Por las resoluciones de juicios de amparo ganados contra las auditorías de Fisamex, las comisiones estatales del agua de Baja California fueron condenadas a restituir 162 millones 139 mil 876 pesos por cobros indebidos, informó Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública.
Versión que discrepa de la dada el pasado 26 de octubre por el secretario del Agua, Armando Fernández Samaniego, quien había declarado ante la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que la CESPT había 50 millones de pesos en solicitud de devolución, pero que no se había devuelto ningún recurso al aún no concluir el procedimiento judicial. Mientras que en Mexicali ya se habían regresado 20 millones de pesos.
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Durante su comparecencia por la Glosa del Primer Informe de Gobierno, Del Villar Casas aseguró que se están revisando con el Órgano Interno de Control de las comisiones del agua, para fincar responsabilidades a los funcionarios que entonces signaron los contratos, y algunos de ellos siguen laborando, una vez que se haya fundamentado el daño patrimonial.
La Secretaría de Honestidad y Función Pública recibió en el primer año de gestión mil 104 quejas, 526 denuncias y 314 Informes de Posible Responsabilidad Administrativa (IPRA), así como 299 audiencias, precisó la funcionaria estatal ante legisladores del Congreso local.
De 29 denuncias por 15 con pliego de estatus están en investigación 273 millones 506 mil 525 pesos. De los cuales 31 millones de pesos se encuentran en la Fiscalía General de la República (FGR) por peculado, derivado una denuncia presentada por el actual gobierno, ahondó este 15 de noviembre de 2022.
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Ante la crítica de la falta designación de un fiscal anticorrupción y la restitución del Sistema Anticorrupción hecha por la diputada de Movimiento Ciudadano Daylín García Ruvalcaba, Del Villar Casas rechazó que no haya una política pública en la materia. Recordó que la anterior fiscal renunció al cargo ante la falta de presupuesto.
“Desde la Federación tenemos el problema, no nada más es aquí en el estado, institucionalmente nosotros tuvimos que implementar un Sistema Estatal Anticorrupción homólogo al federal y no lo hicimos, pusimos 11 consejeros ciudadanos cuando debieron ser cinco”.
“Es un sistema que se creó a nivel nacional porque va a bajar al Estado y a los municipios, éstos tienen que hacer su sistema municipal anticorrupción. ¿Qué estamos haciendo nosotros?, rescatar, integrarlos al Estado para no esperar tanto tiempo, sí urge que el Sistema Estatal Anticorrupción esté listo porque de ahí salen las políticas”, indicó al cuestionar cuándo el Congreso podrá tener a esos consejeros ciudadanos.
El Congreso es quien debe elegir a una Comisión para designar a los consejeros de participación ciudadana. En tanto, la FGE debe elegir a la persona que será encargada de la Fiscalía Anticorrupción, y confió en que pronto se envíe una terna para elegir al Consejo Estatal Anticorrupción
Consideró una “buena propuesta” que se coloque un candado para que las asignaciones de más de 2 o 3 millones sean firmadas por los titulares de las alcaldías, porque “de los temas que traemos ahorita, casualmente los responsables no están, no firmaron los contratos, firmaron otros designados a los que se les dio la facultad en ese momento”.
En cuanto a las denuncias por abuso laboral y acoso, Del Villar Casas dijo que se han presentado 80 denuncias, de las cuales 36 corresponden a abuso de autoridad, 27 a acoso laboral, 11 a abuso para fines de cambio de posición y 6 de acoso escolar. (Julieta Aragón)
