Con 14 votos a favor, 5 en contra y 2 inasistencias, la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la minuta con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones para extender hasta 2028 el periodo en que Fuerzas Armadas continuarán desempeñando labores de seguridad pública en la entidad y el resto de la República Mexicana.
Específicamente, el Congreso local aprobó la reforma el Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
Ahora, durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidad e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en materia de seguridad pública.
Dentro de la minuta presentada ante el pleno de la XVI Legislatura, se enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública deberá ser extraordinaria y acreditarse la absoluta necesidad mientras sea temporal y solicitada de forma expresa por la autoridad civil.
La SCJN también señala que la intervención de la Fuerza Armada deberá ser regulada, con estricto apego al orden jurídico previsto en la Constitución Política de México y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Publicidad
__
La reforma expone que las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada Permanente en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
Cabe mencionar que la aprobación del dictamen se registró el martes 1 de noviembre, cinco días después que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, visitara el Congreso del Estado para socializar la minuta que envió el Congreso de la Unión.
En su encuentro con las y los diputados de la XVI Legislatura, pidió al Poder Legislativo de Baja California Sur el respaldo a la militarización de la seguridad pública.
Recordó las acusaciones que se han hecho en contra del Ejército, señalando que ahora son temas que toca a las autoridades judiciales investigar y deslindar las responsabilidades.
No obstante, el titular de Gobernación enfatizó que el Gobierno de México no puede quedarse nada más en el pregón de la lentitud de la justicia, sino actuar para recuperar el territorio perdido por el crimen organizado.
Argumentó que el 34% de los municipios del país no tienen Policía, lo cual es común denominador entre varios estados de México que hoy están entre los más violentos.
El objetivo de la minuta es que la Fuerza Armada Permanente realice las tareas de seguridad pública con sus recursos y medios, extendiendo de 5 a 9 años el periodo de responsabilidad jurídica y facultad.
“Tiene más de un siglo que nuestro país afortunadamente no participa en acciones bélicas en ninguna parte ni del territorio nacional y del mundo”, añadió.
Al finalizar, Adán Augusto López pidió el apoyo a los marinos y militares, a quienes calificó como gente patriota que necesita el respaldo para que las Fuerzas Armadas continúen “trabajando por el bien de México”.
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ES FALLIDA: PAN
La lista de las y los diputados que votaron a favor es: Eda Palacios (PRS); María Guadalupe Moreno, Guadalupe Vázquez, José María Avilés Castro, Teresita Vázquez, Manuel Guerrero, María Luisa Trejo (Morena); Luis Armando Díaz, Gabriela Montoya, Fernando Hoyos, Enrique Ríos, Christian Agúndez (PT); además de Marbella González (Fuerza x México).
Las y los diputados que votaron en contra son Gabriela Cisneros (independiente); Armando Martínez Vega, Rigoberto Mares (PAN); María Luisa Ojeda González y Blanca Márquez Espinoza (PRD).
Asimismo, se registró la inasistencia de dos legisladores: Eufrocina López y Eduardo Van Wormer, ambos de Morena.
Desde la solicitud de respaldo que hizo Adán Augusto López, las y los diputados de Morena, PT y Fuerza por México anunciaron públicamente su voto a favor de la minuta de acuerdo.
En contraste, el diputado panista Rigoberto Mares se manifestó en contra, refiriendo que en 2019 se defendió que la Guardia Nacional permaneciera con un mando civil y ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en militarizar la seguridad pública.
“La seguridad ha empeorado, 124 mil 415 muertes violentas. El país atraviesa una terrible ola de violencia, cada vez hay hechos más violentos, más inhumanos y más crueles”, mencionó, además de calificar la estrategia de seguridad como fallida y opinar que ésta requiere cambios que el Gobierno Federal no intenta corregir.
Por ello, recalcó Mares, el PAN no validará que la respuesta sea únicamente extender el periodo de cinco a nueve años en que las Fuerzas Armadas tengan como responsabilidad la seguridad de la ciudadanía.
“Se debería estar discutiendo una estrategia integral para que protejan a las y los ciudadanos en su día a día. Consideramos que esta reforma no acredita los elementos que la Corte ordenó para proteger a la ciudadanía y justificar el uso del Ejército en las tareas de seguridad pública”, expresó en tribuna.
Acusó que desde el primer año de gestión, el Gobierno Federal tiene al Ejército en las calles, aunque el Presidente prometió que regresaría a los militares a sus cuarteles y hoy pretende mantenerlos en activo, incluso después de finalizar su administración.
Por su parte, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Tercer Período Ordinario de la XVI Legislatura, José María Avilés Castro, salió en defensa de la reforma. Argumentó que la minuta establece que las Fuerzas Armadas realizarán una labor de “acompañamiento” en seguridad pública con condicionamientos específicos.
Enlistó que la milicia se debe sujetar a la autoridad civil en cada una de las entidades y municipios, además de que se creará un fondo para que a partir de 2023 puedan irse capacitando, equipando y generando las habilidades necesarias para que las policías Estatal y Municipal puedan hacer las funciones que ahora están realizando los militares.
“Nosotros no utilizamos el término militarización, sino el uso faccioso que hizo el mando civil de las Fuerzas Armadas. Me parece que lo que ahorita planteó Acción Nacional es una completa falta de memoria”, declaró.
El diputado, quien también es líder de la bancada de Morena, expuso que no hablan como tal de “militarización”, sino de la creación de un marco normativo, tomando en cuenta que es una realidad que los elementos de las policías Municipal y Estatal no tienen condiciones para enfrentar el fenómeno criminal que ha crecido en los últimos 30 años.
“Finalmente, no me atrevería a plantear un asunto de este tipo cuando el secretario de Seguridad Pública y parte también de la Seguridad en el sexenio de (Vicente) Fox, está siendo juzgado en Estados Unidos por ponerse de uno de los bandos del crimen organizado, cuando usaron sin ninguna normativa a las Fuerzas Armadas para hacer un combate frontal al crimen organizado”, resumió Avilés.
MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD, UN ERROR: ESPECIALISTA
Arturo Rubio Ruiz, abogado y especialista en temas de seguridad en Baja California Sur, otorgó una entrevista a ZETA para externar su opinión sobre la aprobación de la minuta en el Congreso local.
Desde su perspectiva, el hecho de que se amplíe el plazo para que las fuerzas militares se encarguen de las labores de seguridad pública sólo refleja la incapacidad del Estado para enfrentar uno de los problemas más viejos de este siglo en México.
“Desde el punto de vista de política criminal, es un error que las Fuerzas Armadas, que están hechas para combatir, para enfrentar de una manera bélica una situación, se encarguen de una labor que requiere fundamentalmente inteligencia, estrategia, prevención, contención, disuasión, persecución y sanción del delito”, compartió.
Se trata de labores específicas que requieren de un mecanismo de funcionamiento para lo cual ni el Ejército, Marina o Guardia Nacional están preparadas, al ser funciones contrarias a la esencia, formación y estructura castrense.
“El otro problema que vemos a la militarización que se prolonga en aspectos de seguridad pública, es que se ha demostrado que no sirve para contener el embate de las organizaciones de la delincuencia organizada”, afirmó.
Revolviendo la historia de la república, recordó que los grupos más violentos del crimen organizado encontraron su funcionamiento y génesis en estructuras desarrolladas dentro de la milicia mexicana. Incluso, la violencia criminal se disparó cuando se utilizó al Ejército para combatir al narcotráfico.
“Creemos que es un error prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública, porque la principal función de la seguridad pública, la más eficaz y la menos atendida es la prevención a través de la inteligencia policial; labores que no hace el Ejército, que no hace la Marina, que no hace la Guardia Nacional, porque su inteligencia está diseñada para el combate, no para la prevención”, reiteró.
En los sucesos ya documentos, cuando se habló por primera vez de usar las fuerzas castrenses en los años 70, se decía que la Policía necesitaba disciplina, organización y controles, por lo que la milicia supuestamente se encargaría de capacitar a las corporaciones. Sin embargo, no fue así.
En ese punto, asegura el especialista, se dio el comienzo de la problemática que ahora enfrenta México y que tiene como consecuencia lateral que las Fuerzas Armadas absorban una carga importante de recursos, y los estados y municipios reduzcan su capacidad de crecimiento en labores de formación y capacitación de cuerpos policiales.
“Se habla que esta extensión estará sujeta a que los militares rindan información periódica, sistemática a el Congreso; se habla de una comisión de legisladores que supervisará la labor. Eso no va a pasar, eso nunca va a pasar”, advirtió.
“El Ejército nunca va a aceptar la supervisión y rendición de cuentas a un grupo de particulares, la prueba está en lo que ocurrió recientemente y que ni siquiera se presentó a la cita para informar el asunto de Guacamaya, cuando finalmente, por la presión mediática, el secretario de la Defensa aceptó presentarse en el Congreso, con la condición de que no se les preguntara nada”, enfatizó Rubio.
Por ello, considera que no funcionará la estrategia de transparencia y vigilancia que proponen desde el Congreso de la Unión y que ya aprobó el Poder Legislativo de Baja California Sur, ya que las Fuerzas Armadas se conducen desde la obediencia al mando superior y no por órdenes de instancias civiles.
