “rastrearlas”; sin embargo, el seguimiento fracasó y las armas fueron usadas en crímenes, incluso contra un diplomático norteamericano.
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Tampoco se avanzó en esclarecer la participación y autoría de Genaro García Luna y colaboradores en la Agencia Federal de Investigación (AFI) por el montaje mediático de la detención de Israel Vallarta Cisneros y la francesa Florence Cassez como presuntos secuestradores de la banda del Zodiaco, en diciembre de 2005, en el rancho “Las Chinitas”. Ahí se configuran los posibles delitos de tortura y fabricación de pruebas.
Queda pendiente de acreditar la responsabilidad del ex jefe policial en la asignación de contratos corruptos para beneficiar a la iniciativa privada en la construcción y operación de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) bajo el esquema CPS (Contrato de Prestación de Servicios) Número 11 Hermosillo, 12 Guanajuato, 13 Oaxaca, 14 Gómez Palacio, 15 Chiapas, 16 Femenil Morelos, 17 Michoacán y 18 Ramos Arizpe y uno de súper máxima seguridad en Veracruz, cuya obra aún no concluye. El contrato dispone la cantidad de alimentos diarios para el total de la capacidad de cada Centro, y aunque no exista esa cantidad de población, se paga el total, entre otros beneficios para las empresas operadoras.
Desde luego, falta por dejar en claro los esquemas bajo los que las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto adquirieron software para realizar tareas de espionaje a objetivos políticos, adversarios y periodistas, a través del equipo denominado Pegasus. En algunas de las transacciones se emplearon empresas fantasma. Al parecer Genaro García Luna tuvo injerencia, al menos en el sexenio de Calderón.
En tanto se piensa utópicamente en la justicia de esos asuntos, en México, magistrados del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, confirmaron la resolución en la que un Juzgado de Distrito concedió un amparo a Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, y que ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “descongelar” cuatro cuentas bancarias, luego de más de tres años de tenerlas inmovilizadas, al estar incluida en la Lista de Personas Bloqueadas.