La acusación contra Alejandra Fernández, Perla Cota, Erick Murillo y Diego Soto es violencia política de género. Los periodistas son reconocidos por ser duros críticos de la administración de Víctor Castro. Proceso está en manos de FGR. “No soy quien imparte justicia, pero sí puedo hacer un llamado a las autoridades judiciales para que aceleren las denuncias que sean sustentadas”: gobernador
En el caso de BCS Noticias, publicaron la denuncia de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias al entregar a la hija de una entonces diputada y militante del Partido del Trabajo (PT) una candidatura plurinominal, colocando una fotografía “artística” sin descontextualizar el texto, y ese error los tiene vinculados a proceso.
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En el caso de Metrópoli Mx, y aunque Diego Soto no pertenece al medio ni colabora como tal, fue vinculado porque le imputan un audio de una nota que muestra fotografías de la ex candidata cuando posó para una revista para adultos, además del texto de la publicación en Facebook, a la cual no tenía acceso el comunicador.
Es la primera vez en la historia de Baja California Sur, que periodistas son vinculados a proceso por la comisión de un delito de carácter federal, así lo dispuso la Fiscalía General de la República (FGR).
El miércoles 28 de septiembre, los comunicadores Alejandra Fernández, Perla Cota, Erick Murillo y Diego Soto fueron vinculados a proceso por el delito de violencia política en razón de género.
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“Estamos en una audiencia de vinculación a proceso promovida por una trabajadora del Gobierno del Estado de Baja California Sur con la intención de vulnerar un derecho humano, el derecho a la libertad de expresión; pese al hostigamiento judicial seguiremos realizando nuestro trabajo e impulsaremos un periodismo libre, no nos vamos a callar”, externó Diego Soto, periodista y director del medio Tres Seis Cinco MX.
Aun cuando la Secretaría de Gobernación que encabeza Adán Augusto López Hernández protegió a Soto al determinar riesgos para ejercer su profesión mediante amenazas, visitas a negocios familiares y apertura de créditos fiscales, el periodista denunció el acoso judicial en contra de los comunicadores.
Erick Murillo, director de BCS Noticias, indicó que desde que inició el año, su medio de comunicación ha visto afectadas sus labores.
“Este 28 de septiembre enfrentamos lo más delicado, nos veremos con un juez, quien decidirá si se nos vincula proceso por un delito penal federal que tiene hasta seis años de prisión, de acuerdo a las pretensiones del Ministerio Público; hoy advertimos un uso desmedido del aparato judicial para castigar la publicación o difusión de una noticia relacionada con el desempeño público de una militante del Partido del Trabajo en Baja California Sur”, denunció.
Después de cinco horas de audiencia, el juez determinó vincular a proceso a cuatro periodistas, dos por parte de Metrópoli Mx y dos de BCS Noticias, dictando un término de diez días para buscar una alternativa para resarcir el daño o ir a juicio.
“Me encuentro preocupado, porque en mi estado al día de hoy no existen condiciones para ejercer el periodismo, prueba de ello es que yo también formo parte de esta denuncia penal en la Fiscalía General de la República, promovida por una servidora en activo de este gobierno; lo preocupante es que se utilice todo el aparato de gobierno para acosarnos, perseguirnos y vulnerar un derecho humano, que es la libertad de expresión. Quiero agradecer a la Secretaría de Gobernación por incluirme en el Mecanismo de Protección a Periodistas”, comentó Diego Soto previo a la audiencia mediante un video compartido a medios de comunicación.
Los hoy enjuiciados, son reconocidos por su labor periodística y el gran alcance que tienen en la entidad, además de ser duros críticos contra la corrupción del gobierno de Víctor Castro Cosío.
Según periodistas, el acoso judicial se ha conseguido, desde inicios de 2022 han visto mermados sus portales informativos por estar atendiendo diligencias judiciales, la mayoría fuera del Estado, en las oficinas centrales de la FGR, aun cuando son residentes de La Paz, donde también hay oficinas de dicha fiscalía.
“Lamento decirlo, que eso no garantiza la seguridad de mi familia y la mía”, remató Soto.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 313 carpetas de investigación de enero a agosto de este año, sólo una por delitos electorales, en la que se encuentran los periodistas sudcalifornianos.
Hay 140 investigaciones federales por delitos contra la salud por tráfico, producción, comercio y suministro de drogas; 18 delitos cometidos por servidores públicos; 28 contra el medio ambiente; 78 delitos patrimoniales; 41 carpetas por portación de armas y uno solo electoral contra periodistas.
Habiendo 312 carpetas de investigación del orden federal contra sicarios, narcotraficantes y hasta servidores públicos corruptos, se le dio agilidad a la carpeta contra los comunicadores por instrucción del gobernador, quien en febrero sentenciaría: “No soy quien imparte justicia, pero sí puedo hacer un llamado a las autoridades judiciales para que aceleren las denuncias que sean sustentadas, que vayan más allá de la publicación en redes sociales, para que encuentren una respuesta y, de contar con los elementos necesarios, sean castigados conforme a la Ley”.
UN DÍA SIN PERIODISMO
A la fecha, BCS registra en el fuero común 342 denuncias por narcomenudeo; 200 delitos cometidos por servidores públicos; mil 151 carpetas de investigación por amenazas, delitos graves que se siguen por oficio, como 30 violaciones del tipo equiparada contra menores de edad, personas con discapacidad o personas indefensas; además de 30 por corrupción de menores y tres por trata de personas. Delitos que siguen sin respuesta.
Debido al claro acoso judicial, el día de la audiencia, periodistas protestaron con un día sin informar a la sociedad, sin noticias y sin periodismo.
“Hay mucho en juego, principalmente nuestra libertad y la libertad para informar a la gente de cosas que deberían saber, mañana BCS Noticias para por primera vez en 10 años de trabajo ininterrumpido, no publicaremos ni una sola noticia, porque el sistema de justicia decidió que entre miles de casos que hay dormidos en las fiscalías, enjuiciar a periodistas era prioridad”, expresó Erick Murillo, director de ese medio de comunicación.
Desde el procedimiento en el Tribunal Electoral de Baja California Sur, la autoridad en el ramo “entregó un cheque en blanco”, casi, casi buscaron a posibles víctimas y, una vez que fueron señalados como violentadores políticos en razón de género, les dijeron que podían denunciar a los medios apuntados.
“El INE, digamos, le da un cheque en blanco y le dice: ‘Si quieres tú también puedes denunciarlos’, y cuál es la consecuencia de eso: si la señora nos denuncia, pues ya sabemos el camino. Entonces, desconozco cuál va a ser la intención, no sé si la puso, no la va a poner, no sé no, pero esto es algo que parece que no va a acabar”, reveló Murillo.
Las pruebas aportadas por los comunicadores fueron desechadas sin analizarlas, la FGR sólo se basó en la sentencia emitida por un Tribunal Electoral que no aportó estudios vinculatorios en materia penal, ya que no es su rama; no investigó, incluso violentó el debido proceso.
“Durante estos meses que he visto cómo se han desarrollado los casos, me he decepcionado un poco de la manera en que se ha conducido la autoridad, ha sido bastante frustrante, porque presentamos muchas pruebas y fueron omitidas, desafortunadamente no teníamos dinero para ir a México y estar viéndonos con autoridades para tratar”, detalló Erick Murillo.
QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL ACOSO JUDICIAL
“En nuestro caso, lo que advertimos es de un hostigamiento por parte de la gente que está relacionada única y exclusivamente en la carpeta de investigación, yo creo que la autoridad sabe quiénes son”, refirió el director de BCS Noticias.
Desde un principio, medios de comunicación expresaron su sentimiento de acoso judicial, solicitaron audiencia con el propio Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, con organizaciones nacionales e internacionales de libertad de prensa, mecanismos de protección… nada fue suficiente para frenar lo que ellos llaman “venganza política”.
“Hemos enfrentado una serie de demandas desde inicios del año, actualmente con apoyo de organismos nacionales e internacionales, así como del medio de comunicación al que pertenezco, he tenido una defensa legal al respecto, lamentablemente por primera vez en mi ejercicio de la comunicación, detendré mis actividades informativas para atender asuntos de esta índole, como parte de un proceso que parece extenderse y ha pasado a cobrar facturas dentro de los diferentes aspectos. Yo he cumplido con mi labor civil, quiero señalar mi compromiso de seguir manteniéndome dentro del profesionalismo”, afirmó por su parte Perla Cota, integrante activa de BCS Noticias.
Los indiciados comentaron a ZETA que hay participación de un grupo político ligado al partido en el poder.
“Aprovecho para hacer responsable de lo que le sucede a mi familia, a mi equipo o a mí, al grupo de personas relacionadas con la carpeta de investigación que hoy se nos quiere imputar”, lanzó Erick Murillo.
De los imputados por violencia política en razón de género, Diego Soto señaló con nombre y apellido a quienes presuntamente están detrás de la militante del PT: “Quiero responsabilizar al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío; al secretario general, Homero Davis Castro; al encargado de la Oficina del Ejecutivo, Omar Castro; al asesor Narciso Agúndez Montaño; al diputado que forma parte como testigo de esta carpeta, Luis Armando Díaz; a la abogada Rebeca Barrera Amador y a la actual secretaria del Trabajo, María Mercedes Maciel Ortiz”.
Y cerró con una reflexión dirigida a las autoridades: “Diferir en pensamiento no debe ser motivo para meter a la cárcel a un periodista”.
EL CASO DE ARLENE MORENO MACIEL
A los periodistas enjuiciados, organismos civiles en defensa de la libertad de expresión les recomendaron agotar la justicia alternativa, esto es, acercarse a la víctima y de alguna manera buscar una salida alterna sin llegar al proceso penal, pero fueron prácticamente bateados.
“Las buscamos, de hecho, tuvimos una reunión en las instalaciones del Partido del Trabajo con la señora que nos denunció y su abogado, que tengo entendido también trabaja en Derechos Humanos. Mi abogado les propuso una estrategia para tocar el tema de que nos habían denunciado, pero no hubo suficiente recepción, incluso, lejos de ayudar a llegar a una solución pacífica, y no llegar a este punto de la instancia penal, aceleró nuestra vinculación a proceso, un día nos sentamos con ellos para llegar a un acuerdo amistoso, y a los pocos días nos notifica el Ministerio Público que tenemos la primera audiencia”, recordó el director de BCS Noticias.
Arlene Moreno Maciel, militante del PT y directora del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Tierra y Libertad”, brindó entrevista a una radiodifusora local, incluso había mencionado que no daría alguna, al verse afectada al grado de tener que guardar silencio.
Reiteró que el trabajo que hicieron los indiciados, para nada es libertad de expresión.
“Lo que hicieron ellos no es libertad de expresión, es violencia política contra la mujer, está en el Código Penal, tenemos que revisar como medios de comunicación el Diario Oficial de la Federación y las reformas que se van haciendo a nuestra Constitución, y esa reforma se dio el 13 de abril de 2020, previo a mi candidatura, tengo derecho a utilizar mis derechos”, apuntó.
Arlene dice no haber sido selectiva con los medios que la ofendieron, sino que fueron “los violentadores”, según los parámetros de la Ley.
Sin embargo, hay medios que manejaron las fotografías de ella semidesnuda, descubiertas, como la que usó BCS Noticias y no fueron incluidos en la denuncia, justo lo que señalaba el director del medio.
“No es que haya sido selectivo, de ‘estos sí, estos no’, simplemente hay parámetros para también al no abuso de esta Ley, de los tribunales y la virtuosidad de la violencia política de género, entonces se indicó que estos dos medios ejercieron tres tipos de violencia. No sólo es la fotografía, son los titulares, es el trato diferenciado con el compañero de Morena, Manuel Cota, de él ni su foto ponen, y a mí, soy el principal escudo de su nota”, sostuvo Arlene Moreno.
El nombre de la ex candidata plurinominal no aparecería en la boleta para ser votada -como su defensa trató de estimarlo ante la FGR-, en busca de reparación del daño.
De hecho, en declaraciones a medios de comunicación en abril de 2021, ella misma reconocía que su postulación era temporal y ya estaba anexada su renuncia, así lo publicó BCS Noticias el 12 de ese mes.
“Mi partido, el día 27 de marzo de este año, me solicitó me presentara como candidata a diputada federal de manera temporal (…) acepté tal tarea, por lo tanto, el día que presenté mis formularios y documentos anexé mi renuncia”, confirmó Moreno Maciel.
Por último, dijo que después de lo sucedido, este último año y medio ha vivido presa por temor, prácticamente en su domicilio:
“Sólo quiero que se reconozca, no para mí, yo ya lo sufrí, yo lo sigo viviendo, yo llevo un año y medio casi viviendo en arresto domiciliario, porque salir de mi casa es un peligro para mí: soy el anuncio de un feminicidio por alzar la voz, yo voy de mi trabajo a mi casa y no salgo, no tengo vida social, no puedo hacer nada por miedo a las repercusiones a todo esto que estoy viviendo. Yo sólo quiero que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos político-electorales sin miedo”.
