Pese al discurso de austeridad republicana del Presidente, algunos regidores morenistas de Mexicali presionan para que se contemple un aumento de sueldo para ellos en el siguiente ejercicio fiscal
Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy enfático en la austeridad republicana, al menos en el discurso y en sus actividades directas, tal parece que sus correligionarios no sienten el mismo interés por seguir la ideología del fundador de Morena.
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Muchas evidencias hay de ello, pero la más reciente se planteó desde Cabildo de Mexicali, donde un grupo de regidores vinotinto comenzaron a presionar a sus compañeros y a la propia administración municipal, para que les aumenten el sueldo en el siguiente ejercicio fiscal de 2023.
Cuando arribó al poder el presidente municipal Gustavo Sánchez Vásquez, se redujo el sueldo a 44 mil pesos, ya con impuestos descontados, lo cual fue respetado por la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda cuando fungió como alcaldesa de Mexicali. Por ende, los sueldos de los ediles fijaron su tope precisamente en este ingreso mensual.
Ante esta situación, los regidores han impulsado otras medidas para incrementar sus ingresos, desde aumentos en partidas especiales o de gasto social, lo cual ha quedado evidenciado el abuso que cometen en la entrega discrecional de los apoyos.
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Según fuentes dentro del Cabildo de Mexicali, desde hace semanas el tesorero del Ayuntamiento de Mexicali ha hecho consultas a varios ediles para conocer su opinión sobre el aumento de sueldo en 2023, a lo que la oposición ha dicho que no respaldaría tal iniciativa.
Las mismas fuentes sugieren que un grupo de cinco ediles, encabezados por la morenista Suhey Rocha Corrales, ha emprendido una campaña de presión para que se contemple un aumento salarial de último momento a todos los regidores.
Tal parece que la austeridad republicana o la pobreza franciscana, no es bienvenida dentro de la administración municipal de Morena en la Capital bajacaliforniana.
Entre amigos
Hace meses, el diputado Marco Antonio Blásquez fue denunciado por el partido Movimiento Ciudadano por violencia política de género, tras una serie de señalamientos contra Marina del Pilar Ávila Olmeda, referentes a su vida personal y su desempeño en el cargo.
El proceso especial sancionador con número PS-09/2022 cayó en manos del magistrado Jaime Vargas Flores, amigo y ex abogado del propio Blásquez, lo cual -al parecer- a nadie se le hizo extraño y no hubo quejas al respecto.
Pues con la novedad que, a finales de octubre, el magistrado Jaime Vargas Flores ordenó “reponer” todo el procedimiento y turnarlo nuevamente al Instituto Estatal Electoral (IEE), debido a que -a su consideración- no se cumplió con el proceso para armar el expediente contra su amigo Marco Blásquez.
Los argumentos expuestos refieren que faltaron una serie de diligencias y precisiones sobre los señalamientos expuestos por Blásquez, y que era necesario realizar más oficios para recabar más información, prorrogando aún más el ya de por sí extenso proceso.
Por la conocida afinidad de Vargas Flores hacia el bonillismo y por la amistad con el diputado del Partido del Trabajo, es imposible no pensar que pudiera tratarse de un conflicto de interés, puesto que el magistrado electoral está evaluando el desempeño de su amigo e incluso ex abogado.
La relación entre ambos ya ha sido denunciada públicamente en otros momentos, como en 2015, cuando el profesor Gabriel Fernando Santillán, del extinto Partido Municipalista, refirió que Blásquez Salinas intentaba apoderarse del instituto político mediante el apoyo de su compadre -hoy enemigo- Jesús Alejandro Ruiz Uribe y del propio Vargas, quien trabajaba en el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC).
Pero bueno, a nadie le parece extraño.
