Jaime Bonilla Valdez y el morenismo de Baja California, destrozaron la posibilidad de contar con un Sistema Estatal Anticorrupción eficiente. Marina Ávila Olmeda tampoco ha combatido la corrupción gubernamental
Los gobiernos de las dos entidades que conforman la Península de Baja California son los únicos en todo México que no cuentan con un fiscal especializado en combate a la corrupción, uno de los principales nombramientos para echar a andar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
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Durante su bienio, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, a través de la secretaria de Honestidad, Vicenta Espinosa, hicieron de todo para acabar con este sistema, desde reformas constitucionales hasta abusos de poder.
Empezaron por el gravoso acto de retirarle la independencia a la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente dejarla sin personalidad jurídica ni recursos para operar, con lo que para fines prácticos, nació muerta.
Olga Elizabeth Ojeda Mayoral fue la primera designada fiscal especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California, pero no duró ni un bimestre en el cargo. Renunció por la falta de apoyo -según dijo- del Gobierno del Estado, el cual no le brindó oficinas ni personal para operar. Finalmente se refugió en la Secretaría General de Gobierno dirigida por Amador Rodríguez Lozano, lo que evidenció que no tenía independencia.
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A partir de finales de enero de 2020, Baja California no tiene una institución especializada, por lo que la propia Fiscalía General del Estado (FGE), ahora dirigida por Ricardo Iván Carpio, se encarga de investigar la corrupción gubernamental.
Como resultado, ni los abusos de Francisco Vega de Lamadrid como el contrato con la empresa Seguritech que ofreció servicios a precios inflados, o los signados con empresas que construirían las plantas desaladoras, ni el caso de los moches -en el que Amador Rodríguez Lozano, Cinthya Gissel García Soberanes y Jesús Núñez Camacho pidieron sobornos a cambio de contratos-, hasta ahora el compromiso con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, han tenido resultados.
Todos siguen en la impunidad.
En su primer año, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, no sólo ha desdibujado aún más la independencia de un SEA, sino que ha continuado las acciones de su antecesor, al no sólo dejar acéfala la propia fiscalía, sino que pretende imponer a su próximo titular igual que lo hizo Bonilla Valdez.
Originalmente, cuando el SEA fue estructurado, se planteó que la designación del fiscal se diera mediante una convocatoria abierta en la que cualquier ciudadano pudiera inscribirse, siempre y cuando cumpliera con los requisitos.
Luego de una serie de evaluaciones, los aspirantes serían analizados por diputados y -en teoría- se elegiría al más capacitado de los interesados. Ávila Olmeda decidió mantener el mismo esquema que su antecesor y definir al próximo fiscal mediante la selección de una terna enviada por el propio Poder Ejecutivo.
Así que el Congreso del Estado elegirá dentro de tres opciones de personas afines a Ávila, lo que evidentemente le resta toda la autonomía, tal y como ocurre con el fiscal Carpio, quien se comporta como si fuera parte del gabinete de la gobernadora.
El combate a la corrupción no puede partir de la disposición de un gobierno o de un mandatario, porque sería como el zorro persiguiendo su cola. Por el contrario, debe descansar en instituciones fuertes e independientes que trasciendan por encima de cualquier régimen.
Así las cosas, queda claro que más allá de las contrarreformas amañadas de su antecesor, está claro que doña Marina también está usando su poder para frenar el avance del sistema y siguiendo los criterios morenista. Ofrece más de lo mismo que, históricamente, ha fracasado.
