Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, fue imputado y vinculado a proceso, el 17 de noviembre de 2022, como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas, en agravio de la víctima con iniciales D.L.C.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, cuya titular es Verónica Hernández Giadáns, informó que fue a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, que se obtuvo la vinculación contra el ex mandatario estatal.
“Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, se presentó vía remota ante el juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, en audiencia inicial donde se realizó la imputación y al renunciar al término constitucional, fue dictado auto de vinculación a proceso imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria”, informó la Fiscalía estatal veracruzana.
Las indagatorias de la FGE veracruzana iniciaron ante la desaparición y el asesinato de David Lara Cruz, quien trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, y fue privado de su libertad por otros integrantes de dicha institución, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control, para luego ser abandonado en el municipio de Alto Lucero.
NUEVA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA JAVIER DUARTE POR DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó, el 6 de diciembre de 2021, que, agentes de la Policía de Investigación (PDI) -adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República (SSC-CDMX)-, apoyaron a personal de la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz (FGE), en el cumplimiento de una orden de aprehensión contra el ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada de personas.
Según la carpeta de investigación, Duarte de Ochoa -preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital de la República-, posiblemente estaba relacionado con el hallazgo de los restos de 19 personas en enero del 2016, en una barranca conocida como “La Aurora”, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Veracruz, a escasos metros de la Academia Estatal de Policias “El Lencero”.
Según la indagatoria iniciada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, cuando era gobernador, Duarte de Ochoa posiblemente estaría relacionado con la desaparición y manipulación de información sobre las 19 personas halladas en enero del 2016 y que fueron identificados el 4 de abril del 2018.
Después, el 27 de septiembre de 2019, familiares de desaparecidos y autoridades estatales encontraron en La Aurora restos de personas que, a decir de antropólogos de la Fiscalía General de la República (FGR), tendrían entre 7 y 8 años de antigüedad.
La Fiscalía capitalina señaló que el cumplimiento del mandato judicial se realizó conforme al debido proceso y derecho en el área jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Al momento de ser notificado, Duarte de Ochoa se negó a firmar el documento, por lo que se solicitaron videograbaciones, para que hubiera constancia de la orden de aprehensión.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz investigaba la presunta responsabilidad del ex mandatario veracruzano en dicho caso de desaparición forzada. Al tratarse de un delito grave, se determinó que el ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 49 años de edad, permanecería en prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar.
Las indagatorias eran por la desaparición y el asesinato de David Lara Cruz, quien trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, quien fue privado de su libertad por otros integrantes de dicha institución, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control, y luego fue abandonado en el municipio de Alto Lucero.
Asimismo, se señala la presunta responsabilidad de Duarte de Ochoa, porque supuestamente ordenó al ex fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, ocultar la cifra total de personas encontradas en La Aurora. También se ocultó el hallazgo de Gilberto Aguirre y Carlota Zamudio, quienes fueran mandos de la misma FGE veracruzana.
Por este hecho fueron detenidos e imputados Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal general de Veracruz; Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales de la FGE; Carlota Zamudio Parroquín, ex delegada Regional de la Policía Ministerial de Xalapa; y, Rosario Zamora González, ex directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía veracruzana.
Sin embargo, ninguno de dichos ex funcionarios está preso en la actualidad, ya que demostraron ante jueces que la Fiscalía veracruzana solicitó medidas cautelares excesivas en su contra, por lo que lograron seguir su proceso en libertad, pagando fianzas que van de los 15 mil, hasta el millón de pesos.
Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre del 2016, día en que, en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, solicitó licencia al Congreso del Estado. Luego, el día 25 de ese mismo mes, fue expulsado del PRI.
Desde el 20 de octubre de 2016 se encontraba prófugo de la justicia, mientras era buscado por la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Fue detenido el 15 de abril de 2017, en un hotel ubicado en el municipio de Panajachel, departamento de Solalá, a orillas del lago Atitlán, en Guatemala.
El 17 de julio del 2017 fue extraditado a México. Luego, el 21 de agosto de 2018, la PGR reclasificó la acusación de delincuencia organizada -de 20 a 40 años de prisión-, por la de asociación delictuosa, de 5 a 10 años de prisión.
El 26 de septiembre de 2018, Duarte de Ochoa fue condenado a 9 años de prisión, después de que se declarara culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, también impuso al ex gobernador una multa de 58 mil 890 pesos.
Asimismo, se decretó el decomiso de 40 propiedades, 20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche, y 20 a inmuebles, entre departamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los cuales se encuentran en Santa Fe y que tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, cada uno.
