Sin capacidad innovadora ni propuestas inteligentes, por segundo año consecutivo, los gobiernos morenistas en Baja California aumentan impuestos y servicios a los contribuyentes cautivos de siempre; aquellos incumplidos continúan impunes
Los impuestos y tarifas para acceder a diversos servicios públicos proporcionados por municipios, Estado y Federación, son gastos económicos a los que todos los ciudadanos están obligados por Ley, en tarifas progresivas. Los pagos de gravámenes son, en teoría, conforme a su respectiva capacidad económica; y los servicios, se pagan según lo que la gente necesite y tenga la necesidad y posibilidad de pagar.
Aunque hay casos como el agua y la luz eléctrica, que evidentemente, pero dados los precios, no todos tienen la posibilidad económica de costear.
Estos pagos por trabajar, comer, construir, vigilar, por concesiones, opiniones técnicas, comprar, tener una casa, un terreno, sacar un permiso para usar o estacionar en vía pública, usar carreteras y etcéteras, no son un asalto en despoblado, porque los gobiernos lo redistribuyen y usan para “financiar la satisfacción de las necesidades públicas”.
Ahora, el detalle es que los titulares de los poderes ejecutivos morenistas de Baja California, están igual que sus antecesores panistas y priistas, porque deciden irse por la fácil de aumentar impuestos y ejercer mayor presión en los contribuyentes ya cautivos.
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En el Estado que maneja la tasa de inflación anual más alta del país con un 10.01% y la consecuente alza de precios, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda puso el ejemplo al decidir dos importantes aumentos.
Primero, la tarifa del agua, a pesar que los ciudadanos ya están pagando onerosos por un servicio deficiente, porque en la Zona Costa -cinco de siete municipios- reciben el líquido a cuentagotas o en tandeos. Y segundo, al Impuesto sobre Nómina, asegurando que sólo afectará a empresarios, como si no supiera que el pago de este tipo de costos siempre se desparrama y como si hubieran generado las condiciones propicias para una buena economía y desconociera que los trabajos que se están generando, son de salarios insuficientes y bajos, que la informalidad está engrosando y se desaceleró la generación de empleo.
En su turno, los munícipes la siguieron, lo peor es que ni siquiera es nuevo. El año pasado, los mismos alcaldes, Armando Ayala (Ensenada), Montserrat Caballero (Tijuana), Araceli Brown (Rosarito) y Norma Bustamante, ya habían aumentado prediales y en algunos casos los precios de algunos derechos.
Para 2023 volverán a las andadas, sin importarles no haber cumplido con sus compromisos, porque mientras boletinan cientos de actividades, las ciudades siguen llenas de baches, sucias, el tráfico insoportable, las calles oscuras y la gente continúa reclamando seguridad- con excepción de Tecate-, el resto aumentarán el Predial, Mexicali lo disfrazará creciendo los valores catastrales y Rosarito hará ambas cosas.
Ni siquiera se toman la molestia de justificar sus caros salarios, sin liderazgo, sin creatividad, sin capacidad innovadora, o preocuparse y ocuparse en estar a la vanguardia, sin esforzarse por transformar la sociedad, sin la agudeza para identificar y orquestar las necesidades de “todos” sus gobernados, sin visión de futuro a largo plazo. Ni siquiera intentan cargar a los contribuyentes incumplidos, menos aún, generar nuevas y justas formas de ingresos. Van por los paganos de siempre.
Ni siquiera hay que ser rico o pertenecer a la “mafia del poder”; basta con haberse esforzado para no ser pobre, pero no tienen criterios. De no solicitar alguna de las becas que reparten, aunque no estén beneficiando de alguna forma, toca pagar más.
Van a reclamar más dinero y con engaños, porque mientras aseguran que los aumentos serán de una sola cifra, a la hora de revisar los números totales, los incrementos que esperan en los ingresos están por encima del 30%.
¿En qué se lo van a gastar, a saber?, porque sin remordimientos se limitaron a justificar que los milloncitos serán para seguir mejorando la prestación de servicios públicos.
En este punto vale recordar que usualmente más del 50% de lo que recaudan se gasta en sueldos, alrededor de otro 25% en gastos generales, y con el resto, los morenistas acostumbran contratar, rentar o pagar a empresas privadas -a través de opacas asignaciones directas- para que hagan el trabajo que deberían estar haciendo los empleados del Estado y los ayuntamientos.
