Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, ex jefe de sicarios y lugarteniente de los hermanos sinaloenses Beltrán Leyva, así como, antes, de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, salió de la Penitenciaría Federal de Coleman II, ubicada en el condado de Sumter, Florida, Estados Unidos, ello luego de siete años de haber sido extraditado y seis de lograr un acuerdo para convertirse en testigo colaborador.
El capo de 49 años de edad y nacido en Laredo, Texas, fue condenado el 11 de junio de 2018, en Atlanta, Georgia, EE.UU., por cargos de tráfico de cocaína y lavado de dinero, además de que debería pagar una multa de 192 millones de dólares. En ese entonces fue internado en la Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.
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Después fue transferido a la Penitenciaría Federal de Coleman II, ubicada en el condado de Sumter, Florida. Sin embargo, según registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) el recluso 05658-748 ya no está bajo su custodia, pese a que su condena de 49 años de prisión tendría que haber sido cumplida hasta el 27 de julio del año 2056.
Según el diario Reforma, que informó del hecho el 29 de noviembre de 2022, una vez que abandonó la cárcel, Estados Unidos no devolvió a Valdez Villarreal a México, para que continuara con al menos 4 juicios que dejó pendientes y sin sentencia.
El capo texano fue detenido el 30 de agosto de 2010 por elementos de la Policía Federal (PF), en una casa de campo en el Estado de México, mientras luchaba por el liderazgo del Cártel de los Beltrán Leyva, luego de que su jefe, Arturo, alias “El Barbas”, murió durante un enfrentamiento con elementos de élite de la Secretaría de la Marina Armada de México (SEMAR), en un fraccionamiento de Cuernavaca, Morelos, en diciembre del 2009.
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“La Barbie” permaneció preso hasta el 30 de septiembre de 2015, en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, cuando lo extraditaron a Estados Unidos.
Al momento de su entrega a EE.UU., el texano tenía en curso los procesos penales 61/2010 y 44/2012 del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, por delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento, respectivamente.
También el juicio 133/2010 del Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, por delitos contra la salud y delincuencia organizada, y en el proceso 57/2005 del Juzgado Tercero de Distrito de Acapulco, por delincuencia organizada y secuestro.
“La Barbie” pidió a su abogado Kent A. Schaffer, acelerar su extradición a Estados Unidos para negociar la disminución de su condena a cambio de ofrecer información. A partir del 15 de septiembre de 2015, fecha en la que fue extraditado a EE.UU. junto a otros 12 narcotraficantes, su estrategia legal fue lograr acuerdos para obtener una reducción de la sentencia y suplicar clemencia como ciudadano estadounidense.
Juzgado en la Corte del Distrito Norte de Georgia, en Atlanta, el 6 de enero de 2016, “La Barbie” se declaró culpable de asociación ilícita para importar y distribuir cocaína, así como para lavar dinero.
“Valdez Villarreal importó toneladas de cocaína a EU mientras trabajaba sin descanso en las filas de uno de los cárteles más poderosos de México, dejando a su paso innumerables vidas destruidas por las drogas y la violencia”, aseguró el fiscal Byung J. “BJay” Pak, a través de un comunicado.
“Valdez se involucró en dos décadas de delitos de narcotráfico y reinó con inconmensurables actos de violencia e intimidación. Sus actividades de narcotráfico despiadadas y violentas representaron una amenaza significativa para la calidad de vida en nuestro país y en otros lugares”, señaló, por su parte, Robert J. Murphy, agente especial de la DEA.
Los tribunales estadounidenses acusaron a ‘La Barbie’ de traficar camiones llenos de cocaína en el este de Estados Unidos y de enviar de vuelta a México una ganancia de millones de dólares. Durante varios años, estuvo en la lista de los criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Por su parte, la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) aseguraba que el capo texano era temido por su brutalidad, después de desatar una sangrienta lucha por el control de los territorios del Cártel de los Beltrán Leyva, para el que cometió múltiples asesinatos.
En febrero de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó, ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, una lista de 11 testigos colaboradores en el juicio contra Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”. Uno de los principales era precisamente el oriundo de Laredo, Texas.
“La Barbie” escribió una carta, en noviembre de 2012, donde acusó a Genaro García Luna, entonces titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, así como a varios de sus colaboradores, de trabajar con el narcotráfico y de recibir dinero de los Beltrán Leyva desde el 2002.
También señaló a otros integrantes del primer círculo de García Luna, como el preso Luis Cárdenas Palomino; el prófugo Ramón Eduardo Pequeño García; así como a Edgar Eusebio Millán Gómez e Igor Labastida Calderón, ambos ejecutados; además de Armando Espinosa de Benito, Francisco Javier Garza Palacios y Facundo Rosas Rosas y Gerardo Garay Cadena.
“Genaro García Luna […] me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información; Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí”, indicó “La Barbie”.
García Luna, se encuentra en espera del inicio de su juicio en Estados Unidos, mismo que llevará a cabo Brian M. Cogan, juez de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, en Nueva York, un proceso judicial que se prevé comenzará el 19 de enero del 2023.
