Acoso judicial a periodistas de BCS

Fotos: Antonio de Jesús Cervantes G. .- Víctor Castro Cosío, gobernador de BCS desacató instrucción de AMLO en retirar el acoso judicial contra periodistas
Edición Impresa martes, 9 agosto, 2022 12:00 PM

Reporteros señalan temer por su integridad,

por ello solicitaron ayuda del Mecanismo de

Protección a Personas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas. Destaca el

caso de Diego Soto, director del portal Tres

Seis Cinco Mx. “Se ha garantizado la libre

expresión de ideas”, asegura gobernador

Víctor Castro

 “En realidad sí temo que vayan a tomar alguna otra represalia, en vista de que me he defendido de una manera; pues bien, no he dejado que vulneren mis derechos humanos”, reconoció el periodista Diego Soto, director del portal Tres Seis Cinco Mx.

La amenaza para periodistas de Baja California Sur ha regresado y ahora con más fuerza además del temor de represalias, pese a la instrucción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de retirar las denuncias y evitar el hostigamiento judicial que están enfrentando quince comunicadores por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Diego Soto, director del medio digital, reveló que Mitzy Yadira Sánchez López, Agente del Ministerio Público Federal, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, lo requirió para tomar su declaración como imputado por un delito electoral federal. Denuncia interpuesta por Arlen Moreno Maciel, ex candidata por el Partido del Trabajo y actual directora del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Tierra y Libertad” en La Paz.

Soto expresó que están a merced de la autoridad federal, y aunque en su caso su participación no fue lesiva contra la integridad de Moreno Maciel, la autoridad está ejerciendo acoso judicial.

“A esperar a que el Ministerio Público Federal determine si va a ejercer acción penal en mi contra, prácticamente estoy a su merced y a su determinación, lo que él decida, parece que sí va dar pie al tema, derivado a otras situaciones que ya he manifestado de manera previa. Actualmente ya cuento con el Mecanismo de Protección a Periodistas, esto lo recibí hace algunos días y aparte el enlace con corporaciones de Seguridad Pública para cuidar mi integridad”, indicó Diego Soto.

Para los comunicadores sudcalifornianos, es riesgoso ejercer el periodismo en la entidad, sobre todo por la actitud “vengativa” y “resentida” con la cual ejerce el poder el grupo que controla el Gobierno del Estado.

Reconocen que ante la falta de una oposición política, está muy claro el panorama en Baja California Sur, El gobierno del morenista Víctor Castro Cosío ha tomado a los medios críticos como contrincantes políticos en su opaco ejercicio de recursos, señalando en eventos públicos a periodistas como “los preocupados” en la ejecución de obras.

“Particularmente ha sido por las publicaciones que hemos venido realizando, específicamente con tema de uso de recursos públicos, la falta de transparencia en el proceso electoral 2021. Nos tocó hacer público el tema de unos contratos asignados a un proveedor, que fue presentado con bombo y platillo durante el proceso electoral y resultó ser un operador del gobernador y ahora su funcionario público.

Vicente Gerardo Zúñiga Pacheco, director de MetrópoliMx denunció violación a sus derechos humanos, lo llamaron a FGR sin informar su estatus ante la dependencia

“Asimismo, hemos promovido algunas solicitudes de Transparencia de datos muy específicos, en las cuales puedo constatar que hay falsedad de documentos y eso ha generado mucha molestia en los operadores políticos y servidores de primer nivel, que son los que en realidad llevan las riendas del gobierno actual”, lanzó el periodista.

A decir de Soto, su familia también fue blanco de represalias, ya que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) abrió un crédito fiscal sin sustento, con la participación de funcionarios federales a disposición de miembros del Gobierno del Estado y le han enviado emisarios para privar la libertad de expresión en persona y llamada, y ahora el acoso judicial.

 

DESACATO A INSTRUCCIÓN DE AMLO

Recientemente el titular del Poder Ejecutivo federal dijo frente a millones de personas y diferentes medios de comunicación, que en su administración no habría esta clase de abuso de poder, refiriéndose al acoso judicial contra periodistas, respondiendo al cuestionamiento de Julio Omar Gómez Sánchez, comunicador sudcaliforniano con residencia en Ciudad de México.

Éste último fue criticado por el actual gobernador, refiriendo que la pregunta hecha al Presidente de la República fue planteada por un periodista que no reside en BCS, “un infundio y una mala señal que algunos se escuden en un reportero que no vive en Baja California Sur, que aseveren que el gobierno estatal reprime a la prensa y que no existen garantías para el libre ejercicio de esta profesión; la administración que encabezamos no ha demandado a nadie”, sostuvo Víctor Castro.

El 28 de marzo de 2017, Gómez fue atacado a balazos en su domicilio, y en ese hecho perdió la vida su escolta, que le había asignado el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tras abandonar su carrera como periodista en el medio digital 911 Noticias, luego de amenazas en su contra.

A principios de julio pasado, el Presidente López Obrador lanzó la instrucción al gobernador de Baja California Sur:

“Hoy voy a pedirle al secretario de Gobernación, que hable respetuosamente con él (Castro), porque él es libre y soberano, es una autoridad independiente, para hacerle esa sugerencia, esa recomendación (de retirar las denuncias) y que también se vea con las instancias locales de poderes independientes”.

Y aunque está muy clara la mano política en el hostigamiento contra periodistas críticos del gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío, éste negó todo, proclamándose respetuoso de la libertad de expresión.

“Les informo que, en lo que va del presente ejercicio de la administración, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no ha interpuesto la demanda contra algún comunicador o medio de comunicación, por el contrario, se ha garantizado la libre expresión de ideas y lo seguiremos haciendo con absoluta responsabilidad y convicción”, comentó Castro.

Sin embargo, en el actuar es todo lo contrario, quien denunció a quince periodistas recibe recursos del Gobierno del Estado y está comprobado con documentos hechos llegar por la Secretaría de Educación Pública, que Arlen Moreno Maciel es la directora general del Cendi “Tierra y Libertad”, institución descentralizada de educación preescolar que recibe recursos públicos. Entonces, una funcionaria que dirige una institución que recibe recursos públicos, está ejecutando sin recato ni cuestionamiento alguno de quienes ejercen la justicia en sus diversas modalidades, la acción contra periodistas, con el consentimiento del Ejecutivo estatal.

“No pasa nada,  los compañeros, con todo respeto -porque sí le tengo confianza al maestro Víctor Castro-, será que me leen el pensamiento. Le tengo confianza y considero también que es un hombre íntegro, honesto, de convicciones, respetuoso de la libertad. Él viene de la lucha opositora y no va a dejarse seducir por el canto de las sirenas, no va a marearse con el cargo, es un hombre recto. Hay que decirles a los compañeros que tengan la seguridad de que no van a ser perseguidos, ni hostigados, ni censurados, nada de eso. Prohibido prohibir”, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

Al verse exhibido a nivel nacional ante el propio Presidente, el mandatario sudcaliforniano retó a los comunicadores a demostrar que dicen la verdad, que se trata de servidores públicos que están demandando a los quince periodistas. Declaraciones vertidas días después del 7 de junio, fecha en que se conmemora la Libertad de Expresión en México.

“El gobernador retó a que exhibiéramos las denuncias interpuestas por sus servidores, y así lo hicimos, a través de mi plataforma de la cual soy titular, que es Tres Seis Cinco mx, documenté y exhibí que la denunciante y promovente de la denuncia penal, es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública a través de una estancia infantil, hicimos públicos sus datos de cuánto cobra, el tabulador de sueldos, y posteriormente el gobernador salió a minimizar el tema, mencionando que cada quien estaba en derecho de denunciar, lo cual, pues si bien lo menciona, cualquier persona tiene esa razón y ese derecho constitucional; sin embargo, está desacatando la orden y la instrucción del mismo Presidente”, remató el director de Tres Seis Cinco Mx.

Regresa el acoso judicial a 15 periodistas en BCS, fueron imputados por delito penal federal

OPACIDAD EN INVESTIGACIÓN A PERIODISTAS

Por si fuera poco, en la Fiscalía General de la República (FGR) hay total opacidad en el caso de los comunicadores, fueron llamados todos y cada uno de los imputados por el delito electoral y nadie ha tenido acceso a las investigaciones. Saben que hay un delito electoral federal, no así la apertura para defenderse.

Diego Soto acudió a declarar, pues a dichos del Ministerio Público federal, figura dentro de los imputados, pero en sí desconoce el contenido de la investigación, los motivos exactos, sólo lo vertido en medios de comunicación, ya que la autoridad mantiene el caso en lo oscurito.

“Fui notificado el día miércoles que tenía que ir a comparecer, o sea, dos días antes, en calidad de imputado para tomarse mi declaración respecto al caso de Arlen Moreno Maciel,  ya una vez que acudí el día el día viernes, pues me apegué al Artículo 20 constitucional, con el afán o intención de no emitir ninguna declaración y le manifesté al Ministerio Público que me entregara una copia de la carpeta. Esto quedó asentado el día que se me tomó mi declaración, de manera formal el Ministerio Público quedó de entregármelo a la brevedad, incluso que ese mismo día lo podía facilitar; sin embargo, han pasado varios días y no me la han entregado”, informó el periodista.

Vicente Gerardo Zúñiga Pacheco, representante legal y director de MetrópoliMx, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja contra el Agente del Ministerio Público de la FGR, debido a la violación de sus derechos humanos. A su vez, el organismo abrió el expediente: CNDH/PRESI/2022/6087/R el 24 de junio.

A Zúñiga Pacheco le solicitaron información y declaraciones sin lectura de derechos o informando en calidad de qué estaba siendo citado, lo cual derivó en que el 20 de julio la CNDH notificara al Órgano Interno de Control sobre el actuar del servidor público de la FGR, abriendo así la Unidad de Investigaciones el folio AC/385/2022.

La opacidad ya es demasiado sospechosa, directores de otros medios imputados, como BCS Noticias, solicitaron por escrito la carpeta de investigación para saber el incidente y defenderse. La Fiscalía General de la República se negó a entregar lo solicitado.

“Al consultar con otros compañeros involucrados en el mismo tema, que uno de ellos en otro medio, cuando se le notificó sobre su declaración, que tenía que ir a declarar en calidad de imputado, por escrito solicitó una copia de la carpeta, el mismo Ministerio Público le negó la carpeta, y este medio solicitó un amparo, con la intención de que se le informe el contenido de la investigación”, expresó Diego Soto.

Además, las investigaciones y veredictos se hicieron fast track, incluso en el caso de la sanción a través del órgano electoral por violencia política de género, un magistrado cambió su resolución de un día para otro, algo que le pareció muy raro.

“Te puedo informar que (en FGR) se están apegando a las dos sentencias que emitieron por parte de los tribunales electorales, una sentencia que se realizó de manera exprés, y la otra que fue ratificada, en la cual se cuestiona un dato muy importante: el magistrado Pizaña informó que en una audiencia de alegato o audiencia de oreja, como se le llama, cambió su veredicto de un día para otro, lo cual es un derecho constitucional, ¿cómo puedes cambiar tu sentencia y el contenido, aun con pruebas?”, planteó Diego Soto para luego referir “de que hay irregularidades en nuestro caso, las hay”.

Para él, al menos su historia presenta irregularidades al incluirlo en las sanciones, aclaró que desde 2018 ya no pertenece al medio que ejerció las violaciones a la Ley, hechos que se registraron en la elección de 2021, y que no hay pruebas suficientes para decir que escribió la nota. Asegura no tener acceso a ese portal y, aun así, fue sancionado y actualmente imputado ante la FGR por un delito electoral federal.

“Es un dato muy importante y lo he manifestado desde el tema electoral: no trabajo para el medio que es señalado, lo desarrollé hasta 2018,  presenté algunas pruebas y forman parte del expediente, los dominios de quienes tienen acceso al sitio web de metrópoli, lo presentó el titular del medio, quien desarrolló el contenido, la información. De esto yo tuve acceso posterior a la sentencia que emitieron los magistrados, lo raro es cómo pueden emitir sentencias sin tener elementos y pruebas de que un reportero escribió eso. Estamos diciendo que la autoridad se prestó, y tuvo un exceso en su sentencia con la intención de impartir justicia”, finalizó el comunicador.

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