Alrededor de las 8:30 de la mañana de este martes 13 de diciembre autoridades de los tres niveles de gobierno desalojaron “con lujo de violencia” a 800 familias que se asentaron en el Ejido Rojo Gómez en Tijuana.
Los habitantes del Ejido que mide 60 hectáreas y se ubica en la carretera vieja a Tecate, indicaron que sin previo aviso y no importando que dentro de las viviendas hubiera personas, las autoridades llegaron con maquinaria pesada y comenzaron a echar abajo sus hogares e incluso uno de ellos se incendió en consecuencia.
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“Nosotros estábamos dormidos y llegaron las máquinas a lo tonto y se metieron a tirar casas, sabiendo que hay pequeños durmiendo. Yo estaba cocinando para mis hijos, de tanto que estaban golpeando prendieron mi casa, y ahora a dónde me voy a meter con mis hijos; si no los saco se me queman dentro”, dijo Mayra Alejandra, una de las habitantes afectadas.
Lo anterior en presencia de las tres fuerzas del orden, la Guardia Nacional, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), y la Policía Municipal de Tijuana.
Según Mayra, las autoridades sustentaron el desalojo con una orden, misma que no les mostraron, y otros vecinos aseguraron que la dueña del Ejido estaba negociando con ellos para venderles sus terrenos.
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“La dueña nos vendió, íbamos a firmar un papel al último, hasta metió topografía y nos midió los terrenos; teníamos nuestros expedientes con nuestros documentos; todo iba bien y llegan de repente y que para afuera”, comentó otra afectada.
Ante el accionar de las autoridades y la falta de vivienda, los expulsados advirtieron que de no obtener respuesta comenzarán a manifestarse.
“Vamos a hacer un mitin, queremos que esto llegue a la gobernadora para que nos ayude porque no tenemos dónde vivir”, mencionó una de las afectadas.
Sin embargó, Pedro Aranda, Actuario del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, aclaró que el desalojo se debió a que un particular, de apellido Talamantes, inició un juicio contra el Ejido Rojo Gómez en 1998, hasta que eventualmente el Poder Judicial resolvió a favor del demandante, por lo que procedieron a efectuar la orden.
