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lunes, enero 30, 2023
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Buenas intenciones, en programa de seguridad de dos años de AMLO

A dos años para que culmine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2022-2024 para lo que resta del sexenio con base en cuatro objetivos prioritarios, como son: Promover la construcción de paz en el territorio nacional; fortalecer la operación de las instituciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional; disminuir los delitos vinculados con la delincuencia organizada en las regiones del país; y mejorar la operación y las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.

De acuerdo a la justificación del Ejecutivo Federal, el PNSP es un instrumento de planeación que responde al problema público del deterioro de las condiciones de paz y seguridad en las diversas regiones del país, “el cual es causado por la ausencia de mecanismos de pacificación y construcción de paz; la debilidad en la operación de las instituciones de seguridad pública; el aumento de los delitos vinculados con la delincuencia organizada, y las deficientes condiciones de internamiento para una estancia digna y segura de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios”.


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El programa, que cita indicadores delictivos de 2019, 2020 y una parte de 2021, pareciera haber sido elaborado en diferentes etapas de tiempo, pues a pesar de que las estadísticas van al día tanto en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y otras instituciones gubernamentales o autónomas, aparecen cifras que para estas fechas han sido rebasadas por los delincuentes. Lo mismo sucede con las citas de las encuestas ENVIPE que son de años anteriores.

En el primer objetivo, de “Promover la construcción de paz en el territorio nacional”, para su cumplimiento se plantean “estrategias orientadas a lograr la reconstrucción del tejido social y la recuperación de las condiciones de bienestar social mediante el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional para prevenir el delito, la violencia y fomentar la cultura de denuncia; el establecimiento de mecanismos de pacificación y la promoción de la cultura de paz”. También, la buena intención de mejorar la vinculación de la población con las instituciones de seguridad pública, y el impulso a la reinserción de las personas privadas de la libertad.

Por lo que ve al tema de “Fortalecer la operación de las instituciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional”, el objetivo se crea para atender el problema que deriva de la debilidad en la operación de las policías municipales y estatales, para implementar estrategias “que renueven, consoliden y fortalezcan su capacidad de respuesta ante las necesidades urgentes de seguridad de la población”. Ahí se reitera la consolidación de la operatividad de la Guardia Nacional y la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en apoyo a las instituciones de seguridad y procuración de justicia.


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En cuanto a “Disminuir los delitos vinculados con la delincuencia organizada en las regiones del país” se admite que este objetivo se presenta “para contrarrestar las estrategias fallidas que no han sido capaces de revertir el problema público del aumento de estos delitos, como lo denotan la persistente confrontación local entre organizaciones delictivas y la proliferación de prácticas de violencia que atemorizan a la población”.

Para lo anterior, se establecerían mecanismos que combinan tareas de investigación e inteligencia y el uso de recursos tecnológicos para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos y debilitar las operaciones con recursos de procedencia ilícita para desarticular la red financiera de los integrantes de las organizaciones delictivas, combatir el robo a autotransporte de carga y pasajeros en las carreteras de México, y prevenir las conductas delictivas en el ciberespacio.

El cuarto y último objetivo: “Mejorar la operación y las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios”, que son cotos de poder de organizaciones delincuenciales, el programa propone estrategias que en teoría ya se estarían desarrollando, como “mejorar las condiciones de internamiento, fortalecer la operatividad del sistema penitenciario para mejorar las condiciones de seguridad, la profesionalización del personal para garantizar la adecuada operación y el fortalecimiento de los mecanismos de control en los centros penitenciarios”.

Según la visión hacia el futuro del PNSP 20222024 espera que para ese entonces “en el país haya sido restablecida la paz y se hayan recuperado las condiciones de convivencia social y la confianza en las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, a partir de la puesta en práctica de la máxima que busca la solución pacífica de los conflictos mediante la prevención de la violencia y el delito, la proximidad institucional, la justicia procesal y la justicia cívica, acordes con el nuevo paradigma de seguridad que privilegia los derechos y la atención integral y especializada a las víctimas, con perspectiva de género y la resolución pacífica de conflictos con la colaboración o asistencia de instituciones públicas y privadas en acciones de mediación comunitaria”.

Según la visión futurista, “luego de cinco años de haber sido creada la GN y de haber sido desplegada en las regiones prioritarias definidas por el Gobierno de México, retorna la gobernabilidad a los poderes locales, en territorios donde hubo presencia de organizaciones delictivas, en estos ya operan cuerpos policiales formados bajo el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, profesionales certificados y capacitados en los protocolos del uso de la fuerza y del respeto a los derechos humanos, equipados con armamento y tecnología, con capacidad para responder a las demandas ciudadanas de seguridad”.

Julio Madrazo, constructor en políticas públicas y comunicación, estima que de los diversos México que existen, el México violento, es tal vez el del mayor reto “porque no solo vemos un incremento en todas las violencias, sino la política que se adoptó desde Calderón y que todos los gobiernos después han continuado, de militarizar la seguridad pública, es claramente fallida. Ha sido un fracaso. Donde el Ejército interviene, escala la violencia. No se corrige. Y hemos cada vez más cedido todos los espacios de esa seguridad pública, de esa seguridad ciudadana, al Ejército”.

“Entonces, ahora tenemos dos grandes retos en esa materia: ¿Cómo volver a fuerzas de seguridad publica civiles? Y ¿cómo rediseñar la estrategia de seguridad y de paz en el país? Para lo cual, también creo que hay que escuchar a la ciudadanía; este es otro ejemplo de que las decisiones desde las élites han sido equivocadas y nos han conducido por una senda de más violencia, de más armas, de más muertes y de más desaparecidos”, aseguró el autor del libro ‘Un país posible’.

Entrevistado por ZETA, Claudio Lomnitz, antropólogo e historiador, compartió que “La militarización es el mejor ejemplo de que en el México actual hay mucha y sobra soberanía, porque las Fuerzas Armadas dependen directamente del Presidente. Lo que vemos, que es muy interesante, es que ese ha sido un proceso que ha sido continuo. Es decir, cada gobierno ha ido concentrando cada vez más y más poder en el presidente, y más y más poder en el Ejército, porque hay, lo que yo llamo, el Estado extrañado de sí mismo, que es la desconfianza en policías municipales, a veces de policías estatales; van llevando a una especie de un impulso de concentración del poder en los militares y en el Ejecutivo federal”.

“Es decir, más y más soberanía, pero al mismo tiempo, menos y menos capacidad reguladora; porque si tú ya perdiste el control sobre policías municipales, como es el caso, hay que reconocerlo, es el caso en una buena parte del país, en que las policías municipales están dominadas por el crimen organizado, no son, no tienen, no responden ya a una cadena política como correspondían antes; entonces, quiere decir que no tienes capacidad reguladora porque los que están ahí todo el día son los policías municipales”, dijo el miembro el chileno, miembro del Colegio Nacional.

Autor del libro ‘El tejido social rasgado’, Lomnitz explica que “además, si metes al Ejército a la seguridad publica tienes que convertir al Ejército en policía, lo que significa muchísimas cosas. No es tan evidente, por eso tenemos el fenómeno de los rondines; es decir, lo que trata de hacer el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, para infundir una idea de seguridad, son rondines, para mostrar que están ahí, pero su capacidad, realmente, de regular día a día, pasa por muchas cosas que un policía en su mandato y también en las cosas que están y no están autorizados para hacer, no son aquello para lo que están entrenadas las Fuerzas Armadas. Tenemos esa mezcla que no ha sido, hasta ahora, nada exitosa, para regular realmente las economías ilícitas, ni siquiera tampoco para volver a tomar cierto control sobre las economías informales”.

Por su parte, Luis Estrada Straffon, director del Centro de Análisis Spin, que se ocupa de observar y desglosar las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio del sexenio, señaló que al mandatario, en general, “No le gusta hablar de la seguridad. Ese tema no ha cambiado. Desde el inicio, el Presidente no quiere hablar de eso. Y la mejor forma que nosotros podemos ver que López Obrador no quiere hablar de un tema, es cuando se lo delega a alguien más; por ejemplo, al subsecretario López Gatell con el asunto de la pandemia, se lo avienta; cuando hay temas de economía, va Raquel Buenrostro o cosa así”.

“Al Presidente hay temas de los que no le gusta hablar, y la seguridad tiene una sección los jueves, que se llama ‘Impunidad cero’, donde supuestamente demuestra que el gobierno persigue a los delincuentes y se hace cumplir la ley; pero todos sabemos que la violencia está en su nivel más alto, que parecería que hay una especie de acuerdo, que los militares no enfrentan a las organizaciones criminales, y eso, pues, es una decisión del Presidente ¿no? El mejor caso es, cómo manejó, durante la conferencia mañanera, y en general, el gobierno, el ‘Culiacanazo’, la captura fallida de Ovidio Guzmán. Ahí te das cuenta que el Presidente no quiere hablar de ese tema y prefiere hablar del pasado, como criticar a los demás, argumentando que por culpa de ellos, él no pudo o no ha podido tomar su responsabilidad plenamente”, finalizó el también autor del libro ‘El imperio de los otros datos’.

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Autor(a)

Luis Carlos Sáinz
Reportero desde 1989 en W Radio, Promomedios Radio, TV Azteca, Canal Ocho, Grupo ACIR, Ocho Columnas, Associated Press y ZETA; Consejero Editorial en Mural 2010-2011. Autor del libro Rejas Rotas.
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