A través de un boletín de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS) confirmó que la exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), Rosalva Cuadras López, fue vinculada a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la narración de hechos, la exfuncionaria de la administración del exgobernador Carlos Mendoza Davis (2015-2021), está relacionada con una carpeta de investigación donde se le señala por, presuntamente, autoliquidarse con un millón 781 mil 212 pesos el 9 de septiembre de 2021.
A inicios del mandato del gobernador Víctor Castro Cosío, éste anunció que llevarían a cabo auditorías para evidenciar la situación en la que recibió las finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
El 13 de octubre de 2022, la PGJEBCS dio a conocer que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Cometidos por Servidores Públicos aportó datos de prueba que permitieron vincular a proceso a Rosalva Cuadras.
El Juez de Control determinó vincular a proceso a la exdirectora por considerar que la evidencia es suficiente para relacionarla como probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del INVI.
En la audiencia inicial, celebrada el miércoles 12 de octubre, el Juez de Control impuso una medida cautelar a contra la exdirectora, por lo que estará obligada a firmar periódicamente ante las autoridades judiciales.
En entrevista con diversos medios de comunicación, el gobernador precisó que existen alrededor de 10 denuncias más en contra de exfuncionarios de la administración de Carlos Mendoza Davis.
El mandatario señaló que no revelará los nombres hasta que las autoridades judiciales avancen con las investigaciones y se pueda hacer del conocimiento público cada caso.
“No quiero entorpecer el procedimiento de carácter jurídico para evitar que el día de mañana justo esté alterando las investigaciones, el curso de lo que le toca a la procuración de justicia. Yo solamente voy a proceder a darles a conocer a quien le corresponda las investigaciones tal y como las fue generando las auditorías”, declaró.
Hizo hincapié en que la vinculación a proceso es resultado de las auditorías que realizó su gobierno a su antecesor. Asimismo, enfatizó que, si surgieran funcionarios de su administración entre estas denuncias, también se dará a conocer.
Por último, recordó que los presuntos implicados en las carpetas de investigación tienen el derecho legítimo a la defensa.
“Yo no voy a juzgar a nadie, nosotros ustedes saben que no somos área de jueces, estamos en el área de trabajo y organización. Sí somos gente que se comprometió con la comunidad de que vayan quedando claras las denuncias, todo lo que en un periodo largo se ha venido haciendo”, finalizó.
